CÓRDOBA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba Carlos Baquerín ha presentado denuncia en los juzgados relacionada con la adjudicación del Centro de Educación Ambiental, del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Jardín Botánico de Córdoba (Imgema), tras manifestar su "dudas" sobre "la legalidad" de tal adjudicación.
En concreto, la denuncia la dirige contra el presidente del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Jardín Botánico de Córdoba, Rafael Jaén, "por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude".
Además, la interpone contra el secretario del consejo rector del Imgema "por los presuntos delitos de prevaricación y de falsedad documental", y "probablemente, estos presuntos delitos hayan podido ser cometidos con la presunta complicidad o conocimiento del gerente del Imgema", según detalla.
Según Baquerín, el concejal Rafael Jaén "intenta eludir su obligación legal de dar una explicación razonable y jurídica al anormal e irregular hecho de que se haya procedido a adjudicar mediante procedimiento administrativo la cesión del dominio público y la explotación del Centro de Educación Ambiental".
Al respecto, Baquerín presentó en agosto un escrito en el Consistorio en el que pedía aclarar la adjudicación y apuntaba que dada la naturaleza del Centro de Educación Ambiental y las condiciones del pliego, y con arreglo a las vigentes normas en materia de defensa de la competencia y de la competencia leal, "si tras su adjudicación, como parece y según se ha declarado públicamente, se pretende convertir en un 'centro de turismo de idiomas'", auguraba que "se avecina un importante conflicto jurídico".
No obstante, aclaraba que lo que ahora le preocupaba es que en mayo de este año, el consejo rector del Imgema acordó adjudicar la cesión del Centro de Educación Ambiental, para su uso como tal, a favor de 'Maecenas Educación y Cultura', con el canon anual de 31.000 euros, y tras ello, a principios del mes de agosto, se formalizó el contrato de cesión en favor de la 'Fundación Maecenas: Educación y Cultura'.
Para Baquerín, es "necesario e importante" señalar que en la fecha de adopción del acuerdo de adjudicación por parte del consejo rector, "y por supuesto, mucho menos con anterioridad a esa fecha, en el momento de comienzo del proceso de licitación pública", la 'Fundación Maecenas: Educación y Cultura' "no existía", dado que, según el concejal, "fue constituida el día 27 de junio de 2014".
ES "PRECISO" DETERMINAR LA FORMA JURÍDICA
Por tanto, ve preciso "esclarecer si la entidad adjudicataria, 'Maecenas Educación y Cultura', es una entidad distinta a la denominada 'Fundación Maecenas: Educación y Cultura', que fue presentada en sociedad por el concejal Rafael Jaén el día 8 de agosto de 2014, y que en apariencia, y representada por sus gestores, fue la entidad firmante y parte del contrato de cesión de Centro de Educación Ambiental".
También, consideraba "preciso determinar cuál es la verdadera forma jurídica de la adjudicataria y de qué manera toda esta aparente confusión ha podido viciar o no, el proceso de licitación y adjudicación", al tiempo que destacaba que "parece un hecho, que si se tratara de la misma entidad, evidentemente la adjudicación y el contrato subsiguiente serían nulos de pleno derecho, porque la citada 'Fundación Maecenas: Educación y Cultura' no existía legalmente ni al iniciarse el procedimiento administrativo, ni tampoco al producirse la adjudicación".
Asimismo, cree que "habría que depurar las responsabilidades políticas y legales en que hubiera podido incurrir el presidente del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, que evidentemente en el seno de esa hipótesis, no podría ser ajeno a ese presunto simulacro y a su posterior escenificación de dudosa finalidad".
En cualquier caso, apuntaba que su intención es "aclarar los hechos", y para ello solicitaba "la necesidad de realizar una convocatoria urgente" del consejo rector, para emitir una declaración pública sobre el alcance y la relevancia de los citados hechos, y si procede, para adoptar las medidas que resulten oportunas.
Tras todo ello, el denunciante señala que "sin éxito ha hecho "todo lo posible para intentar aclarar de forma extrajudicial lo sucedido", si bien, a su juicio, "pueden concurrir y ser imputables a los denunciados, entre otros, los presuntos delitos prevaricación, dejación de funciones, falsedad en documento público y fraude".
