SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves han llegado ya, por separado, a la Audiencia Provincial de Sevilla para conocer la sentencia del juicio de la conocida como pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), en la que figuran como acusados hasta 21 ex altos cargos de la Administración autonómica.
Entre los dos expresidentes, el primero en llegar a la Audiencia ha sido Griñán, alrededor de las 11,30 horas, aproximadamente un cuarto de hora antes que Chaves, que ha dado los buenos días a los periodistas a su llegada a la sede judicial.
Los encausados conocerán la sentencia a partir de las 12,00 horas de este martes, en la misma sala judicial, donde han sido citados junto a sus procuradores, para hacerles entrega de un 'pen drive' con la sentencia íntegra, compuesta por unos 1.700 folios, y una copia del fallo en papel.
Antes de Chaves y Griñán, han llegado a la Audiencia de Sevilla otros acusados, como los ex directores generales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, que se encontraban en la sede judicial desde primera hora de la mañana; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román y el ex secretario general técnico Javier Aguado.
De igual modo, después de Griñán y antes que Chaves ha llegado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que también ha saludado a la prensa y ha dicho que está tranquilo al ser preguntado qué espera de la sentencia, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
Por otro lado, antes que los expresidentes también ha llegado a la Audiencia --a la que no ha accedido por la puerta principal-- el juez encargado de redactar la sentencia, el presidente de sala durante el juicio, Juan Antonio Calle Peña, que para su elaboración ha trabajado con periodos de dedicación exclusiva, y al que el pasado miércoles venció la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le concedió al respecto.
Los soportales del edificio de la Audiencia de Sevilla se encuentran acotados por vallas, como ocurrió cuando se celebró el juicio del caso, y en sus aledaños puede verse una significativa presencia de fuerzas de seguridad, con una veintena de agentes y cinco furgones de la Policía Nacional.
Por allí también se ha visto pasar a la jueza Mercedes Alaya, actual magistrada de la Audiencia Provincial y quien comenzó a investigar el caso a principios de 2011, entonces como titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.
CASI UN AÑO DESPUÉS DEL JUICIO
En concreto, a los ex altos cargos procesados, la Fiscalía les acusa de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.
Este 'macrojuicio' quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.
Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.
Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.
De otro lado, los acusados que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.
