SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) va a pedir, a través de una proposición no de Ley (PNL) en la Cámara andaluza, que se impulse un cambio normativo para que se establezca la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos por los delitos que hayan cometido en el desempleo de sus obligaciones o servicios sus miembros.
En concreto, la iniciativa, a debatir en el próximo Pleno del Parlamento, y recogida por Europa Press, insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez inste al Gobierno nacional en este sentido teniendo en cuenta que "la lucha contra la corrupción política debe ser una máxima en la tarea de los poderes públicos".
Ciudadanos señala que los episodios de corrupción política "no solo han sido causa de gran parte de la pérdida de confianza de los ciudadanos respecto a sus representantes políticos, sino que han provocado, de forma evidente, la pérdida de recursos económicos para las arcas públicas".
En concreto, hace referencia al caso de los ERE de Andalucía, en el que, a pesar de haber resultados condenados dos expresidentes y varios consejeros del Gobierno de la Junta de Andalucía, "la recuperación de las cantidades defraudadas se ven en peligro, al haberse retirado la Junta de Andalucía de la acusación particular en el procedimiento", sumando un monto total de 680 millones de euros y quedando 164 piezas separadas por juzgarse.
Según ha indicado, "no se trataba de un caso aislado" ya que la sentencia afecta a 21 ex altos cargos, de los que seis eran consejeros y dos expresidentes, y pone el acento en que se trató de "una trama que utilizó el dinero público de los ERE para clientelismo y beneficio de entornos próximos". La formación naranja ha advertido de que "solo se han recuperado seis de los 680 millones malversados".
Cs afirma que "la lucha contra la corrupción política debe ser una máxima en la tarea de los poderes públicos y además debe ir acompañada de la consiguiente recuperación de las cuantías económicas sustraídas del erario público mediante actuaciones ilegales". Además, insta a que los partidos políticos mejoren sus mecanismos de anticorrupción mediante funciones preventivas y de control.
