SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este martes el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Este martes ha prestado declaración como acusado el abogado José Miguel Caballero, precisamente después de que hace pocos días, Encarnación Poto, quien fuera presidenta del consejo de administración de Acyco y también acusada, le señalase especialmente con relación al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por dicha entidad en 2003 para prejubilar a 35 empleados, con cargo a la Junta de Andalucía.
En ese sentido, durante el desarrollo de la vista oral, acusados y testigos han reconocido que las prejubilaciones del citado ERE fueron ofertadas en condiciones bastante o muy "favorables". Así lo dijo por ejemplo el exdirector de Recursos Humanos de Acyco y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, acusado en este juicio.
Es más, según el que fuera jefe de fábrica de Acyco entre 2001 y 2011, quien declaraba como testigo, los empleados acogidos al ERE de Acyco manifestaban que las prejubilaciones eran "casi mejor" que ganar "la lotería", pues las rentas alcanzaban casi el cien por ciento del salario.
Poto, recordémoslo, aseguró que Caballero se personó voluntariamente en las depencias de Acyco por su conocimiento previo de la sociedad y como "se había enterado" de que la empresa tenía "pendiente un ERE", se presentó como "experto" en tales procedimientos. Según Poto, Caballero, previamente abogado de UGT y por aquel entonces abogado de Garrigues, "montó todo" el asunto del ERE de 2003 dejando "claro" que el ERE "no costaría nada" a Acyco, sino que sería la Junta de Andalucía quien correría con todos los costes.
Frente a ello, Caballero ha defendido que en 2003, un auditor de la consultora Deloitte que había realizado un trabajo para Acyco contactó con él y le comunicó que Acyco "necesitaba hacer un ERE y había surgido" su nombre, tras lo cual él telefoneó a Gabriel Barrero.
Según su tesis, cuando habló con Encarnación Poto y Barrero ellos ya "tenían claro qué tenían que hacer" para solucionar las dificultades que atravesaba Acyco, entre otros aspectos una renovación de plantilla conectada con el estreno de la nueva planta de la empresa, y Deloitte "tenía ya hecho un plan de viabilidad para definir las medidas" a acometer.
Es en este punto en el que ha asegurado que las "decisiones" relativas a las prejubilaciones del ERE correspondieron a Poto y Barrero, que ya habían celebrado "reuniones" con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, también acusado en el juicio pero ya fallecido; y manifestaban que contaban con el "apoyo" de la Administración andaluza.
A tal efecto, ha argumentado que Poto, militante del PSOE y de la UGT, "era una persona preeminente del mundo de la economía social" y "había obtenido más de siete millones de ayudas" en los últimos tiempos, con lo que a su juicio, es "absurdo sostener" que fuese él como abogado quien se encargase de cosechar las subvenciones para el ERE.
Ha admitido, eso sí, que acompañó a Poto a una reunión con Francisco Javier Guerrero, en la que el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social habría manifestado la voluntad de la administración andaluza por "apoyar" a Acyco. Así, ha insistido en que él no participó en el diseño de "los términos económicos" de la operación, que Poto le comunicó que la Junta costearía las prejubilaciones y que él interpretó que la Administración andaluza sufragaría el cien por ciento de la operación.
"Jamás asesoré en materia de ayudas", ha dicho tachando de "falsa" la idea de que él se encargase de tal extremo y negando que él garantizase un "gratis total" a los responsables de Acyco con relación al ERE.
También ha declarado sobre las dos personas que cobraron de la póliza de las prejubilaciones de este ERE pese a que jamás habían trabajado en Acyco. Se trata de los "intrusos" Andrés Carrasco, acusado en este juicio y "amigo" declarado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, también acusado pero recientemente fallecido; y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás.
Según ha dicho, Gabriel Barrero le envió un listado con nombres de los afectados del ERE para que comprobase dos de ellos y, él confirmó que estas dos personas "no estaban" en el listado de trabajadores beneficiarios de las prejubilaciones. No obstante, ha explicado que entonces interpretó aquello como fruto de "un error", pues entonces era desconocida la figura de los "intrusos", con lo que remitió "un fax" a la consultora Vitalia, para que en el marco de sus gestiones con relación al citado ERE solucionase tal "error" y para él "terminó" el asunto.
En cuanto al hecho de que en la póliza del ERE figurase como tomadora de la misma la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco, ha manifestado que él conocía esa fórmula pero ha negado que él la propusiese o que redactase los estatutos de dicha asociación, como se le ha atribuido durante el juicio.
Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, un dinero que habría sido después devuelto a los mismos mediante una factura de la asociación 3 de Julio no elaborada por la misma, cargada a la Junta y después abonada, Caballero ha asegurado que él no tuvo "nada que ver".
Según ha declarado, él no participó de esa operación ni redactó la factura y sólo fue "un año después" de aquel anticipo, cuando remitió "un fax" a Guerrero sobre este aspecto y con la citada factura, pues Poto y Barrero le manifestaban su "desesperación" y la "necesidad" de recuperar ese dinero y le habrían pedido, según sus palabras, que "reiterase" a Guerrero la necesidad de resolver tal extremo. En cuanto a la fórmula elegida para dicha devolución, ha manifestado que no le llamó la atención porque no "analizó" la factura como tal.
También ha sido interrogado sobre la ayuda de 125.000 euros solicitada en 2009 por Acyco para "el mantenimiento de 144 puestos de empleo", cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues por el ERE de 2003, según el que fuera director de Recursos Humanos de Acyco y además acusado, Gabriel Barrero, y según la Guardia Civil.
Con relación a ello, ha rememorado que en su momento, Poto propuso que los costes asumidos por la Junta con relación al ERE de 2003 abarcasen los trabajos de asesoramiento y Guerrero "dijo que era un gasto subvencionable", tras lo cual ha negado que conociese los intentos de Guerrero de cargar tales servicios a la póliza del ERE.
En ese sentido, ha asegurado que Poto y Barrero "en ningún momento cuestionaron" la "factura" de sus honorarios ni consideraron que fuese "improcedente", detallando que la reclamación judicial para el cobro de dicha factura fue iniciada en 2008 contra Acyco porque había sido su "cliente".
Al respecto, ha asegurado que fue en el marco de las actuaciones judiciales cuando supo de los aspectos relacionados con la ayuda de 2009, lo que le ha llevado a negar que con relación a la citada factura tratase con el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, sucesor de Guerrero y también acusado, o con su asesora María José Rofa, quien de su lado dijo que sí conversaron del asunto. Según Caballero, tan sólo hablaron de la quiebra de la aseguradora Fortia Vida.
