25 de mayo de 2019
  • Viernes, 24 de Mayo
  • 30 de enero de 2010

    El Ayuntamiento hace la liquidación tributaria de la sanción de 24 millones por las naves ilegales de Colecor

    CÓRDOBA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

    El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Francisco Tejada (IU), informó hoy de que el área de Hacienda del Ayuntamiento ya ha efectuado la liquidación tributaria de la sanción de 24,6 millones de euros al constructor Rafael Gómez por la construcción ilegal de las naves de Colecor.

    En una entrevista concedida a Europa Press, Tejada explicó que ya se le ha notificado la liquidación a la empresa de Gómez, Arenal 2000, y "se están haciendo las gestiones de cobro". De este modo, el proceso está actualmente en fase de pago en voluntaria, si bien, en cuanto a su cobro, aclaró que las gestiones para ello se realizan una vez que finaliza el plazo de la misma y pasa posteriormente a la fase ejecutiva.

    La liquidación se ha producido en el pasado mes de diciembre después de la resolución del Consejo de Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA), que ratificó la sanción urbanística de 24,6 millones de euros por la construcción sin licencia de 40.000 metros cuadrados de naves junto a la antigua cooperativa lechera, siendo ésta la última opción que le quedaba al empresario para defenderse ante el Ayuntamiento.

    Hay que recordar que el Consistorio reinició un nuevo expediente a raíz de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba anulara el anterior por haber prescrito. Posteriormente, Gómez interpuso un recurso de reposición sobre el mismo en el que exigía la retirada o rebaja de la multa al entender que la infracción estaba prescrita, que fue rechazado por la Gerencia de Urbanismo.

    De este modo, tras la resolución del CREA, el empresario ha agotado todas las formas a nivel administrativo para eludir el pago de la sanción, por lo que sólo le quedaría volver a acudir a los tribunales.

    A partir de ahora, según explicó el responsable de Urbanismo, "si no se atiende el pago en periodo voluntario, comenzará la vía de apremio en el que el departamento de recaudación iniciará todos los trámites, como ocurre con cualquier deudor, para hacer efectiva la deuda".

    BAÑOS DE POPEA Y CINE FUENSECA

    De otro lado, y en cuanto a la deuda de 3,8 millones que tiene contraída Rafael Gómez con las arcas municipales por la imposición de las multas coercitivas por construir sin licencia en la Carrera del Caballo, Tejada quiso dejar claro que esa cantidad no se saldará mediante la expropiación del cine Fuenseca y con el suelo del que es titular en los Baños de Popea.

    Explicó que el Ayuntamiento en su momento manifestó su deseo de que estos bienes pasasen a ser de titularidad municipal, con el objeto de que proteger el cine Fuenseca a través del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y dotarlo además de un espacio de equipamiento deportivo, ya que "se trata de una zona de la ciudad donde no hay instalaciones deportivas de carácter municipal y es imposible obtener suelo para desarrollar esas instalaciones".

    Igualmente, dijo que la zona de los Baños de Popea y su entorno es "un elemento natural que requiere un nivel de protección, por lo que el Ayuntamiento se marcó como objetivo que pasara a titularidad municipal porque eso permitía garantizar la protección de ese espacio y posibilitar el disfrute por parte de la ciudadanía con un uso adecuado a la protección que merece".

    Así, dado que Rafael Gómez es propietario del cine Fuenseca y de parte del suelo de los Baños de Popea, el Ayuntamiento debe pagarle por dicha expropiación una cantidad aún sin cuantificar, y se descontará de la sanción, por lo que aseguró que el empresario "tendrá que pagarla", pero desquitando lo que el Ayuntamiento tiene que pagar por la expropiación de lo que le corresponde de los Baños de Popea y el cine Fuenseca.

    Hay que recordar que el último consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó el inicio de una innovación del PGOU para redilimitar la zona de protección de los Baños de Popea, ampliándose 22 hectáreas. Una vez que finalice la innovación se iniciarán los trámites para la obtención del suelo. Esto significa, además, que el anterior acuerdo que se adoptó en la Gerencia de Urbanismo en 2006 de inicio de expediente expropiatorio, queda sin efecto.