SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los agentes sociales han comparecido en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía para expresar su posición sobre la Proposición de Ley para la mejora de las condiciones térmicas de los centros educativos con técnicas medio ambientales y el uso de energías renovables, a la que han ofrecido su apoyo tanto CSIF como CCOO con los argumentos del lema "queremos estudiar en aulas, no en saunas", así como se trata de "una necesidad altamente demandada por la comunidad educativa".
El presidente del Sector de Educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, ha recordado, mediante un comunicado, que, según datos de la Junta de Andalucía, "en los últimos años se han llevado a cabo mejoras en cuestiones de climatización en 213 centros, lo que supone solamente el 5,4% de los 3.928 centros escolares andaluces".
El secretario de Comunicación de CCOO, Juan Alberto Barrios, ha explicado en una nota que en el ámbito de la enseñanza no universitaria, el 98% de los centros docentes públicos se han construido con anterioridad a la publicación de Código Técnico de Edificación, que es del año 2006, y ha señalado que "minimizar el consumo de energía no era una prioridad en el diseño y construcción de dichos centros".
CSIF-A ha considerado "más razonable" que la presentación de los planes bioclimáticos específicos de cada centro lo realicen las delegaciones territoriales y no el propio centro.
Barrios ha calificado de "positivo" que se busque la aprobación y opinión para la elaboración del Plan de acondicionamiento bioclimático y renovable de los agentes implicados, al tiempo que ha propuesto que los consejos escolares municipales y provinciales puedan ser también consultados.
CCOO ha considerado "imprescindible" que esta Ley incluya una memoria económica que posibilite llevar a cabo las medidas que en ella se plantean.
El presidente de Educación CSIF-A ha resaltado que es "una cuestión cumplir con normativa europea y española, en concreto, con las directivas que marcan que el objetivo a alcanzar es el del edificio de consumo de energía casi nulo, y con el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo".
CCOO ha abogado, en cuanto al ámbito de actuación de la norma, de aplicación en centros docentes públicos y privados concertados, que ha abogado porque las medidas contempladas "fuesen extensible al ámbito universitario dentro del respeto a la autonomía universitaria".
CSIF-A ha apostado por que el Consejo Escolar "sea oído y pueda realizar propuestas en la gestión sostenible energética de éstos, pero no debe ser éste a quien corresponda la aprobación de las propuestas que se realicen por su carácter eminentemente técnico" y ha argumentado que "queremos ser parte activa del proceso mediante una participación en todas sus fases a través de la Mesa Sectorial de Educación", indicó Hidalgo.
CSIF-A ha mostrado su apoyo a "la bioclimatización de los centros educativos" y ha estimado que "favorece con ello la calidad de vida de todas las personas que desarrollan su actividad". "Pero deben ser los técnicos los que hagan el estudio y la planificación", ha apostillado el sindicato.
Hidalgo se ha congratulado de "la voluntad para llegar a un acuerdo parlamentario que permita una planificación y una financiación adecuadas para que los centros tengan una buena climatización para que el proceso educativo se lleve a cabo con garantías de calidad y se respeten las normas de prevención de riesgos laborales para con los trabajadores".
Barrios ha valorado que se contemple un programa anual de formación en gestión energética para los equipos directivos de los centros, para el personal docente y administrativo, pero reclama que se recoja "expresamente que dicha formación se llevará a cabo en horario laboral".
CCOO ha saludado que se definan plazos para la puesta en marcha y desarrollo de distintas medidas, pero ha reclamado que dichos plazos se acorten, al considerar que "son demasiado largos en el tiempo y pueden hacer que la norma pierda eficacia".
