SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Antonio Fernández, quien fuera consejero de Empleo andaluz entre los años 2004 y 2010, ha asegurado este lunes que las ayudas sociolaborales a trabajadores dadas por la Junta eran "absolutamente iguales" a las concedidas por el Gobierno central a través de la Orden Ministerial de 1995, que regulaba las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas.
Así lo ha manifestado Fernández en su séptima sesión declarando en el juicio contra 22 ex altos cargos del Gobierno autonómico por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Para Fernández, exceptuando los fondos, las ayudas investigadas en esta causa, concedidas en virtud del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 2001, eran "absolutamente iguales". Precisamente, sobre el convenio marco ha manifestado que "nada nace" con éste, sino que se adapta y se mejora los anteriores, recordando que "nadie" cuestión o se posicionó en contra en el Consejo Rector del IFA cuando se abordó el convenio marco.
En este sentido, ha precisado que los fondos eran estatales en el caso de las ayudas de la Administración central, mientras la Junta usaba "fondos propios", a través del programa presupuestario 31L.
La Orden Ministerial de 1995 era la "norma habilitante en la que se inspiró la Junta", ha reiterado Fernández en su declaración, ante preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. El exconsejero ha asegurado que "nunca" tuvieron "críticas" por parte del Gobierno "ni se cuestionó" las ayudas dadas por la Junta. Es más, "hemos colaborado" en las soluciones abordadas frente a algunas crisis empresariales como en la Faja Pirítica de Huelva.
En este punto, el abogado defensor ha mostrado a Fernández varios documentos de acuerdos de colaboración entre Junta y Estado firmados para afrontar la situación en las empresas mineras de la Faja, algunos de ellos firmados entre los consejeros de Empleo, en su caso José Antonio Viera, y el exdelegado del Gobierno en Andalucía y exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, y uno de ellos por el exdelegado del Gobierno en Andalucía y actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en los que, entre otras cuestiones, se recogían la cofinanciación de las ayudas a los trabajadores en el plan de prejubilación acordado.
Las ayudas sociolaborales dadas por el Gobierno en este caso y por la Junta en otras crisis empresariales "eran coincidentes, iguales". Además, ha añadido que una parte, en torno a 800, de los 6.300 trabajadores aproximadamente que se beneficiaron de las ayudas sociolaborales investigadas fueron de la Faja Pirítica.
"Lo bueno de estas políticas sociolaborales hay que imputarlo a las dos administraciones", ha afirmad, que pretendían, entre otros fines, "procurar un tránsito digno hasta la jubilación ordinaria de estos trabajadores, sus familias y los territorios".
Fernández ha precisado que los trabajadores beneficiarios pagaban sus cotizaciones a través de las aseguradoras, por lo que de los 741 millones de euros supuestamente malversados según la Fiscalía Anticorrupción "una parte importante fue a la Seguridad Social, sobre unos 150 millones malversados".
Preguntado por su abogado sobre que decisión tomó la Junta a partir de 2011 cuando salta a la luz el caso de los ERE, Fernández ha explicado que se aprobó el Decreto 4/2012, que "adaptó" las ayudas a la "nueva realidad". "Se recogieron las ayudas concedidas entre 2001 y 2010, afrontando el pago de ellas", ha añadido, precisando que parte de los 741 millones se siguen pagando.
"Queda claro que con el Decreto, la Junta asumió todas las pólizas de las ayudas, que siguen siendo abonadas. Las refrendó, las asumió, las pagó y las sigue pagando", ha insistido Fernández, advirtiendo de que el Decreto "no invalida el conjunto normativo y las actuaciones realizadas" anteriormente.
De otro lado, ha señalado que el Gobierno andaluz y el Parlamento "conocían perfectamente" que dentro de las respuestas a las problemáticas sociales derivadas de las grandes crisis empresariales estaban las ayudas sociolaborales. "Nadie puede negar ahora ni antes que eran respuestas políticas y debatidas", ha afirmado. No obstante, "en modo alguno quiere decir esto que conocieron el modo procedimental", ha precisado, cuyo órgano gestor competencial era la Dirección General de Trabajo.
Ha rechazado, tras ser preguntado por las ayudas a Hijos de Andrés Molina que recibieron reparos de la Intervención General, que se pueda pensar que el procedimiento de concesión de las ayudas sea "para engañar", es "imposible obviar" el procedimiento. En similares términos se ha manifestado Fernández sobre el convenio marco de 2001, que suscribió él como presidente del IFA.
Así, ha expresado que "pensar que se hacía para ocultar algo me duele en lo personal y en lo colectivo", añadiendo que el que piensa eso es que "no conoce una administración de poderes y contrapoderes como es la Junta". "Es imposible que nadie pueda hacer un documento pensando en engañar a los demás", ha insistido.
INTRUSOS, "INVENCIÓN SOCIAL O MEDIÁTICA"
Sobre la presencia de personas que "disfrutan" de una póliza que no estaban incluidos en los ERE de una empresa, que eran "legales" en Andalucía, Fernández ha afirmado que no sabe si el término "intruso" fue "una invención social o mediática", pero "no son intrusos". "La justicia y la administración autonómica han revisado los expedientes y los ha considerado beneficiarios a la gran mayoría de los llamados intrusos porque han sido reconocidos sus derechos a ser beneficiarios", ha añadido.
En el proceso de "depuración" de la Junta, a través de la Dirección General de Trabajo, "a más del 90 por ciento de los intrusos se les reconocieron sus derechos", quedando "no más de 15 o 20" como intrusos.
Sobre la legitimidad jurídica de la Junta para conceder las ayudas sociolaborales, el exconsejero ha defendido que el Gobierno andaluz tenía "suficiente" normativa para hacer las políticas de ayudas. Entre la normativa, Fernández ha enumerado la Ley de Hacienda Pública, las leyes anuales de Presupuestos, el reglamento de las ayudas excepcionales, el convenio marco o la Orden Ministerial de 1995, "fondo normativo habilitante suficiente", ha reiterado, advirtiendo de que "de existir un vacío legal hubiese actuado la Junta".
No obstante, ha aceptado que entonces quizás "no se supo identificar el título --legal-- competencial" para la concesión de ayudas, y con el Decreto 4/2012 sí viene a recoger este aspecto, aunque esto "no inválida" las actuaciones entre los años 2001 y 2012 ni la normativa. El decreto "actualiza, asume competencias y el pago", ha insistido.
Sobre el borrador de proyecto de decreto de las ayudas investigadas que impulsó la Dirección General de Trabajo y que se debatió en 2004 en el 'consejillo' de los viceconsejeros, órgano preparatorio para el Consejo de Gobierno, ha señalado que el hecho de que se promoviera este proyecto no significaba que "existiera vacío legal, algo que era evidente". "Ni me advirtieron ni informaron sobre problemas con el cuerpo normativo", ha manifestado.
Por último, ha asegurado que "en modo alguno" es competencia del consejero o viceconsejero comprobar la legalidad de los expedientes de las ayudas, sino de los servicios técnicos, la intervención delegada o los órganos de control de la Consejería.
Las preguntas de su abogado a Fernández, que a las 14,30 horas ha solicitado al presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, continuarán en la sesión de este martes y, previsiblemente, ocupará la jornada íntegra, por lo que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán tendrá que esperar hasta el miércoles para comenzar a declarar.
