GRANADA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La concejal de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad de Granada, Jemi Sánchez, ha informado este lunes de que el Ayuntamiento tiene previsto aprobar en noviembre el Plan Local de Inclusión Social, un proyecto puesto en marcha en colaboración con la Junta de Andalucía que "permitirá una inversión de más de seis millones de euros en las zonas desfavorecidas de la ciudad", y que avanza "con la participación ciudadana".
En rueda de prensa, Jemi Sánchez ha defendido el grado de cumplimiento de los plazos de tramitación del plan por parte del Ayuntamiento de Granada, que aboga por presentar un plan "integral participado por todos los ciudadanos, agentes y colectivos de la ciudad" y del que se han realizado ya las primeras contrataciones.
En este sentido, Sánchez ha destacado la necesidad de contar con "la participación real" de la ciudadanía, pese a que requiere de unos tiempos, dado que el mencionado plan "sentará las bases de los cimientos de la transformación social de Granada".
Hasta el momento, y tras varias reuniones técnicas mantenidas con ciudadanos y profesionales, así como con grupos políticos, la edil ha adelantado que "ya se han contratado tres personas encargadas de la elaboración del plan" y en octubre se empezará el proceso de selección de 34 nuevos profesionales, de los que 17 están relacionados con Trabajo Social; diez con el ámbito de la Educación y cuatro con la rama de Psicología.
Según ha adelantado, el plan, que será aprobado en Junta de Gobierno Local, se remitirá a Secretaria del Ayuntamiento de Granada el 30 de octubre para que el 8 de noviembre se pueda dar traslado al Gobierno andaluz.
Pese a que la Junta de Andalucía, impulsora del proyecto, financiado con el Fondo Social Europeo, ha fijado como zonas de exclusión los siete barrios de Norte y Santa Adela, "el Ayuntamiento va a proponer un plan para toda la ciudad", ha informado Jemi Sánchez.
La estrategia del plan, del que ya se dispone de un diagnóstico, establece cuatro ejes de trabajo, entre los que destacan las propuestas realizadas en materia de desarrollo económico y comunitario sostenible, políticas publicas para el bienestar y la cohesión social, la mejora del hábitat y la convivencia y el trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria.
