SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (APIA) ha informado que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha requerido a la Consejería de Educación a que dé cumplida información sobre la inexistente ejecución de una sentencia de 18 de febrero, por la que se condenó a la Consejería por una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad sindical de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) en las elecciones sindicales de 4 de diciembre de 2018.
La desobediencia al mandato del tribunal, según ha destacado APIA a través de una nota, que han mantenido los responsables de la Consejería, a pesar de haberse ordenado en su momento la ejecución inmediata de la sentencia, respecto a la cual sólo cabía apelación en un solo efecto, "ha continuado en toda su impudicia, por más que ha sido confirmada en posterior sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla, de 17 de julio de 2019".
"La contumacia de la Consejería en su desafío a uno de los poderes de nuestro Estado de Derecho, superando con ello la tropelía cometida por la anterior Administración socialista, constituye un hecho gravísimo que envilece las instituciones, pone en duda las intenciones regeneradoras de los nuevos mandatarios y no contribuye sino a enturbiar, aún más, el ya de por sí sórdido mundo sindical, acostumbrado a las maquinaciones controladoras del poder político", ha afirmado APIA en su comunicado.
La Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía ha descrito en su nota que "la sentencia de instancia declaró probada la concesión, contra legem, por la Consejería de Educación, a los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial educativa (CSIF, CCOO, UGT, ANPE y USTEA) de una dádiva, contraria a la regulación legal en materia de permisos sindicales, consistente en el regalo de dos liberados totales por provincia y para cada uno de las citadas organizaciones sindicales, durante los dos meses que duró el proceso electoral, con un coste aproximado para las arcas públicas de 200.000 euros".
APIA ha sostenido que "de esta forma, los cinco sindicatos mencionados acudieron a la cita electoral en situación ventajosa respecto del resto de organizaciones sindicales que, como APIA, no forman parte de la Mesa Sectorial educativa, en flagrante violación del artículo 140 de la Constitución, viciando el procedimiento hasta el punto de poder ponerse en duda la legitimidad de los resultados de las referidas elecciones sindicales del 4 de diciembre pasado".
La Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía ha indicado que "quedó constatada la vulneración de un precepto contenido en el artículo 28.1 de la Constitución española, que consagra el derecho fundamental a la libertad sindical, afrentándose, de lleno, la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 98/1985 de 29 de junio)", punto en el que ha recordado que este órgano afirma que "en el derecho de libertad sindical está implícita la exigencia de igualdad entre las diferentes organizaciones sindicales y la prohibición de injerencia de los poderes públicos a efectos de no alterar con su intervención la libertad o igualdad de ejercicio a la libertad sindical".
APIA ha descrito "la manifiesta conducta antisindical de los antiguos responsables de la Consejería, lejos de ser reprobada y rápidamente corregida por sus nuevos rectores, ha encontrado justamente en ellos a su principal valedor, en lo que parece un intento, singularmente torpe, de asumir los excesos de sus predecesores, no sabemos muy bien con qué inconfesable propósito".
"El hecho es que el señor magistrado, en su requerimiento, pregunta por las (inexistentes) actuaciones practicadas por la Consejería de Educación para dar cumplimiento a la sentencia y por el órgano concreto encargado de su ejecución, advirtiendo de que tomará las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado", ha manifestado la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía.
APIA ha declarado esperar a "que en un muy breve espacio de tiempo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ejecute la sentencia y muestre con ello a la comunidad educativa andaluza si está dispuesta a acatar las leyes como el resto de la ciudadanía o bien a dar continuidad a los peores vicios de la Administración anterior".
