SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La exparlamentaria del Grupo Socialista desde el año 2000 hasta 2015 y actual secretaria general de Relaciones con el Parlamento de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, Antonia Moro, ha asegurado que el Parlamento "no podía conocer bajo ningún concepto" el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y que concedía la Dirección General de Trabajo y las pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Moro, que fue portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda entre 2004 y 2008, ha declarado como testigo este lunes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a afectados trabajadores por ERE y directas a empresas en crisis entre los años 2001 y 2010.
Al inicio de su declaración Moro ha señalado que "no le cabe duda" de que con la lectura de la memoria del Presupuesto y la ficha presupuestaria se tiene un "conocimiento explícito y claro" de los objetivos del programa presupuestario 31L y su modo de gestyión. "Es lo que se desprende de la memoria. Basta leerla para conocerlo", ha añadido.
En este sentido, añadió que "basta leer la memoria para decir que había un conocimiento claro en el Parlamento de que quien concedía las ayudas era la Dirección General de Trabajo e IFA/IDEA las pagaba". "A mí no me cabe duda", ha insistido.
Además, ha considerado "atrevido" decir que el Gobierno andaluz pudo inducir a engaño a los parlamentarios con el programa 31L, pues, a su juicio, "decir eso es decir que los diputados no tienen capacidad de discernir lo que hacían. Nada más lejos de la realidad".
A pesar de esto, más tarde, Moro ha asegurado que el Parlamento "no podía conocer el procedimiento de concesión de las ayudas de los ERE". Esta contradicción ha sido objeto de preguntas por el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, y el Ministerio Fiscal para cerrar la declaración de la exviceconsejera de Empleo entre 2015 y 2016.
La abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo le ha preguntado a Moro por la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento, de la que la exdiputada participó, y las conclusiones, entre las que han destacado, que IFA/IDEA había recibido el encargo de materializar el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre Empleo e IFA/IDEA, por el que el ente materializaría el pago de las ayudas con fondos del programa presupuestario 31L que la Dirección General de Trabajo le allegaría a través de transferencias de financiación, herramienta de presupuestación que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previa de estas subvenciones.
El Ministerio Fiscal le ha expuesto a Moro una de las conclusiones del dictamen ponencia síntesis del presidente de la comisión, Ignacio García (IULV-CA), en la que señala que "la pretensión de que la información que sobre el Programa 31L --escasa, confusa y errónea- permitía al Parlamento conocer lo que estaba pasando es insostenible. Difícilmente puede argumentarse que el Parlamento conocía lo que pasaba y que por tanto lo estaba legitimando aunque fuera de manera pasiva. Es evidente que el Parlamento no podía saber nada". Una conclusión no fue objeto de enmienda por ningún grupo.
Moro, que ha señalado que el dictamen ponencia síntesis recogía lo que el presidente de la comisión creía que debía recoger de cada grupo, ha indicado que este párrafo se refiere a que el Parlamento "no podía conocer el procedimiento de concesión de ayudas, no puede conocer cómo el Ejecutivo autonómico tramita el procedimiento de concesión".
Finalmente el Pleno del Parlamento de Andalucía, tras debatir el dictamen de la
Comisión de Investigación, con los votos particulares de PP-A e IULV-CA, rechazó el dictamen con 47 votos a favor, 61 votos en contra y ninguna abstención.
EL TRIBUNAL PIDE A LA TESTIGO ACLARAR DECLARACIONES
Esta respuesta ha suscitado que el fiscal y el presidente del tribunal insistan a la testigo para que aclare sus declaraciones. Así, la Sala ha planteado a Moro que, tras exhibición de una memoria presupuestaria y una ficha, ha dicho que "quedaba claro que el Parlamento conocía que las ayudas las concedía la Dirección General de Trabajo y las pagaba IFA/IDEA" y después "que no conocía el procedimiento".
"De las memorias se deduce claramente que había un procedimiento, en virtud del convenio marco, por el que la Dirección General otorgaba las ayudas y el IFA las pagaba. Con independencia de esto, los parlamentario no conocían la tramitación de las ayudas, el procedimiento concreto no se podía conocer", ha intentado matizar.
El presidente de la Sala le ha expuesto una memoria presupuestaria y una ficha y le ha preguntado si su contenido lo dice con exactitud. "Yo infiero del contenido, pero no lo dice con exactitud", ha aclarado, al tiempo que "se infiere que la Consejería, a través de las transferencias de financiación del 31L a IFA, paga las ayudas".
"¿Pero no se dice por escrito que las ayudas las da la Dirección General de Trabajo?", ha preguntado el tribunal, a lo que Moro ha respondido que "no". "Se supone porque es una actividad contenida en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo, el uso de transferencias para pagar las ayudas", ha explicado.
"Es lo que interpreto y lo tengo claro", ha añadido al respecto ante la insistencia del tribunal para que aclarara sus manifestaciones.
En este sentido, ha señalado que los miembros del Consejo de Gobierno que eran parlamentarios "también" conocían la existencia de las ayudas sociolaborales y a empresas, añadiendo que con los documentos que acompañan los presupuestos tienen que conocer "lo mismo" que los parlamentarios.
LAS TRANSFERENCIAS, SIN DEFINICIÓN LEGAL HASTA 2013
De otro lado, Antonia Moro ha explicado que, hasta la inclusión del artículo 85 Bis de la Ley de Hacienda Pública, "no existía definición concreta legal de las transferencias de financiación, sino que había estado dispersa". Aunque se incluía en las leyes de Presupuestos, "no se definía". "El destino y la finalidad venían recogido en los Presupuestos", ha precisado.
La Ley de Hacienda "dice lo que dice", las transferencias hay que utilizarlas para la finalidad autorizada por el Parlamento en la Ley de Presupuestos, hasta el punto de que si IFA/IDEA usa el dinero para otro fin "hubiera vulnerado la legalidad".
Sobre la fiscalización previa, ha afirmado que "desconoce" que haya una norma que prohíba la fiscalización previa del gasto.
Según Moro, los agentes sociales y la patronal, conocían el Presupuesto de la Junta y por tanto la existencia del programa de ayudas, por lo que ha rechazado que fueran "opacas o inaccesible". "Para nada, estaban claramente en los presupuestos", ha expresado. "Las ayudas son pública desde el momento que los Presupuestos se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)", ha añadido.
Entre otras cuestiones, ha indicado que el Tribunal de Cuenta, en los procedimientos abiertos para investigar la posible responsabilidad contable en la concesión de las ayudas de los ERE, "ciñe la responsabilidad en al órgano que gestionaba la ayuda, la Dirección General de Trabajo, y excluye a quien es medio de pago, IFA/IDEA".
Tras Antonia Moro ha declarado como testigo Juan del Río Sánchez, quien fuera coordinador y subdirector de la Dirección General de Presupuestos de la Junta entre el año 2002 y 2009, quien, como destacable, ha dicho que las transferencias de financiación tienen "por objetivo cumplir la finalidad del programa presupuestario".
