Catalá cree que Gallardón "podrá aclarar" que la compra de Inassa se hizo "con total transparencia"

Rafael Catalá
ENRIQUE GÓMEZ
Actualizado: jueves, 26 abril 2018 21:17

CÓRDOBA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional por supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación debido a la supuesta compra irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001, "podrá aclarar y aportar todas las pruebas" en la vía judicial.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el ministro ha dicho que "Gallardón declarará lo que considere", aunque ha agregado que le ha "oído decir en ocasiones que la compra de la sociedad se hizo con total transparencia, con una valoración adecuada del coste de la sociedad y que tuvo sentido en términos de negocio para el Canal de Isabel II".

En este sentido, el ministro de Justicia ha atribuido la citación "a la normal actuación de los tribunales", donde "la Audiencia Nacional investiga un asunto complejo, en el que hay unas actuaciones que provienen de hace muchos años", de forma que "si el juez instructor ha considerado conveniente llamar a Ruiz-Gallardón para tomarle declaración en este asunto, está dentro del funcionamiento normal de la justicia", ha remarcado.

"Todos tenemos que tener la seguridad de que la justicia española funciona con independencia, cualificación y tutela de los derechos de todos", ha asegurado Catalá, quien ha señalado que "cuando una persona es llamada ante un tribunal, lo que hace es comparecer y ejercer su derecho a la defensa".

Cabe recordar que el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón defendió hace cuatro meses en comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que dicha operación fue "ética" y ajustada a la legalidad.

El también exministro de Justicia tuvo que acudir el pasado mes de diciembre al Parlamento madrileño, a la comisión de investigación sobre corrupción política, donde llevó toda la documentación de esta compra que fue aprobada por el Consejo de Gobierno que dirigía en noviembre de 2001.

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