SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Adelante Andalucía y vocal de la Comisión de Empleo en el Parlamento, María Gracia González, ha reclamado este miércoles que "se lleve a cabo una equiparación real de derechos laborales y de protección social de las trabajadoras de hogar y de cuidados" en Andalucía, sobre todo a raíz de la crisis económica provocada por el Covid-19.
En un comunicado, la parlamentaria de Adelante ha instado a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, a que "se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos", acompañada de "su incorporación efectiva en la normativa interna, estableciendo plazos concretos para su aplicación y respaldada con la dotación presupuestaria necesaria para que pueda implementarse".
Asimismo, esta incorporación "debe ir acompañada de políticas públicas que garanticen los cuidados como derecho básico universal y que aseguren su cobertura con criterios de equidad", según ha explicado la parlamentaria de Adelante.
María Gracia González ha añadido que estas políticas "tienen que impulsar la redistribución de los tiempos de vida laboral y personal para hacer posible una conciliación real", con medidas "concretas y urgentes" para integrar los costes de los cuidados en los domicilios como "prestaciones del sistema público de atención favoreciendo empleos de calidad".
Esta situación "lamentable" en un "sector esencial para la sociedad, y a la vez tan vulnerable por la inexistencia de derechos laborales en pleno siglo XXI, se ha acrecentado por la crisis del Covid-19", según ha incidido González, quien ha agregado que el colectivo ha saludado el reconocimiento del subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar, pero "se queda muy corto".
Así, muchas de estas trabajadoras dejaron de cobrar su salario desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, pero, según ha aclarado la diputada de Adelante, el subsidio para las trabajadoras de hogar que estuviesen de alta en la Seguridad Social se creó el 1 de abril, y las solicitudes pudieron presentarse a partir del 5 de mayo, y a eso hay que unir que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene tres meses para resolver desde la fecha de cada solicitud. "Con suerte, el subsidio se empezará a abonar en septiembre", ha explicado en ese sentido.
La diputada de Adelante ha apuntado también que a eso hay que añadir que "un porcentaje elevado de trabajadoras del hogar no están dadas de altas" en la Seguridad Social, "porque la Inspección de Trabajo ha negado su existencia". Ello se traduce en que "no van a recibir ninguna ayuda y supondrá volver a trabajar sin contrato para subsistir, con lo que la situación vuelve a repetirse interminablemente y se hace determinante atajarla de una vez", según ha apostillado.
FORMACIÓN PARA PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD EN EL TRABAJO
González ha subrayado que, "a pesar de que el empleo de las trabajadoras de hogar es el único que queda fuera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente, eso no las excluye del derecho a la salud".
Así, "los riesgos del trabajo de cuidados dentro del hogar están reconocidos cuando el trabajo se realiza para una empresa de ayuda a domicilio", explica, para detallar que estos riesgos "se multiplican cuando la relación laboral es de contrato de trabajo doméstico, debido a la especial situación de subordinación que se crea en el contrato privado".
Por todo ello, "la Junta debe promover la formación de la parte empleadora y trabajadora en esta materia", poniendo a su alcance la formación y los medios técnicos necesarios para "evitar sobreesfuerzos y acciones de riesgo". Además, debe servir para "controlar el resto de situaciones que derivan en dolencias psíquicas" como acoso moral, sexual y maltrato de toda clase, entre otras, así como las dolencias derivadas "de la falta de descanso", según ha continuado.
"No hay que olvidar --según ha insistido la diputada de Adelante-- que es el único sector en el que la empleadora que ordenó una operación peligrosa", como limpiar por fuera cierto tipo de ventanas o pasar un paño con amoniaco en un baño sin ventilación, "no estará obligada a pagar un recargo sobre las prestaciones de Seguridad Social de la trabajadora dañada por su orden imprudente, como si se les aplica a las empresas".
