Coinciden así, aunque por distintas razones, con los portavoces de todos los grupos municipales, salvo IU
CÓRDOBA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), han coincidido este jueves en oponerse a la moratoria, para usos turísticos y otros distintos al residencial, que quería aplicar durante un año, en una parte del casco histórico de Córdoba y como medida cautelar, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU).
A este respecto y en rueda de prensa en la Diputación de Córdoba, Fernández ha señalado que, en su opinión, "cualquier tipo de moratoria tiene que venir avalada, primero por el consenso de todas las fuerzas políticas", y ello tras el "diálogo" con el sector afectado y teniendo en cuenta la opinión de quien "verdaderamente arriesga su patrimonio, que son los inversores".
Fernández ha dicho comprender y también reivindicar "la autonomía municipal para poder desarrollar todos sus planteamientos urbanísticos y lo que es la ordenación de su territorio y sus municipios", y así se lo ha trasladado la Junta "a la nueva ministra de Turismo", además de reclamar "una modificación" legislativa con el fin de capacitar a los ayuntamientos para "desarrollar herramientas propias" sobre "la ordenación, no tanto de los establecimientos hoteleros, que son actividad económica y por tanto tienen la capacidad en la licencia, sino para la vivienda de uso turístico".
Ello se hace necesario, según ha recordado el consejero, porquer el anterior Gobierno del PP, en el marco de la Ley de Arrendamiento Urbano, creó "un vacío que no capacitaba ni a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos para plantear ningún tipo de ordenación efectiva".
En consecuencia, para Fernández, "primero" hay que buscar "el consenso con el sector, y segundo hay que plantear una normativa estatal que armonice todas las normativas autonómicas, respetando las competencias propias que tenemos cada una de las administraciones, y después que esa normativa estatal capacite a los ayuntamientos para poder desarrollar instrumentos de planificación propia".
LA ALCALDESA
Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, ha afirmado que "no es el momento de establecer una anulación de todas y cada una de las licencias urbanísticas, ya sean para equipamientos hoteleros, para apartamentos turísticos o para viviendas que quieran pasar a formar parte de esa oferta turística que pueda tener la ciudad de Córdoba".
Las razones para ello, "entre otras", según ha argumentado, se apoyan en el hecho de "no es una competencia exclusivamente municipal", pues, para "ese distinto uso al actual debe existir una colaboración y un entendimiento entre el Ayuntamiento y la propia Consejería".
Tampoco es adecuada dicha moratoria, según ha añadido, "porque estas cuestiones hay que medirlas en el tiempo", ya que "no sería lógico iniciar un trámite que seguramente no va a concluir a finales de este mandato y que va a ser una tarea que se va a encontrar el próximo gobierno (municipal), a partir de mayo de 2019".
Sobre este asunto, según ha precisado la alcaldesa, "hay que establecer un equilibrio y eso es lo que hemos pedido, dejar sobre la mesa una cuestión tan sensible como esta", sobre todo por una cuestión de tiempo y "por delimitación", pues pueden haberse "quedado fuera algunos barrios de la ciudad que forman parte también de nuestro casco histórico y que pueden" resultar también "sensibles a este situación que se está modificando".
Por eso, según ha insistido, "es el momento de dejar sobre la mesa" la moratoria planteada, como medida cautelar previa una modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) para proteger el uso residencial frente al turístico, y así "establecer un periodo de tiempo en el que podamos analizar hacia donde puede caminar la oferta turística que tiene la ciudad de Córdoba", pues, lo que "no se puede es penalizar a todas y cada una de las actividades que puedan funcionar en el casco histórico".
PORTAVOCES MUNICIPALES
Por su parte y en declaraciones a los periodistas previas al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, los distintos portavoces municipales, salvo del de IU, Pedro García, han coincidido con Fernández y Ambrosio, aunque en base a distintos razonamientos, en la oposición a dicha moratoria para los usos turísticos y otros distintos al residencial en parte del casco histórico de la ciudad.
Así, el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente (PSOE), ha empleado el mismo argumentario y llegado a las mismas conclusiones que la alcaldesa para oponerse a la moratoria planteada, mientras que en el caso de Ganemos Córdoba, su portavoz, Rafael Blázquez, tal y como ya defendió su grupo este miércoles, se ha opuesto a la moratoria, pero por considerarla poco ambiciosa, ya que quiere que se aplique a todo el casco histórico.
Por su parte, el portavoz del PP, José María Bellido, ha reiterado este jueves lo ya dicho este miércoles por el viceportavoz popular, Salvador Fuentes, en cuanto a que no se había consultado previamente a la oposición sobre una medida de este calibre, ni tampoco al sector turístico, máxime cuando, además, no se dispone de un censo concreto de viviendas y apartamentos turísticos, a los que afectaría la moratoria.
En parecidos términos se ha expresado, como también hizo este miércoles, el portavoz de Cs, David Dorado, advirtiendo que la moratoria pretendida no evitaría, en la práctica, la proliferación de viviendas turísticas, y en cambio que sí que afectaría negativamente a los hoteles, que son los que crean empleo, mientras que el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, ha calificado de globo sonda la moratoria anunciada, y ha criticado que se anunciara sin consenso previo.
Por su parte, el portavoz de IU y presidente de la GMU, Pedro García, ha insistido, como ya hizo este miércoles, en que, tanto la moratoria, ahora retirada, como la formulación planteada para la innovación del Pepch, solo buscan algo en lo que todos los grupos dicen estar de acuerdo, la protección de los residentes del casco histórico frente a la gentrificación que provoca la excesiva presión del turismo.
