SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Agentes sociales han comparecido este lunes en la comisión de Educación del Parlamento de Andalucía y han valorado el proyecto de Ley de Formación Profesional como "instrumento clave" y han reclamado una financiación suficiente para su desarrollo.
De esta forma, CSIF Andalucía ha valorado el Proyecto de Ley de Formación Profesional, por ayudar a la consolidación de esa modalidad educativa en Andalucía, pero ha requerido más "precisión y claridad" sobre la normativa que regirá a los docentes de la FP.
Así, el presidente del sector de educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, ha reclamado más datos en lo referente a la organización y enseñanzas a impartir, "que están creando preocupación, temores e incertidumbres en los docentes andaluces, vitales para el desarrollo de este Proyecto de Ley y de la educación pública en Andalucía".
Por ello, ha anunciado que desde CSIF-A se va solicitar a la Consejería de Educación "un acuerdo de garantías para evitar, si fuera el caso, perjuicios al profesorado en sus condiciones laborales como consecuencia de la aplicación de la futura Ley".
De igual modo, ha reclamado la presencia de las organizaciones sindicales en el Consejo Rector del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, aunque ha criticado que sus funciones sean similares a las del Consejo Andaluz de Formación Profesional, "por lo que no alcanzamos a comprender la existencia de dos órganos de tanta similitud con la carga presupuestaria y la burocratización que conlleva".
Por último, Hidalgo ha pedido una apuesta "conjunta del Parlamento, del Gobierno y de la sociedad andaluza para la lograr una FP que cree empleo, basada en el modelo dual que impera en Europa".
SUGERENCIAS DE CCOO
El secretario de Política Institucional y Coordinación de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha señalado que el proyecto de Ley de Formación Profesional es un "elemento básico para mejorar la empleabilidad de la población andaluza, y para la generación de un nuevo tejido productivo
sostenible".
Para CCOO, la puesta en marcha de esta Ley, "que llega con tres años de retraso desde que se presentó el primer borrador", tiene que ser "la oportunidad para que la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) recupere las competencias.
En opinión del sindicato, la gestión conjunta en un mismo organismo de todas las PAE puede garantizar más eficacia en el diseño y desarrollo del itinerario individual y personalizado de empleo.
Blanco ha destacado como aspectos negativos del proyecto de Ley, que esta adolezca de recursos suficientes para que tanto la Formación Profesional del sistema educativo como para el empleo puedan desarrollarse con eficacia. "Reclamamos una dotación presupuestaria suficiente, estable y equitativa que garantice el cumplimiento de los objetivos previstos".
Igualmente, el sindicato ha pedido que se recupere el capítulo de infracciones y sanciones administrativas, existe en borradores anteriores y que se habilite un plazo para el desarrollo reglamentario de la Ley".
UGT-A: CONSEJO RECTOR VINCULANTE
Por su parte, el sindicato UGT-A ha considerado de "vital importancia" en Andalucía una norma que regule la Formación Profesional, como la que cuentan ya otras comunidades autónomas. "El proyecto lo consideramos positivo, en su conjunto, como herramienta para rebajar las altas tasas de desempleo y tratar de equiparar la formación de nuestros jóvenes y trabajadores en formación continua, a los retos sociales y tecnológicos que plantean las nuevas tecnologías", ha señalado.
Sin embargo, hay varios aspectos que ha considerado "mejorables". En este sentido, considera que debe quedar claro en las competencias del Consejo Rector, que "debe ser colegiado y vinculante en sus decisiones, y no meramente consultivo. Tampoco entendemos que en el Proyecto de Ley se haya suprimido la composición expresa de los miembros del Consejo".
Además, UGT-A entiende que debe volverse a incluir en el texto, al igual que aparecía en anteriores borradores, el capítulo de infraccciones y sanciones administrativas sobre irregularidades en la admisión del alumnado, para garantizar el cumplimiento de las normas.
Por último, ha considerado "fundamental" que, como aparecía en el anteproyecto, se establezca un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, para la puesta en marcha del sistema permanente para el acceso, asesoramiento, evaluación y certificación de competencias profesionales".
ATA PIDE RECONOCER SUS FUNCIONES
Por su parte, el director de formación de ATA, José Luis Perea, ha criticado que "no se ha aprendido de ejemplos anteriores en esta materia muy recientes" al no tener en cuenta las funciones que ofrecen las organización de autónomos en el nuevo modelo formativo, que son la detección de necesidades formativas para los autónomos, el diseño y la planificación de acciones formativas y de difusión.
"No se tiene en cuenta esto, lo que hará que las organizaciones de autónomos seguiremos ofreciendo formación que no interesa al colectivo ni servirá para mejorar su competitividad", ha explicado Perea, quien ha apuntado que estas funciones "ya las contempla la ley nacional", por lo que no entiende como "aquí no".
Así, ha dicho que los autónomos "no están contentos con este error de bulto" que viene a "dilapidar" una serie de derechos que ya tienen reconocidos a nivel nacional. De esta manera, ha indicado que irán al Contencioso Administrativo para solventar este tema.
MÁS CONEXIÓN CON LA EMPRESA, PIDE LA CEA
Por su parte, la responsable de Formación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Reyes Gómez Calderón, ha reclamado también una financiación "suficiente" para dicha norma, sobre el que cree además que "hay que incidir en el origen de los fondos" que deben tener, a su juicio, un carácter "finalista" en el caso de la formación profesional para el empleo (FPE), que se debe "consagrar".
Cree que dicho carácter finalista "debe asegurarse a lo largo del desarrollo de esta ley", de forma que considera que "el sistema debe tener recursos suficientes para cumplir los objetivos marcados".
"Es necesario que la ley tenga suficiente estabilidad financiera, pues nos estamos jugando la competitividad", ha aseverado esta portavoz.
Gómez Calderón ha resaltado que los modelos educativos "deben tener la perspectiva de las empresas, que actuarán como receptoras de recursos humanos y además asumen cada vez mas responsabilidades en procesos formativos y educativos, al ser además generadoras de nuevos perfiles".
La CEA cree que la nueva ley de FP "requiere de consenso amplio y sólida perspectiva", ante lo que considera que esta norma "adolece de cierta falta de previsión en la presencia de la empresa". Por ello, aboga por "integrar el papel de las empresas en la formación practica, concretar y detallar en la norma el papel que la empresa desempeñe".
"La Ley es poco permeable a la realidad práctica de los productos productivos, y hay que cumplir con las aspiraciones de conexión con las empresas", ha aseverado esta portavoz, que lamenta que la norma "esté originada desde el sistema educativo y alejada del entorno productivo, con lo cual es insuficiente". A su juicio, "si no se contempla ello, es difícil que en el desarrollo se reenfoque a los entornos productivos".
La CEA, que se ha mostrado de acuerdo con elementos de participación y gobernanza, como el consejo rector, cree que la ley "podía haber sido más ambiciosa". Asimismo, ha efectuado consideraciones específicas sobre el articulado, como pedir que en el caso de la cualificación profesional de los ocupados, ésta no esté vinculada la formación ni sea prioritaria la obtención de certificados de profesionalidad "pues en muchos casos los ocupados no ven reflejada su actividad en esos certificados".
