Convalidado un decreto para adaptar la Ley sobre protección de consumidores de hipotecas a normativa estatal

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, defendiendo un decreto ante la Diputación Permanente
El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, defendiendo un decreto ante la Diputación Permanente - PARLAMENTO ANDALUZ
Publicado: jueves, 9 enero 2020 14:53

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este jueves el decreto-ley 5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la ley de 9 de junio, con el fin de proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. Así, se ajusta a la norma estatal, reformada por exigencias de Bruselas, garantizando la plena seguridad jurídica.

El decreto, que ha defendido ante la Diputación Permanente el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha contado con el respaldo del PP-A, de Ciudadanos (Cs) y de Vox, mientras que los grupos parlamentarios del PSOE-A y Adelante Andalucía lo han rechazado. Seguidamente, con los votos contrarios, se ha rechazado tramitar el decreto como ley.

Aguirre ha destacado que "es necesario solventar esta situación de incertidumbre de manera que la información precontractual a facilitar a los prestatarios sea homogénea, en aras de la unidad de mercado, de tal forma que puedan valorar adecuadamente las diferencias entre unas ofertas y otras en todo el territorio español".

De igual manera, el titular de Salud y Familias considera que "con esta convalidación también se elimina la falta de seguridad jurídica generada en los consumidores y en las empresas prestamistas hasta hoy en cuanto a la aplicación de la ley andaluza, la vigencia de parte de su articulado y la posible duplicidad de menciones que existía, teniendo en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de hipotecas formalizadas, unas 60.000 al año".

Para posicionar al PSOE-A, la diputada Rosa Aguilar ha criticado que este decreto modifica una ley que fue aprobada en el Parlamento "con consenso y diálogo", así como que se refiere a una Ley estatal publicada en junio, de ahí que entienda que "desde entonces hasta ahora ha habido tiempo, si hubiera habido voluntad política, para dialogar e intentar buscar la unanimidad", cuando, además, ha criticado que "hay una nula participación de las asociaciones de consumidores". "No quieren legislar, quieren gobernar a golpe de decreto", ha afeado a la Junta.

José Antonio Nieto, portavoz parlamentario del PP-A, ha respondido a las críticas del PSOE-A y Adelante a cuenta de que la Junta use la figura del decreto reprochándoles que el Gobierno central de Pedro Sánchez también ha procedido así en reiteradas ocasiones, mientras ha defendido el decreto porque "no se puede perder más tiempo para que los andaluces que firmen una hipoteca no tengan las mismas condiciones que en el resto de España" y para que tengan "las mejores condiciones posibles a la hora de firmar".

El portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha resaltado que el decreto a debate "canaliza" la protección de los consumidores, "regulando la transparencia" que se les debe dar a estos trámites y "terminando con la inseguridad jurídica" existente, a la par que ha puesto en valor la "diligencia" de la Junta para la puesta en marcha de esta norma que, entre otras cosas, "acaba con la duplicidad en determinadas cuestiones".

En nombre de Adelante, el portavoz adjunto, José Ignacio García, ha alertado de que "abusar" de la figura del decreto "no es garantista", más en un asunto "esencial" como es la vivienda, toda vez que entiende que esta forma de proceder responde a que "hay cierto interés en que no se debata" sobre "un problema social de primer orden". Ha pedido una ley "donde todos podamos aportar" porque el decreto es "insuficiente" y "no dibuja un horizonte de justicia".

Por último, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha advertido de que "puede parecer que la solución y el problema en este asunto se retroalimenta" porque, a su juicio, "hay un exceso de regulación" y que este "puede ser un supuesto donde eso se manifiesta", aludiendo a la norma estatal, si bien cree que por su urgencia "procede la convalidación" del decreto ley objeto de debate.

EL DECRETO

El decreto actualiza la normativa autonómica para solventar la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica generadas tanto en los consumidores como entre las empresas prestamistas respecto de la aplicación de la reformada Ley 3/2016 en una comunidad autónoma que pasa por ser la que cuenta con un mayor número de hipotecas formalizadas.

En este sentido, el decreto ley revisa la vigencia de la parte de su articulado afectada, los nuevos documentos de información que se establecen y ha puesto el foco en la duplicidad de menciones recogidas en los documentos referentes a la norma andaluza y la normativa básica estatal. Entre los aspectos adaptados, se tratan algunos específicos como la información precontractual, obligaciones de comunicación, información y documentación, publicidad, evaluación de riesgos o solvencia.

De forma más pormenorizada, destaca la adaptación en el artículo 4 de la inclusión como vivienda de cualquier inmueble que tenga uso residencial. Se incluye asimismo como empresas prestamistas a toda persona física o jurídica que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de los préstamos hipotecarios sobre una vivienda. De igual manera se integran como servicios de intermediación todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad comercial relacionada con la extensión de contratos de préstamos hipotecarios.

Respecto al artículo 8.1 de la citada ley, se ha dictado la inclusión en la documentación de entrega preceptiva a los consumidores de la normativa europea y de otros documentos de diversa índole vinculados a condiciones de garantías, copia del proyecto de contrato e información sobre gastos, entre otros.

En cuanto al aspecto contractual, se incluye que el deudor deberá estar informado previamente de la responsabilidad sobre todos sus bienes, tanto presentes como futuros, sin tener opción de poder dar en pago el inmueble hipotecado en garantía del préstamo.

Sobre información previa al consumidor, las empresas prestamistas quedan sujetas a la obligación de ofrecer a los afectados toda la información personalizada que necesita de cara a poder efectuar las comparativas que requieran de los préstamos disponibles en el mercado.

Por último, destacar que, de no formalizarse el préstamo hipotecario, las empresas prestamistas o intermediarios deberán conservar toda la documentación por un plazo de cuatro años.

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