JAÉN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia e Interior organiza hasta este miércoles en Jaén un curso que aborda el tratamiento normativo y social de los menores inmigrantes, y que persigue mejorar la atención que presta el personal de las administraciones públicas y las organizaciones que trabajan en el campo de la inmigración y la interculturalidad.
En una nota, la Junta ha explicado que este curso forma parte de un programa que lleva a cabo dentro del proyecto europeo 'Forinter' y en colaboración con la Universidad de Jaén (UJA), con el objetivo de "mejorar los conocimientos del personal de las administraciones públicas y las ONG sobre los procesos migratorios, la legislación en materia de extranjería y las políticas de integración de la población inmigrante en Andalucía".
En torno a una treintena de personas participa en este curso que tiene lugar en el Aula de Formación del Edificio 112 de la capital jiennense, donde, entre otros aspectos, se analizan los cambios normativos en el ámbito de los menores y jóvenes inmigrantes, la intervención en el ámbito educativo y el tratamiento normativo del tránsito de la minoría a la mayoría de edad en la población extranjera.
Los objetivos del curso son, fundamentalmente, "proporcionar a los empleados públicos y de ONG conocimientos generales para la detección de menores inmigrantes, las políticas y la legislación vigente que regula su situación en España y las experiencias integradoras que se llevan a cabo con ellos en los ámbitos educativo y sociolaboral".
El programa formativo 'Forinter' se está desarrollando hasta noviembre en las ocho provincias de la comunidad con un total de 240 plazas y con el propósito de "transmitir una actitud positiva hacia el fenómeno de la diversidad humana en general y de los procesos migratorios en particular, mejorar los conocimientos sobre la interculturalidad y la gestión de la diversidad y proporcionar actitudes y habilidades que contribuyan a mejorar el ejercicio profesional en los diferentes ámbitos de trabajo, con referencia especial a la realidad andaluza".
La Junta se propone así dotar de competencias en interculturalidad a aquellas personas de los distintos niveles y áreas de la Administración pública --sanidad, educación, empleo, bienestar social, justicia, seguridad y protección, fundamentalmente-- y de otros colectivos profesionales que trabajan, de manera directa o indirecta, con la población inmigrante.
Esta iniciativa se suma a otras actuaciones y medidas que la Junta está promoviendo a través del III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, aprobado en septiembre, que supone "el impulso de un marco destinado a favorecer la igualdad real y el intercambio cultural entre todos los ciudadanos que conviven en la comunidad autónoma".
El plan se propone "seguir avanzando en la mejora de la atención a esta población a través de una más eficaz gestión de la diversidad que promueva un enriquecimiento cultural, social y económico para la sociedad andaluza". Para ello, la nueva planificación incide en aspectos como el acceso a la educación, al empleo, a una vivienda digna y a los recursos y servicios público.
VALORACIÓN DE LOS CURSOS
Según datos difundidos por la Junta, el 67 por ciento del alumnado que participó en los cursos del año pasado considera que se han cumplido "mucho o bastante" sus expectativas de profundizar en el conocimiento sobre esta materia, según una evaluación externa de esta.
En cuanto al tipo de actividades en la que han empleado los conocimientos adquiridos en los cursos, el 75,4 por ciento señala que en la atención directa a la población inmigrante, mientras que un 38,6 por ciento los han utilizado para el diseño de actividades y proyectos, y el 22,8 por ciento para la ejecución de programas.
En los cursos impartidos durante 2013 se analizó el marco jurídico de las normas que inciden sobre la población de origen extranjero, las diferentes formas de trabajo que se llevan a cabo para orientar a la práctica jurídica en el campo de la interculturalidad y la inmigración; el régimen jurídico aplicable a los refugiados, la garantía de los derechos fundamentales de menores y mujeres, el Reglamento de Extranjería, la figura de la reagrupación familiar para la población inmigrante y la atención a menores.
