MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, afirmó hoy que el acuerdo al llegaron ayer PSOE e IULV-CA sobre el capítulo de financiación que se incorporará al nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía es "extraordinariamente positivo" por sus contenidos, y destacó su deseo de que PA se sume al pacto.
En declaraciones a Europa Press tras la presentación de la obra 'El gran libro de la red de juderías', Aguilar explicó que IU, "desde su responsabilidad", ha llegado a un consenso con el PSOE "extraordinariamente positivo" por sus contenidos y que, a su juicio, marcará pautas y puntos de referencia para otras comunidades.
La alcaldesa subrayó que el objetivo de su partido siempre ha sido el de "aportar en positivo", construir para su comunidad "y para los demás y estar siempre abiertos para dialogar", y afirmó que la reforma del Estatuto debe ser fruto del consenso de los distintos grupos del Parlamento andaluz.
En este sentido, Aguilar respondió que "ojalá" el Parido Andalucista se sume a los acuerdos alcanzados por PSOE e IULV-CA para "contribuir juntos a la construcción de un Estado donde la solidaridad sea un elemento esencial y fundamental".
Por último, recordó que estas negociaciones entre los dos partidos son "para la búsqueda de algo que es necesario para el pueblo andaluz" y reiteró que el consenso al que han llegado ambas formaciones políticas es "sin duda" un buen acuerdo para Andalucía.
Este pacto significa la incorporación de una Disposición Adicional X, en la que se especifica que la inversión destinada a Andalucía por parte del Estado sea "al menos equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado".
Asimismo, se especifica que el gasto de inversión del Estado con destino a Andalucía deberá garantizar de forma efectiva el equilibrio económico territorial, en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 138 de la Constitución española.
El acuerdo implica, además de esta cláusula que garantiza la inversión del Estado, incorporar al Estatuto andaluz un punto en el que se concreta que el Estado "fijará las asignaciones del Fondo de Compensación Interterritorial sobre un porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) igual al que se considere para determinar los fondos estructurales europeos".
