La ONG asesora de la Unesco culpa a la Junta y al Ayuntamiento de las parcelaciones ilegales y les conmina a solucionar el problema
CÓRDOBA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), ONG que asesora en materia de patrimonio histórico, cultural y natural a la Unesco, cree "prioritario y urgente restituir la legalidad urbanística" en el entorno protegido del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en la capital cordobesa, en la actualidad rodeado de viviendas ilegales.
Así se indica en el informe realizado a lo largo del último año y difundido por el Comité Español de Icomos, en el que hace una serie de recomendaciones a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba, a los que conmina a solucionar el problema que, por su "dejación de funciones", se ha creado con la proliferación, desde finales de los 80 del pasado siglo, de parcelaciones y construcciones ilegales en torno a la antigua ciudadela califal del siglo X, y ello a pesar de que tales viviendas contravenían en todo momento la normativa y el planeamiento urbanístico aplicable.
Así, en el informe de Icomos se recomienda, en primer lugar, "que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, asuma de una vez su responsabilidad en la degradación del territorio andaluz a través del control de las parcelaciones ilegales". Para ello se sugiere, además, "que se controle mejor y se impida la incorporación de los servicios básicos a través de actitudes y acciones serias y contundentes, conminando a que los ayuntamientos", como el de Córdoba, "no surtan del servicio de agua y alcantarillado, y a las compañías eléctricas, para que no faciliten enganches a sus redes".
En cuanto al conjunto arqueológico objeto de este informe, que está declarado, junto con su entorno, Bien de Interés Cultural (BIC), Icomos llama a la citada restitución de la legalidad urbanística en su entorno, "incluyendo obviamente la del Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra, de forma que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que los valores públicos que defiende el urbanismo democrático, especialmente en el ámbito espacial de bienes culturales excepcionales, debe primar sobre los intereses privados".
"Estos intereses privados --prosigue el informe de Icomos-- han de conocerse, evaluarse y salvaguardarse en todo aquello que no vulnere la legalidad urbanística y patrimonial vigente. Además, en toda negociación con los parcelistas no se aconseja la falta de generosidad de las instituciones públicas, pero se recomienda que no tengan el mismo trato (fiscal, valoraciones, etcétera) que tendría cualquier otro ciudadano que hubiese construido conforme a la legalidad".
NO PREMIAR A LOS ILEGALES.
En consecuencia, para la ONG asesora de la Unesco, "se debe resolver el conflicto, pero no premiar a las personas que actúan al margen de la legalidad y normativa urbanística, como sucede a menudo ante las denominadas situaciones consumadas. Las personas que edificaron de forma irregular no pueden ampararse en que se trate de un proceso antiguo o de falta de transparencia municipal".
A este respecto, en el informe de Icomos se afirma que "el Ayuntamiento de Córdoba ha dado muestras, desde hace años, de que facilita toda la información pertinente en materia urbanística que le es solicitada y no se le puede tachar de institución diletante o poco diligente en materia urbanística, salvo en el control de las urbanizaciones ilegales, que, además, fue más efectivo en los últimos 80 y primeros 90 que en la segunda mitad de ese último decenio y en parte del actual".
Junto a ello, Icomos recomienda a la Junta de Andalucía, y sobre todo a la Consejería de Cultura, "una actitud más abierta y comprometida respecto a la gestión del entorno de Madinat al-Zahra", ya que, "no es aceptable que, cuando una de las partes requiere encontrarse para tratar sobre posibles soluciones, la Administración pública autonómica se inhiba", lo cual "es especialmente grave cuando fue la propia Delegación de Cultura de la Junta en Córdoba la que inició la llamada de atención al Comité Nacional de Icomos".
Lo que ocurre en este caso, según Icomos, es que "la misma Administración posee dos actitudes muy distintas: bien se trate de la provincial, más cercana y sensibilizada, bien de la central, más lejana y poco interesada en uno de los procesos que no sólo degradan Madinat al-Zahra, sino a muchos paisajes de hondo carácter cultural en toda la comunidad. La Consejería de Obras Públicas, si bien ha demostrado mayor interés en participar en reuniones para tratar este asunto, no puede dejar de afrontar su responsabilidad en la tutela y control del urbanismo en la comunidad".
En consecuencia, y en función de lo expuesto, Icomos "urge a las instituciones responsables a establecer una mesa de resolución conjunta del conflicto de las parcelaciones ilegales, satisfactoria para los intereses públicos y siempre en el marco de la legalidad vigente. Esta mesa debería establecer un calendario de actuaciones que iniciase sus trabajos en un plazo razonable de dos meses".
EQUIPO TÉCNICO DESDE 2004.
Se da la circunstancia de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba acordaron en junio de 2004 la creación de un equipo de técnicos, de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y de las delegaciones de Obras Públicas y Cultura de la Junta, para que, sin límite de tiempo, pudieran ofrecer propuestas que den salida a la situación de las parcelaciones ilegales de Medina Azahara.
Hace ya casi tres años y medio y en rueda de prensa, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), y el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, quienes siguen ocupando tales cargos, anunciaron que dicho equipo de técnicos tenía como finalidad ofrecer "soluciones ajustadas a derecho, que permitan acabar con la amenaza urbanística que se cierne sobre el conjunto arqueológico de Medina Azhara".
Desde entonces y hasta ahora no trascendido públicamente que dicho equipo de técnicos haya propuesto soluciones y, de hecho, los enfrentamientos por esta cuestión desde entonces, entre responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento, han sido tan evidentes que así han quedado reflejados también en el informe de Icomos.
ULTIMAS ACTUACIONES.
Así, en el apartado del informe de Icomos denominado 'Últimas actuaciones', se asegura que, "desde 2005, el ambiente de crispación crece a medida que también se ralentizan, que no se detienen, los procesos de construcción" de las parcelaciones ilegales en el entorno de Medina Azahara.
Por otro lado, "se hace patente un cambio de actitud en el Ayuntamiento respecto a las parcelaciones cuando, en el Pleno municipal del 5 de octubre del mismo año, se aprueba una moción de IU y del PP para solicitar de la Junta de Andalucía que se modificase la delimitación de Madinat al-Zahra, para dejar fuera de la misma, y en consecuencia de la tutela cultural autonómica, el terreno de las parcelaciones ilegales Córdoba La Vieja, el Cercado de las Pitas y La Gorgoja II".
Se aprecia, pues, "la voluntad de regularizar las parcelaciones ilegales, o de iniciar un proceso encaminado a ello, lo cual, no obstante, hubiera seguido contraviniendo, caso de haberse aceptado la modificación, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Córdoba".
En esta línea, "días más tarde, el 11 de octubre, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba aprueba con carácter inicial un Plan Especial para dotar de servicios urbanísticos a la parcelación de las Pitas. Esta acción se realiza a pesar de que tal proyecto no sólo es contrario al citado PGOU, sino también al Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra y a lo dispuesto en las leyes de protección del patrimonio histórico español y andaluz".
