SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Antonio Ávila, exconsejero de Presidencia y de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta, ha señalado este martes que los parlamentarios tenían información "más que suficiente" para conocer el programa presupuestario 31L con el que se pagaban las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, su proyecto y su ejecución.
Ávila ha declarado como testigo este martes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis de los ERE irregulares entre los años 2001 y 2010, estando acusados de delitos de prevaricación y malversación.
El exconsejero de Presidencia (2009-2010) y de Economía, Innovación y Ciencia (2010-2013, incorporándose Empleo a partir de 2012) y secretario general de Economía y miembro del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), fue excluido de este procedimiento por el juez instructor Álvaro Martín, decisión confirmada por la Audiencia Provincial.
Ávila ha explicado que los parlamentarios, cargo que ostentó en la legislatura de 2012-2015, tenían información "más que suficiente" para conocer los programas presupuestarios, entre ellos el 31L de ayudas sociolaborales, de su proyecto y de su ejecución, a través de las memorias y documentos que acompañaban al anteproyecto de Ley y de la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento.
Con anterioridad, Ávila ha señalado que como secretario general de Economía y miembro del Consejo Rector del ente público conoció que había programas de ayudas financiados por convenios entre la Consejería de Empleo e IFA/IDEA y que pasaban al Consejo Rector. "El 31L no era objeto de análisis en este órgano", ha precisado.
Además, ha indicado que en esa etapa no tenía conocimiento "exhaustivo" de todos los programas presupuestarios y sus mecanismos presupuestarios, como era el 31L y el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas investigadas por parte de IFA/IDEA, quien recibía fondos del 31L de la Dirección General de Trabajo para la materialización del pago en virtud del convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el ente público, del que no tuvo conocimiento.
"No estaba en mis preocupaciones ni objeto de mi actuación el tratamiento presupuestario del programa 31L", ha manifestado, negando en este sentido que los titulares de la Consejería de Hacienda tuvieran conocimiento de la totalidad de los programas presupuestarios. "El 31L hoy es conocido, entonces era uno más", ha comentado.
DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS, "A LO QUE DICE EL LEGISLADOR"
Sobre el uso de las transferencias de financiación, que en el sistema de concesión de las ayudas se usaban para allegar fondos a IFA/IDEA para el pago de las ayudas, herramienta que, según las acusaciones, permitió eludir la fiscalización previa de las citadas ayudas, Ávila ha explicado, según viene recogido en la ley de acompañamiento de la Ley de Presupuestos de 2011, la provisión de fondos a entes públicos para compensar pérdidas tiene que tener naturaleza de transferencias de financiación, pero "no dice que las transferencias tengan que tener siempre ese objetivo".
Ha insistido en que esta ley no define las transferencias, sino que las aportaciones de fondos para compensar pérdidas tienen que tener naturaleza de transferencias.
Además, ha planteado que puede surgir la duda de cómo va a aportar fondos a un ente para compensar pérdidas una Consejería a la que no está adscrita el mismo, asegurando que las transferencias "hay que destinarlas a lo que dice el legislador", en este caso el Parlamento en la Ley de Presupuestos.
Ávila, que no tuvo conocimiento de que la intervención consideraba "inadecuado" el uso de las transferencias para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas, ha señalado que en el caso de las ayudas de los ERE las transferencias, según se recoge en la memoria presupuestaria del programa 31L, tienen "un destino y un fin, las ayudas sociolaborales". "El grado de finalidad de las transferencias lo define el Parlamento", ha comentado por último, advirtiendo que IFA/IDEA no era libre para tomar una decisión sobre en que gastar esos fondos.
"TENGO QUE PRESUPONER QUE TODO ESTÁ BIEN HECHO"
El abogado que ejerce la acusación particular del Partido Popular, Luis García Navarro, ha cuestionado a Ávila si, como miembro del Consejo Rector de IFA/IDEA, se apreció que las subvenciones se estaban dando con el programa 31L podrían ser consideradas ayudas de Estado y por tanto ilegales por normativa europea. "Y por qué sí", ha contestado Ávila, aclarando que en el Consejo Rector se veían los convenios de las ayudas y se aprobaban, a veces incluso sólo a título informativo. "No tengo que rastrear todo el recorrido del convenio, pues presupongo que todo lo que se hace, se hace y bien", ha afirmado.
Además, según ha continuado, "no eran actuaciones de IDEA", sino de la Dirección General de Trabajo, por lo que era "difícil ir hacia atrás en el expediente". "Nadie puede estar mirando hacia atrás y hacia el origen para ver el recorrido de los proyectos. Tengo que presuponer que todo está bien hecho", ha reiterado, subrayando que "así se funciona en una administración y la Junta es una gran administración".
Preguntado por el déficit o desfase presupuestario en IFA/IDEA por su gestión relacionada con el pago de las ayudas y como consecuencia de que se habían comprometido gastos en la Dirección General de Trabajo para el pago de ayudas sin disponibilidad presupuestaria, lo que se reflejaba en la contabilidad de IFA/IDEA y en los informes de auditorias anuales como salvedad por incertidumbre, ha afirmado que tuvo conocimiento con posterioridad.
En este sentido y a preguntas del abogado defensor de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, Ávila ha explicado que en su opinión no existía déficit en IDEA porque este concepto hace referencia a la diferencia entre ingresos y gastos y lo que realizaba la agencia eran "pagos", por lo que, según ha añadido, no entiendo por qué se habla de déficit cuando se está ante "desfase o pendiente de cobro". "IDEA no gastaba, pagaba", ha precisado.
De otro lado, ha negado que IFA/IDEA pagara ayudas de los ERE con fondos de la Consejería de Innovación, a la que estaba adscrita la agencia desde 2004. "Era imposible que ocurriera", ha asegurado, pues no se puede pagar con fondos de Innovación "algo que no era de Innovación". "Hasta lo que conozco, la Consejería de Innovación no pagó ayudas del 31L con sus fondos", ha insistido.
Por último, a preguntas del abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero sobre la legalidad de las ayudas, Ávila ha respondido que está "totalmente conforme con la política de la Junta de atender a personas en dificultades para que tuvieran una salida vital y plenamente de acuerdo con articular ayudas sociolaborales para trabajadores de empresas en crisis".
