SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha mostrado su conformidad, "en todos los aspectos significativos", el programado de gratuidad de los libros de texto y del sistema de información Séneca, en el curso escolar 2016-2017, aunque señala que "la Consejería de Educación no ha cumplido con los plazos legales para transferir los fondos a los centros docentes".
En su informe, el ente fiscalizador ha apuntado que la distribución del gasto del programa de gratuidad de los libros de texto ha sido de 82.025.008 euros en relación a las transferencias realizadas a los centros docentes.
No obstante, detalla que "no hay concordancia" entre el presupuesto anual y el gasto por curso escolar, aunque las cantidades están conciliadas, al tiempo ha señalado "las tensiones de tesorería en los centros" que se pueden provocar por el "incumplimiento" en cuanto a que los centros docentes reciban o no el cien por cien del importe de los libros de textos adquiridos para su alumnado en el primer trimestre.
Así, la Cámara de Cuentas destaca que un total de 1.061 de los 3.435 centros docentes no tenían firmado antes de la fecha establecida el informe específico del estado de cuentas del programa de gratuidad de los libros de texto del curso 2016-2017.
El informe también indica que el 8.42 por ciento de las facturas, representativas del 3,28 por ciento de los importes, puede interpretarse que fueron presentadas después de la fecha establecida en la normativa. Además, los pagos por encima de los 60 días --los que acumulan más de un mes de retraso sobre el plazo máximo de un mes-- afectan al 20,67 por ciento de la facturas representativas del 18,89 por ciento del gasto.
La Cámara de Cuentas señala como "debilidad" que la relación de puestos de trabajo del Servicio de Sistemas de Información de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación resulta "insuficiente" para dar cobertura a la gestión y mantenimiento "no solo del sistema Séneca, sino de todos los sistemas a los que da soporte".
Esto obliga a contar con empresas externas, lo que, a su juicio, supone "una gran dependencia de estas empresas y una descapitalización del conocimiento para la Consejería.
