SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha citado para esta semana a siete nuevos testigos, principalmente exauditores de la Cámara de Cuentas y exinterventores de la Administración autonómica.
En concreto, este lunes, sesión número 71 del juicio, comenzará con la declaración de Nuria Mendoza Domínguez, quien fuera auditora de la Cámara de Cuentas, cuyo interrogatorio está previsto que se prolongue durante toda la jornada de la vista oral.
El martes será el turno de Santos Rodríguez Huertos. Los siguientes testigos que comparecerán esta semana, en concreto este miércoles, serán Carlos Vaz Calderón, exauditor de la Cámara de Cuentas, y Joaquín Alegre, ex interventor delegado en la Consejería de Empleo.
A continuación será el turno de otro exinterventor de la Junta Carlos González Laguillo, el ex interventor delegado en la Consejería de Empleo Ramón Gutiérrez de la Chica y la ex interventora provincial de la Junta Victoria López Gutiérrez.
Cabe resaltar que esta semana por primera vez comparecerán como testigos interventores delegados en la Consejería de Empleo, quienes podrán explicar la fiscalización a la que sometían los expedientes de gastos de las transferencias de financiación usadas por la Consejería de Trabajo para allegar fondos del programa presupuestario 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente que materializaba el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo entre 2001 y 2010.
Para las acusaciones el uso de las transferencias de financiación, precisamente, permitían eludir la fiscalización previa a la que debían someterse las ayudas.
La semana que termina ha estado marcada por la declaración de Ignacio García Revilla, interventor adjunto a la Intervención General y desde 1999 a 2010 interventor delegado de Control Financiero Permanente de entidades de derecho público, entre ellas, IFA/IDEA.
En este sentido, García Revilla señaló que desde el año 2003 el Control Financiero Permanente ya recogía en sus informes el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, que no fueron fiscalizadas previamente en la Consejería de Empleo.
Afirmó que el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación "sin lugar a dudas" es un problema de la ejecución del presupuesto, no de la presupuestación. Además, señaló que el órgano gestor, en este caso la Dirección General de Trabajo, es el responsable de decidir usar transferencia de financiación como herramienta para financiar las ayudas investigadas y de su presupuestación.
