SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los fiscales anticorrupción, durante la continuación de la lectura de su informe final en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, han manifestado que las "ansias de rapidez y agilidad" hizo que la Junta creara un sistema de concesión de subvenciones excepcionales "totalmente opaco" y que "eliminó todos los mecanismos de control".
El fiscal Juan Enrique Egocheaga, una vez que ha sustituido en el uso de la palabra a su compañero Manuel Fernández, ha expuesto en la sesión de este lunes que, entre los hechos probados, está que "durante diez años" se utilizó "un sistema de concesión totalmente opaco al común conocimiento de los ciudadanos y al conocimiento y control de la Intervención General de la Junta".
Se creó, a su juicio, lo que, según un acusado, fue "un procedimiento específico" para conceder las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis por parte de la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, cuyos fondos eran allegados al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación para el pago de las mismas.
El Ministerio Público en un recorrido por los antecedentes ha señalado que durante la década de los 90 del siglo pasado y teniendo en cuenta la situación de crisis económica y empresarial que vivía Andalucía, el Gobierno autonómico estableció un sistema de concesión de subvenciones excepcionales a trabajadores, sometido a fiscalización previa, con exigencia de solicitud previa o tramitada por funcionarios, entre otras características.
Si bien, ha aclarado que las conocidas órdenes ministeriales de 1994 y 1995, normativa aplicable según algunas defensas, no tuvieron desarrollo propio en la comunidad andaluza.
En el año 2000, los reparos de la intervención delegada en la Consejería de Empleo a las ayudas sociolaborales a siete trabajadores de Hijos de Andrés Molina --que no consta que se llegara a pagar-- suponían un retraso para la agilidad con la que se pretendía responder ante las diferentes crisis empresariales y sociolaborales.
"DECISIÓN POLÍTICA"
Entonces hubo "una decisión política" para conseguir la "pretendida agilidad y rapidez" en la concesión de las ayudas sociolaborales, que se llevó a cabo "eliminando todos los mecanismos de control legalmente establecidos".
Y es que, según los fiscales, "las ansias de agilidad y rapidez trastocó todo el sistema legalmente establecido" para la concesión de las subvenciones excepcionales que se venía utilizando con anterioridad al año 2000.
En este sentido, ha indicado que con la modificación presupuestaria aprobada en abril del 2000 por la que se pasaba del concepto presupuestario subvenciones excepcionales a transferencia de financiación para allegar fondos a IFA/IDEA para el pago de las ayudas "los encausados deciden" establecer "un sistema nuevo" para conseguir esa agilidad y rapidez.
"¿Hacía falta cambiar la presupuestación?", se ha preguntado el fiscal, respondiendo a que "legalmente no hacía falta, pues se estaba usando la partida presupuestaria --subvenciones excepcionales-- adecuada y con fiscalización previa".
Así, se modificaba la manera de presupuestar la financiación de las ayudas concedidas con cargo al programa presupuestario 22E, posterior 31L, trasvasando los fondos de Empleo a IFA/IDEA a través de una modificación presupuestaria en la que "nada se decía de que era para subvenciones ni sobre los destinatarios", que ya no se conocían.
Además, a este respecto, ha indicado que la fiscalización previa de los expedientes de gastos de las transferencias de financiación no tienen que acreditar el destino final de los fondos.
Tras este cambio en la forma de presupuestar, llegó en julio de 2001 la firma del convenio marco entre el consejero de Empleo de entonces, José Antonio Viera, y el presidente del IFA y viceconsejero del ramo, Antonio Fernández, en virtud del cual se encargaba al ente la única misión concreta de pagar el importe de las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo.
Volviendo al uso de las transferencias de financiación, la Fiscalía ha comenzado afirmando que la prueba pericial ha "ilustrado" a la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, al tiempo que ha hecho suyo el posicionamiento de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), quienes defendieron que las transferencias sólo podían usarse para cubrir pérdidas del ente público y equilibrar las cuentas. "Tienen como finalidad financiar actividades de la entidad", ha añadido la Fiscalía.
"No se debió utilizar ni consentir el uso de las transferencias de financiación" en este caso, ha señalado el Ministerio Público.
De otro lado, ha descartado la posibilidad de una doble fiscalización como exponen algunas defensas, pues el interventor delegado no contaban con un documento contable ligado al expediente de subvención ya que todos los fondos eran traspasados de forma global a través del expediente de transferencia de financiación.
Al hilo de esto, ha manifestado que tampoco era posible la fiscalización de las ayudas en sede de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA porque toda la documentación "obraba" en la Dirección General de Trabajo. "No era posible la fiscalización de las ayudas y era conocido por los directores generales de Trabajo y de IFA/IDEA y por los viceconsejeros y consejeros de Empleo, Innovación y Hacienda", ha asegurado el fiscal.
DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN IDEA Y CONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO
Previamente, al inicio de la sesión, el fiscal Manuel Fernández ha indicado que ha quedado "plenamente acreditado" que la Dirección General de Trabajo, con "conocimiento de los encausados", contrajo "frente a terceros (empresas, sindicatos, trabajadores, aseguradoras,...) obligaciones de pago sin la necesaria cobertura presupuestaria", que supuso "un déficit presupuestario en las cuentas de IFA/IDEA", encargada de pagar las ayudas.
"Nada hicieron --los encausados-- ante el déficit presupuestario, debiendo actuar en virtud de la Ley General de Hacienda Pública", según la Fiscalía, que ha apuntado este déficit o desfase como "consecuencia" del uso "fraudulento" de las transferencias de financiación porque se "omite" la fiscalización previa.
"Fue algo detectado y comunicado por la Intervención General de la Junta", ha añadido, precisando que fue "recurrente" en informes de cuentas anuales de IFA/IDEA e informes de auditoria externo de este ente, desapareciendo de éstos por las cartas del viceconsejero de Empleo Agustín Barberá en las que se comprometía a reducir y eliminar este déficit. Pero "Empleo no hizo nada hasta el ejercicio de 2010", ha asegurado el fiscal.
Sobre el supuesto conocimiento del Parlamento del programa 31L y de que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas e IFA/IDEA pagaba, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha asegurado que "no encontramos documento que diga que IFA era mera caja pagadora". "Algo tan sencillo como decir que IFA pagaba no lo encontramos".
"Por materialización de ayudas un lector puede entender que IFA concedía, gestionaba y pagaba las subvenciones", ha advertido. Sobre las enmiendas al programa 31L y por ello el "suficiente" conocimiento de los parlamentarios del mismo que alegan las defensas, la Fiscalía ha indicado que nada dicen en su texto del papel de IFA.
"Manuel Gracia, expresidente del Parlamento, testificó que nunca supo que la Dirección General de Trabajo concedía ayudas con el 31L y que IFA pagaba", ha expuesto.
