El órgano de gobierno de los jueces también aprueba los informes a dos anteproyectos de ley del Gobierno central
CÓRDOBA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido este miércoles en Córdoba, ha elegido a la magistrada Carmen Arnedo como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y ha renovado a Ana María Martínez Olalla en el cargo de presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.
Según ha informado el CGPJ en un comunicado, Arnedo, que ya ejercía la Presidencia en funciones de la Sala desde noviembre de 2015, ha obtenido 14 de los 21 votos del Pleno, frente a los siete conseguidos por el otro aspirante, el también magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior navarro Miguel Azagra Solano.
La nueva presidenta de la Sala de lo Social ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1985 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Distrito número 2 de Torrelavega (Santander), para servir luego en el Juzgado de Distrito número 2 de Logroño.
En 1989, ya como magistrada, se convirtió en titular, primero del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, y posteriormente del Juzgado de lo Penal número 11 de la capital catalana, y en octubre de 1990 se incorporó a la Sala de lo Social del TSJ de Navarra.
Además, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha reelegido por unanimidad a Ana María Victoria Martínez Olalla como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, cargo que viene desempeñando desde 2013, cuando fue elegida para un primer mandato.
Martínez Olalla, única aspirante al puesto, ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y tuvo su primer destino como juez en el Juzgado de Distrito de Padrón, desde donde pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Salas de los Infantes.
En 1988 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Vizcaya y al año siguiente se convirtió en titular del Juzgado de lo Social número 3 de Valladolid, donde permaneció hasta 1993.
Desde entonces ejerce su función jurisdiccional en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y , con sede en Valladolid, primero como magistrada, luego como presidenta de su Sección Segunda y desde febrero de 2013 como presidenta de la Sala.
INFORMES SOBRE TEXTOS NORMATIVOS
El Pleno del CGPJ también ha aprobado este miércoles dos informes a anteproyectos de ley del Gobierno central, ambos por unanimidad, correspondiendo el primero, del que han sido ponentes los vocales Victoria Cinto y Enrique Lucas, al Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
El texto informado tiene por objeto, esencialmente, la incorporación al ordenamiento español de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo que constituye el instrumento normativo europeo a través del cual se articulará la regulación de la transferencia por las compañías aéreas de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) de vuelos exteriores de la UE; el tratamiento de los esos datos -incluida su recogida, utilización y conservación por los estados miembros- y el intercambio de los mismos entre dichos estados miembros.
El segundo informe, con ponencia de los vocales Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo, se ha realizado sobre el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El anteproyecto tiene por objeto la trasposición de algunos elementos pendientes de la Directiva (UE) 2015/849 y de la Directiva 2009/101/EC, entre ellos cuestiones referidas al régimen de sanciones --importe máximo, publicidad, etcétera--, al establecimiento de canales de denuncia o a la incorporación de nuevos sujetos obligados, como las personas que medien en alquileres que supongan una renta mensual igual o superior a diez mil euros.
