Sevilla, con 63,51 días, es la única gran ciudad del país que registra en febrero un periodo de pago superior a los 60 días
SEVILLA/MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Andalucía ha destacado como la segunda comunidad autónoma que cuenta con un menor periodo medio de pago a proveedores (PMP) en el mes de febrero de 2018, por detrás de País Vasco y superando a Navarra, según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Así, la comunidad andaluza no necesitó los 30 días de plazo que otorga la normativa para hacer frente a las facturas de sus proveedores y se adelantó 2,76 días de media a la fecha en que estos 30 días empiezan a contar, ya que la administración dispone de un margen de 30 días para recibir la factura y otros 30 días para pagarlas.
De esta forma, el periodo en el que Andalucía paga a sus proveedores se ha situado sólo por detrás de País Vasco, que se ha adelantado 7,87 días a los 30 días de plazo que otorga la normativa para hacer frente a las facturas de sus proveedores, mientras que Navarra se ha adelantado 2,11 días a ese plazo de 30 días.
De esta forma, la ratio de período medio de pago en el caso de las operaciones pagadas se cifra en Andalucía en -10,67 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se cifra en 7,21 días.
En cuanto a las principales ciudades españolas, Sevilla tiene un período medio de pago de 63,51 días, siendo ésta la única gran ciudad del país que registró en febrero un periodo de pago superior a los 60 días, mientras que Málaga se sitúa por debajo de los 30 días, en concreto 0,54 días menos que ese plazo establecido.
DATOS NACIONALES
A nivel nacional, las comunidades autónomas pagaron en febrero a sus proveedores en 15,7 días, 0,70 días antes que en enero, según los datos del periodo medio de pago (PMP) que registra el Ministerio de Hacienda, que señala además que es la segunda mejor cifra desde que empezó la serie en septiembre de 2014.
Desde diciembre de 2016, las autonomías en conjunto pagan de media a sus proveedores por debajo de los 30 días, el plazo máximo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pese a los buenos resultados medios, en febrero se produjeron excepciones: superaron ese límite de días Cantabria (57,84 días), Murcia (34,54 días) y la Comunidad Valenciana (35,03 días), al igual que en el pasado mes de enero.
En cuanto a las corporaciones locales, las entidades de cesión
presentan un periodo medio de pago (PMP) de 67,57 días. En concreto, frente a enero de 2018 el aumento es de algo más de nueve días. De las 147 entidades que han presentado información, 110 cumplieron en febrero con el plazo legal, lo que quiere decir que el 73,34 por ciento se situó por debajo de los 30 días.
Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), que representan entorno al 14 por ciento de las entidades que dan información a Hacienda, el plazo de pago se sitúa en los 13,94 días. Según Hacienda, se confirma la estabilidad histórica del PMP entres los 13 y los 15 días.
De las principales ciudades del país, solo una registró en febrero un periodo de pago superior a los 60 días (Sevilla, 63,51 días) y otra más pasó de los 30 Palma de Mallorca (39,82 días).
BAJA LA DEUDA COMERCIAL
Hacienda también ha informado de que la deuda comercial de las comunidades autónomas se ha reducido en 143,12 millones en febrero, lo que supone una disminución del 2,71 por ciento con respecto al mes anterior, situándose en 5.142,19 millones de euros, equivalente al 0,42 por ciento del PIB nacional.
En conjunto, desde 2012 y hasta febrero de 2018, las 14 comunidades que suscribieron un plan de ajuste han reducido su deuda comercial (en términos homogéneos) un 81,63 por ciento. El dato de este mes de febrero marca además el menor volumen de deuda comercial comunicado desde el inicio de la publicación de la serie, en septiembre de 2014.
Respecto a la deuda no financiera, disminuyó en febrero en 261,10 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,67 por ciento con respecto al mes de enero, hasta situarse en 9.501,56 millones, equivalente al 0,83 por ciento del PIB nacional (sin considerar al País Vasco). Al igual que en el caso de la deuda comercial, el dato supone el menor volumen de deuda no financiera comunicado desde que empezó este registro.
