GRANADA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), solicitará al Gobierno la mejora de los tipos de interés aplicados a las demoras en las operaciones comerciales que tienen los municipios españoles de acuerdo con la legislación vigente para acabar así con el "interés abusivo del 8 por ciento" que está impidiendo pagar a muchos proveedores.
Realizará esta petición a través de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, y a través de los canales establecidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según informa en una nota el Ayuntamiento.
"En un entorno de tipos de interés bancarios muy bajos, el mantener un tipo de interés de demora en operaciones comerciales del 8 por ciento se muestra leonino, máxime cuando a un ayuntamiento como el de Granada que cumple olgadamente todas las magnitudes presupuestarias salvo las referidas a Tesorería se nos prohíbe el endeudamiento a largo plazo para pagar a proveedores", ha señalado Luis Salvador.
De acuerdo con las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establecidas en España, y en cumplimiento de la obligación de publicar semestralmente en el Boletín Oficial del Estado el tipo legal de interés de demora, este tipo está fijado en la actualidad en el 8%, porcentaje que se viene repitiendo para estas operaciones desde hace ya varios años, con la consiguiente repercusión negativa en las cuentas municipales de muchos municipios como el de Granada.
El estudio realizado por las áreas económicas del Ayuntamiento de Granada pone de manifiesto la "grave incidencia" de esta medida, puesto que "como consecuencia de la elevada deuda comercial heredada, existen numerosas empresas proveedoras de bienes y servicios que reclaman su derecho a percibir ese elevado tipo de interés al Ayuntamiento tras las correspondientes reclamaciones legales, que afectan a la capacidad de poder solventar el principal problema del consistorio, es decir, la reducción del periodo medio de pago a proveedores".
A este respecto, el Ayuntamiento de Granada destaca que cumple escrupulosamente los ratios (entre otros) de estabilidad presupuestaria, de regla de gasto y de nivel de endeudamiento, siendo el PMP el único valor negativo destacable.
Según ha manifestado el concejal de Economía, Luis González, el que el tipo de interés de demora en operaciones comerciales esté fijado en el 8 por ciento respecto del propio interés legal del dinero, que está fijado en el 3 por ciento, supone que el Ayuntamiento de Granada está pagando un sobre tipo de 5 puntos porcentuales, algo que está incidiendo de manera evidente e importante en la disminución del PMP en una cuantía suficiente para alcanzar lo más pronto posible el límite legal.
Así, por ejemplo, se ha pagado (como consecuencia de las reclamaciones de algunas destacadas empresas proveedora de servicios) por encima del interés legal en 2019 un importe total de 1.822.732,06 euros, cantidad que hubiera podido ser destinada precisamente al pago de facturas del resto de proveedores, facilitando de esa manera una mejor liquidez al conjunto de la estructura económica granadina.
En este sentido, hay que hacer constar que el Ayuntamiento de Granada ha reconocido intereses por demora en operaciones comerciales por un importe total de 2.916.371,29 euros durante 2019 como consecuencia, precisamente, de esa elevada histórica deuda a proveedores.
Como ha indicado el alcalde de Granada -miembro de la junta de gobierno de la FEMP-, la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP tiene como objetivo principal el "establecer los medios y mecanismos necesarios para la efectiva realización del principio de suficiencia financiera de las Entidades Locales españolas".
Así, el trabajo que se desarrolla en el marco de esta Comisión se orienta a desarrollar tanto las Resoluciones aprobadas en materia de Financiación de las Corporaciones Locales, como los acuerdos del Consejo Territorial y de la Junta de Gobierno y a impulsar cuantas actuaciones sean precisas para garantizar el principio de suficiencia financiera.
