CÓRDOBA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La delegada de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, presidió hoy la reunión del Consejo Provincial de Consumo e informó de que desde enero a noviembre el Servicio de Consumo ha gestionado más de 1.900 reclamaciones y denuncias, la gran mayoría correspondientes al sector servicios, seguido de productos industriales y alimenticios.
Según informó la Junta en un comunicado, las causas más frecuentes son problemas con los sectores de las telecomunicaciones, minoristas, servicios esenciales, transportes, además de hostelería y turismo. Asimismo, el Teléfono del Consumidor ha recibido 2.482 llamadas, de las que las más numerosas estaban relacionadas con vivienda, servicio de comunicaciones y productos de inversión.
Ambrosio explicó que se han llevado a cabo 27 campañas de inspección, en las que se han hecho 1.479 actuaciones. Se han llevado a cabo en establecimientos de productos alimenticios, productos industriales y de prestación de servicios.
También hay que destacar la búsqueda de productos --industriales y alimenticios-- que no cumplen las normas de un producto seguro para el consumidor. Una vez que se analizan e identifican los accidentes que han provocado estos productos, se incluyen en la Red de Alerta para su localización y posterior retirada del mercado. En este sentido se han llevado a cabo más de 11.000 actuaciones con juguetes, fuentes de iluminación o electrodomésticos.
Como consecuencia de la actividad inspectora en 2008 se han iniciado 175 procedimientos sancionadores y 138 apercibimientos a las empresas informándoles de las normas que incumplen y proponiendo su corrección.
Asimismo, el Servicio de Consumo ha realizado este año diversas actividades de formación como seminarios dirigidos a técnicos, y asociaciones de consumidores; una jornada dirigida a la tercera edad y otra para los policías locales sobre la red de alerta.
El Consejo Provincial de Consumo es un órgano integrado por las asociaciones de defensa de los consumidores, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), además de la Administración autonómica; y tiene diversas funciones como la de mediación y arbitraje tendentes a resolver los posibles conflictos entre el consumidor y el empresario y la formación a ambos para evitar posibles litigios.
