CÓRDOBA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos UGT y CTA con representación en el comité de empresa de Laboratorios Pérez Giménez tienen previsto recurrir el auto del titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, que acuerda "desestimar la adjudicación" de la farmacéutica a Krasfarma, S.L., dado la pretensión de dicha sociedad de pagar a plazos por la farmacéutica y por su intención, además, de hipotecar las instalaciones para financiar dicha compra.
En concreto, los trabajadores se han concentrado este viernes ante el citado juzgado y en dicho acto el secretario general de CTA, Francisco Moro, ha informado de que el comité de empresa va a recurrir el auto, dado que, a su juicio, "esto tiene que tener otra salida porque Córdoba no se puede permitir el lujo de cerrar un laboratorio que es vanguardia en Europa".
Mientras, el delegado del sindicato UGT en Pérez Giménez, José Ruiz, ha subrayado que la empresa contaba "con viabilidad", al tiempo que suponía "un laboratorio puntero en Europa" y en este caso lo han llevado "a la destrucción", ha advertido. Los empleados han culpado de la situación a las administraciones y a los administradores concursales.
Al respecto, el magistrado Fernando Caballero señala, tras la celebración de la 'subastilla' del día 2, que "la única oferta presentada" por los laboratorios fue la de Krasfarma y que consistió, según recoge el propio auto judicial, en ofrecer "la suma de 7.700.00 euros", pero proponiendo pagar "1.100.000 euros en el momento de la escritura, 2.000.000 a los seis meses de la firma de la escritura, 1.000.000 al año de la firma de la escritura, y 3.600.000 al año y seis meses de la firma de la escritura".
Además, "se indicaba en esta oferta que se garantizaba esta suma con la hipoteca que se constituiría sobre las instalaciones, una vez que se adjudique la unidad productiva" a Krasfarma.
Ante esto, en los razonamientos jurídicos del auto se recuerda que en el Plan de Liquidación de la farmacéutica se establecía que "la transmisión de la unidad productiva no conllevaba la subrogación en la parte de los salarios, indemnizaciones y créditos públicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y que, además, la atribución de la unidad productiva se hacía libre de cualesquiera afecciones, cargas y gravámenes".
Es decir, "en el momento de la firma de las escrituras se transmitía la unidad productiva de la concursada a la adjudicataria libre de cargas y ésta (en la oferta presentada) solo habría abonado la suma de 1.100.000 euros, teniendo diferido el pago de 6.600.000 euros".
Además, según señala el juez en su auto, "la adjudicataria anuncia la constitución de una hipoteca --que se convertiría en primera hipoteca--, en detrimento de los titulares de los créditos privilegiados en este procedimiento, sin que exista ninguna garantía --una vez que se ha producido la transmisión de la unidad productiva-- para el supuesto de un posible incumplimiento de la adjudicataria en el pago de los pagos aplazados posteriores".
En consecuencia, "si se produjera el incumplimiento de la adjudicataria, la masa activa del concurso se convertía en acreedora de la suma de 6.600.000 euros frente a la adjudicataria deudora (que habría que reclamar judicialmente), careciendo la entidad concursada del activo patrimonial consistente en la unidad productiva (que además estaría gravado con una hipoteca a favor de una entidad de crédito, que tendría preferencia sobre un posible embargo a favor de la concursada)".
La pretensión de la adjudicataria, según continúa el magistrado, "podría resultar razonable si la transmisión se realizase con subrogación de las cargas hipotecarias. Sin embargo, al tratarse (en el presente concurso) de una transmisión libre de cargas, el precio debe abonarse en el momento de la firma de la escritura".
SIN OFERTAS QUE "CUMPLA LAS EXIGENCIAS"
Por lo tanto y como conclusión, entiende el juez "que no se ha recibido ninguna oferta que cumpla las exigencias del Plan de Liquidación y que pueda ser estimada, por lo que no procede la adjudicación de la unidad productiva, debiendo la Administración Concursal continuar la fase de liquidación por los trámites previstos en el Plan de Liquidación".
Este último punto conlleva, según está previsto en el citado Plan de Liquidación, que ahora la empresa sea vendida por lotes y se proceda a la extinción de los contratos de sus 151 trabajadores, de los que 111 están ahora afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), mientras que 40 siguen trabajando, aunque sin cobrar sus salarios.
De hecho, a los trabajadores de Laboratorios Pérez Giménez se les adeudan, según han precisado sus representantes sindicales, hasta 28 nóminas, razón ésta, unida al hecho de que la empresa no será reflotada por otro dueño y que, además, se procederá a la extinción definitiva de sus contratos de trabajo, que ha llevado a los sindicatos UGT y CTA a convocar una concentración para este viernes ante el Juzgado de lo Mercantil.
