JAÉN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El hombre identificado como A.B.G. al que se le detuvo en diciembre del año pasado acusado de haber abusado de menores de edad a partir de unos vídeos sustraídos en el interior de su domicilio de Jaén no ha comparecido en el juicio señalado para este jueves en el Juzgado de lo Penal número tres de la capital, que ha tenido que ser así suspendido, por lo que se va a dictar una orden de busca y captura para su "inmediata detención".
Así lo han indicado a los periodistas en la puerta del juzgado tanto el abogado que ejerce su defensa, Manuel Ozáez, como el de la acusación particular, Pablo Salido, que han confirmado que el juicio no podrá celebrarse hasta que este hombre sea detenido y se garantice así su personación en la vista.
La Fiscalía pide para él en este caso un total de cuatro años y seis meses de prisión como supuesto autor de un delito continuado de abusos sexuales, de otro, también continuado, de exhibicionismo y provocación sexual, y de un tercero de tenencia de material pornográfico con menores. La acusación particular eleva la petición total de pena hasta los seis años de cárcel.
El letrado de su defensa ha explicado a los periodistas que ha hablado con su cliente por teléfono este mismo jueves por la mañana, y que éste le ha dado unas "razones" para justificar su incomparecencia en el juicio, que estaba señalado para las 10,00 horas y se iba a celebrar a puerta cerrada, unos argumentos que su abogado ha reconocido que "no sabe si son creíbles o no".
Desde su punto de vista, la decisión del acusado de no presentarse en el juicio puede obedecer al "pánico" que "tiene por ir a Jaén", ciudad en la que ya no reside, "porque le quemaron su casa y le agredieron" tras conocerse su detención, ingreso en prisión provisional y posterior puesta en libertad, según ha indicado el abogado, que ha confirmado que su cliente vive actualmente "fuera" de la ciudad.
En todo caso, ha explicado que "en principio no tuvo ninguna oposición a presentarse en el juicio", e incluso "se había hablado de un posible acuerdo de conformidad entre las partes" que implicaría "un reconocimiento de algunos hechos" por parte del encartado, según ha precisado su letrado.
No obstante, esa posibilidad "ha quedado en el aire", según ha abundado, ya que "ahora tocará un nuevo fiscal" para el nuevo juicio que hay que señalar, por lo que "ya no es posible lo que se había hablado" con la persona que iba a representar al Ministerio Público en la vista de este jueves.
Por su parte, el abogado de la acusación particular, Pablo Salido, tras confirmar que "se ha ordenado la inmediata detención" del procesado para que pueda ser juzgado, ha señalado que este comportamiento se acoge "con indignación" en el entorno de la víctima a la que representa, ya que supone "sufrimiento para la familia" de la misma.
En su escrito de calificación de los hechos, consultado por Europa Press, la Fiscalía relata que el acusado, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Juvenil Fénix --asentada en Jaén-- y entrenador de su equipo de fútbol, "en el año 2007, y en numerosas ocasiones, sin utilizar violencia o intimidación alguna", tras "exhibir" a un niño de diez años "películas de contenido pornográfico, le sometía a diversos tocamientos y felaciones, así como a masturbaciones recíprocas", algo que "grababa en DVD que conservaba en su domicilio".
El Ministerio Público entiende que estos hechos constituyen un delito continuado de abusos sexuales por el que pide tres años de prisión; otro continuado de exhibicionismo y provocación sexual por el que solicita un año de cárcel, y un tercero de tenencia de material pornográfico con menores por el que interesa una pena de seis meses. Además, quiere que el encartado indemnice en 5.000 euros a la víctima "por los daños morales ocasionados".
Como se recordará, aunque inicialmente ingresó en prisión tras su arresto, el Juzgado de Instrucción número dos de Jaén autorizó la puesta en libertad de este hombre en enero pasado, después de que el joven que había entregado los vídeos reconociera que había accedido a la vivienda del acusado "con la única y exclusiva finalidad de encontrar pruebas que incriminen al imputado y hacerlas llegar a la Policía", lo que, según el juez que lo dejó en libertad, provoca que las grabaciones en las que se sustenta la investigación "puedan ser consideradas prueba ilícita y no puedan ser tenidas en cuenta".
