Acusan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de modificar puestos incumpliendo sentencias del TSJA y del TS
SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Geólogos de Andalucía (Icoga) denunciará al Gobierno de la Junta de Andalucía por la exclusión de los Licenciados en Geología y otras titulaciones en puestos de trabajo que han sido ofertados en el último concurso de méritos convocado en diciembre de 2018 y que ahora se detraen para cambiar la titulación de acceso, contraviniendo sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el propio Tribunal Supremo (TS).
Según han explicado desde el Icoga, "los puestos, en total una veintena relacionados con la gestión de los recursos hídricos de la comunidad, fueron adjudicados de forma provisional en el procedimiento de concurso y a lo largo del verano se han ido detrayendo alegándose una supuesta modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)".
Desde el Colegio de Geólogos han explicado que esta modificación de la RPT, que aún no ha sido aprobada y que cuenta con la oposición de los sindicatos en mesas técnicas y sectoriales, "se está llevando a cabo y ejecutando en todas sus consecuencias de forma arbitraria, detrayéndose unas plazas con nombres y apellidos de funcionarios cuyo listado se hizo público, lo que supone una serie de irregularidades administrativas".
Según han afirmado, "con esta modificación y detracción de plazas", los nuevos responsables políticos "incumplen a conciencia lo dictaminado para estos puestos concretos por el TSJA y el propio TS, que han sido tajantes a la hora de proscribir que, en esta relación de puestos de trabajo no fueran excluidos profesionales competentes o idóneos, como es el caso de los geólogos en la gestión del agua".
Por este motivo, el Icoga ha considerado que "con esta medida solo se pretende beneficiar a determinados titulados en exclusividad, defraudando nuevamente las sentencias del TSJA y TS y la esencia del propio concurso competitivo".
El Colegio de Geólogos ha explicado que la sentencia promulgada en 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía especifica que "el principio de idoneidad prevalece en todo momento al de exclusión". Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, lo que obligó al entonces Gobierno andaluz a respetar en todo momento el principio de idoneidad en las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de forma que pudieran ser desempeñados por diversos titulados universitarios indistintamente conforme a la RPT y la provisión de las plazas mediante concurso de méritos. "Estas dos ideas son las que, mediante las decisiones que ahora se toman por la Junta, se desconocen y con ello se perjudica a todos los participantes", ha dicho.
El Icoga ha solicitado ser recibido por los responsables de la Consejería afectada para trasladarles estas cuestiones y otras en materia de política hidrológica sin obtener respuesta.
Asimismo, han explicado que los geólogos participan de forma muy activa, debido a su formación y conocimiento de las cuencas y acuíferos en todo lo relacionado con la planificación, explotación, infraestructuras, calidad de aguas y gestión del dominio público hidráulico.
Para ello, invita a revisar los convenios y contrataciones que anualmente realizan las administraciones competentes en materia de aguas en la comunidad, tanto con empresas públicas y privadas, donde participan estos profesionales en puestos de responsabilidad así como con el Instituto Geológico y Minero de España y los Departamentos de Hidrogeología de las distintas Universidades Andaluzas.
La veintena de puestos detraídos o anulados de la convocatoria afectan principalmente a nuevos jefes de servicio de toda la comunidad; un concurso de méritos en donde prima la idoneidad del puesto y que está abierto, entre otras titulaciones, a licenciaturas como la Geología.
Por este motivo y ante "una descarada actuación excluyente e ilegal", el Colegio de Geólogos de Andalucía ha anunciado que actuará política y judicialmente en todos los frentes contra los responsables de esta actuación del Gobierno andaluz y su forma torticera de proceder, suprimiendo puestos en trámite de adjudicación a su conveniencia y desconociendo los derechos de sus funcionarios, cortando la lógica participación y promoción de profesionales competentes en materia de aguas.
