CÓRDOBA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministerio público pide dos años y cuatro meses de cárcel para A.J.G.C. acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave después de que supuestamente ocasionara la muerte de un hombre tras colisionar el turismo que conducía con una pierna escayolada. El juicio se celebra hoy en el Juzgado de lo Penal número dos de Córdoba.
Según la calificación provisional del fiscal, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del día 3 de diciembre de 2005, a la altura del kilómetro 31,500 de la carretera A-318, del término municipal de Lucena (Córdoba), cuando el acusado conducía el turismo de su padre a velocidad superior a lo permitido y con la pierna izquierda escayolada.
El fiscal añade que "a causa de esta forma de conducción, el acusado no tuvo reflejos suficientes para frenar a tiempo" y evitar la colisión con otro vehículo que iba conduciendo la víctima y que tras salir de un camino terrizo cruzaba la carretera por línea discontinua para incorporarse al sentido de circulación contrario al seguido por el vehículo conducido por el acusado.
De esta manera, el vehículo colisionó contra el del fallecido partiéndolo en dos partes, lo que provocó la muerte de su conductor y lesiones graves en otro de los ocupantes del mismo. Por otra parte, la calificación señala que practicada al acusado la prueba de aire espirado para la determinación del grado de impregnación alcohólica tres horas después del accidente dio como resultado 0,08 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
No obstante, analizadas también por el Instituto Nacional de Toxicología las muestras tomadas en la autopsia practicada al fallecido, se obtuvo un resultado equivalente a la presencia de 1,14y 1,38 gramos de etanol por litro de sangre.
Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave, por lo que pide para el acusado una pena de dos años y cuatro meses de prisión, además de la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cuatro años y ocho meses.
