CTA pide que la Fiscalía investigue a empresas que contratan a jornaleros por la mitad del sueldo de convenio

El líder de CTA en Córdoba, Francisco Moro
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 9 diciembre 2014 18:45

BAENA (CÓRDOBA), 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CTA ha exigido este martes al Gobierno de la Nación "que se abra una investigación, a través de la Fiscalía", sobre la actividad de "empresas ficticias" en el campo cordobés, que están contratando a jornaleros para las campañas de la aceituna y de la naranja por menos de la mitad del sueldo diario estipulado en el convenio.

Así lo han denunciado públicamente este martes, en rueda de prensa en Baena (Córdoba), uno de los municipios olivareros de la provincia, el secretario general de CTA en Andalucía, Francisco Moro, y el secretario local de CTA en Baena, Antonio Rodríguez, asegurando que dichas "empresas ficticias, que tienen la cobertura legal ante la Inspección de Trabajo de otras empresas de trabajo temporal, están bajando los precios de recolección casi a la mitad de los precios que cobran las empresas que respetan el convenio colectivo".

Dichas empresas intermediarias, según ha subrayado Moro, "aprovechándose de la necesidad que existe hoy en el campo, están llegando a pagar sueldos de 20 euros al día e inferiores incluso, muy por debajo de los 43 que para la aceituna o de los 47 que para la naranja establece el convenio".

Esto, además, "también hace que se dé una situación de competencia desleal con las empresas que están pagando bien, por lo que, de persistir la situación, estas últimas tendrán que abandonar el mercado y la mano de obra se quedaría sometida a la mafia que especula con los sueldos y con la Seguridad Social".

Por ello y también para exigir al Gobierno que, ante la baja cosecha de aceituna que se prevé, este año no se exija un número de peonadas mínimo para tener derecho al subsidio agrario, CTA ha convocado una manifestación para el próximo día 12 de diciembre, a las 19,30 horas, que discurrirá, en la capital cordobesa, entre la Puerta de Gallegos y la Subdelegación del Gobierno central, para reclamar al Gobierno de la Nación "que se abra una investigación, a través de la Fiscalía, mediante la que se depuren las responsabilidades a las que hubiere lugar, por un presunto delito en contra de los derechos de los trabajadores".