GRANADA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) apuesta porque la Ley Antibotellón clarifique las actividades propias del fenómeno social que motiva el botellón y que los Ayuntamientos aclaren cuáles son las "zonas prohibidas" y "zonas permitidas" para realizar las concentraciones, lo que podría generar a juicio del CCA "graves problemas de aplicación".
El pleno del Consejo debatió en una sesión celebrada hoy el "Anteproyecto de Ley sobre potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía", remitido al efecto por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
En su dictamen, el CCA sugirió que se adopte una "técnica de delimitación positiva" de los lugares en que se pueda desarrollar este tipo de ocio, al tiempo que especifica que la prohibición del aprovisionamiento de bebidas para el consumo en espacios abiertos debería ser objeto de "una mayor precisión" en la Ley para saber si tal prohibición incluye el abastecimiento gratuito o del autoabastecimiento.
La atribución a los alcaldes de la potestad sancionadora puede plantear "supuestos de duda e inseguridad", según el Consejo Consultivo, cuando sean varios municipios afectados por las diversas prohibiciones establecidas en el Anteproyecto.
Además, sugirió al legislador "una más precisa configuración de las prohibiciones acorde con el espíritu y finalidad de la Ley", tal y como se delimita expresamente en la propia Exposición de Motivos.
En el dictamen, el CCA apreció la suficiencia competencial de la comunidad autónoma para dictar la referida norma, destacando entre los títulos competenciales, el relativo a la competencia exclusiva sobre deporte y ocio, el referido al régimen local y los que inciden sobre la sanidad e higiene en el medio ambiente.
El procedimiento seguido por el Gobierno andaluz en la elaboración del Proyecto de Ley fue valorado por el CCA como "correcto y acorde" a las exigencias legales reglamentarias exigibles al proceso de elaboración de las normas generales, habiéndose evacuado las oportunas consultas y los informes y dictámenes "efectivos y exigibles".
El Consejo Consultivo de Andalucía propuso finalmente una revisión de algunos términos utilizados de "forma imprecisa y equívoca" en el dictamen, que será remitido inmediatamente al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su posterior aprobación por el Parlamento.
