ARMILLA (GRANADA), 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Armilla (Granada), Gerardo Sánchez (PSOE), se ha mostrado "optimista" en cuanto a una posible reapertura del Centro Comercial Nevada y ha considerado que "en unos meses" podrá encontrarse una solución para que puedan reiniciarse las obras, paralizadas totalmente por orden judicial desde abril de 2007.
En ese sentido, tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que sólo ordenaba la demolición de 1.446 metros cuadrados de los 275.000 que suponen la totalidad del proyecto, el Ayuntamiento de Armilla, la Junta de Andalucía y el promotor de la obra, Tomás Olivo, mantienen conversaciones para posibilitar la puesta en marcha del Centro, que, según cálculos municipales, podría crear más de 2.500 puestos de trabajo.
Sánchez ve no obstante "arriesgado" afirmar que el Nevada pudiera abrir sus puertas para la Navidad de 2011, como ha afirmado Olivo en una entrevista publicada en prensa, aunque este extremo es "una cuestión exclusiva del promotor". "El Ayuntamiento de Armilla lo que puede hacer es lo que estamos haciendo, que es colaborar para que pueda ser realidad un proyecto que creará empleos en un momento de crisis como el que nos encontramos", ha mantenido el alcalde en declaraciones a Europa Press.
Para el primer edil, el fallo del Juzgado, que ya ha sido recurrido por varias acusaciones particulares y la Fiscalía de Granada, ha supuesto "una inyección de optimismo para la economía local y especialmente para aquellos vecinos que se encuentran desempleados".
El Juzgado de lo Penal 3 de Granada condenó a siete meses de prisión y a siete años de inhabilitación especial para cargo público al ex alcalde de Armilla, el socialista José Antonio Morales Cara, y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate por un delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de licencia del Nevada, "a sabiendas" de que incurría en "irregularidades".
Los dos responsables políticos fueron sin embargo absueltos de los otros dos delitos que se le imputaban --otro de ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y el de infidelidad en la custodia de documentos públicos--. Ambos se enfrentaban inicialmente a un total de tres años y cuatro meses de prisión, 20 de inhabilitación y 10.800 euros de multa, que era lo que solicitaba para ellos la Fiscalía de Granada.
LA SENTENCIA, RECURRIDA POR DEFENSAS Y ACUSACIONES
El promotor de la construcción, Tomás Olivo, fue condenado a siete meses de prisión, a inhabilitación especial para la profesión de promotor inmobiliario por el mismo periodo, y a una multa de 7.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción en espacios verdes de una parte del edificio, que tendrá que ser derribado parcialmente, corriendo los gastos de demolición de su cuenta.
El resto de los acusados --los cuatro concejales que votaron a favor de la concesión de la licencia, dos arquitectos y dos abogados-- fueron por otra parte absueltos de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por los que habían sido procesados.
En cuanto a los posibles derribos, el juez ordenaba en su sentencia la demolición de una mínima parte del edificio, de apenas más de 1.400 metros cuadrados, en el suroeste, y de la parte de zona verde que invadieron las escaleras de emergencia (si bien éstas ya fueron retiradas) de un total de 275.000 construidos.
En el fallo, de 145 páginas, el magistrado consideraba "legalmente inviable" la petición de demolición total o parcial efectuada por la Fiscalía y alguna de las acusaciones, porque ésta tenía que estar relacionada con la ilicitud de las autorizaciones administrativas otorgadas, que sólo se le imputa a Morales Cara y Cañavate.
Todas las partes, incluidas las defensas de los acusados, la Fiscalía y el resto de acusaciones particulares --PP, Los Verdes y Ecologistas en Acción--, anunciaron tras conocer el fallo que presentarían recurso ante la Audiencia de Granada.
