JAÉN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de La Guardia (Jaén), Juan Morillo (PP), y los cinco concejales 'populares' en dicho ayuntamiento han prestado este martes declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén como imputados por un presunto delito de malversación de caudales públicos que habrían cometido debido al cobro de una serie de dietas entre los años 2007 y 2013.
Esta citación se deriva de una denuncia interpuesta por el partido Urbanizaciones Unidas de La Guardia (UUG) que llevó en octubre al fiscal jefe de Jaén, Carlos Rueda, a solicitar que se incoasen diligencias previas para investigar si el alcalde de La Guardia y los cinco ediles 'populares' --Rosario Alcántara, Isabel Contreras, José Luis García, Ángel Jesús Morillo y Josefa Martínez-- pudieran haber cometido dicho delito al haber estado "percibiendo dietas y gastos de locomoción desde 2007 de forma irregular (...), habiendo percibido desde 2007 a 2013 la cantidad total de 80.574,86 euros".
Pese a que, según han informado fuentes judiciales, tanto el alcalde como los concejales del PP permanecen imputados por dicho supuesto tras comparecer en el citado juzgado, el alcalde de La Guardia ha defendido este martes, en declaraciones a Europa Press, que "no hay caso".
Así, y tras opinar que su declaración "ha ido bien" porque al juez "se le ha dejado claro cómo se actúa" en el Ayuntamiento, ha señalado que lo que hay detrás de este caso es "una rabieta malintencionada" de UUG, que interpuso una denuncia "a sabiendas de las cosas se están haciendo bien" en el Ayuntamiento, también en lo relativo al cobro de dietas, en lo que el Consistorio se rige "por la Ley de Bases de Régimen Local" y no por el mecanismo que regula las dietas de funcionarios públicos, según ha expuesto.
En ese sentido, Morillo ha culpado a UUG de "tratar de confundir" a este respecto y de buscar el "desgaste" del equipo de gobierno presentando demandas de las que "únicamente le interesa que se difundan por los medios de comunicación". "La prueba es que en este caso el denunciante --la referida formación política-- no se ha personado porque tenía que pagar 1.000 euros" para ello, según ha añadido el alcalde.
También ha expresado la "preocupación" que le "empieza" a producir el hecho de que las demandas por las que ha tenido que ser citado "siempre vayan al Juzgado de Instrucción número 1" de la capital jiennense, si bien no ha añadido a qué cree que podría deberse esa circunstancia, al tiempo que ha defendido que "la Justicia tiene que investigar".
Así las cosas, el primer edil ha tachado de "impresentable" la actitud del portavoz de UUG, Luis Salazar, y ha subrayado que "en ocho años" entre el PSOE y dicha formación --ambas en la oposición del Ayuntamiento-- han presentado "88 demandas" contra su equipo de gobierno, de las que "ninguna ha prosperado", y "en muchos casos incluso sus denunciantes han sido condenados a costas", según ha enfatizado.
En esa línea, ha hablado de "persecución política" por parte de una oposición que "no asiste a los Plenos" y que "remite sus preguntas al juez para que éste se las traslade al alcalde", lo que le hace "perder credibilidad".
De igual modo, ha restado importancia al hecho de comparecer como imputado porque eso no impide que la causa pueda "cerrarse antes" de que se abra juicio oral, y ha opinado además que, en este caso, la vía jurídica más apropiada para dirimir la supuesta irregularidad cometida en el cobro de dietas habría sido "la contencioso-administrativa" y no la penal.
"CASO DE CORRUPCIÓN INÉDITO"
Por su parte, UUG ha calificado en un comunicado este asunto como "un caso de corrupción inédito en la provincia de Jaén", porque "todo un equipo de gobierno ha sido imputado", y ha instado al PP a que "impida que sus filas acojan a estos 'personajes'".
"No es de recibo que el Partido Popular ondee la bandera de la lucha contra la corrupción, y se estén dando estos hechos en sus propias 'narices' sin que den una explicación al respecto", añade UUG en una nota en la que lamenta que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial "inexplicablemente, estimó un recurso de apelación" del alcalde el pasado verano por otro caso en el que "se le había abierto juicio oral por un presunto delito de prevaricación y el fiscal había solicitado mediante escrito de acusación la inhabilitación por siete años" del regidor.
Así las cosas, esta formación exige que "en aras a la transparencia y a los propósitos de lucha contra la corrupción que preconizan", los responsables provinciales del PP "apliquen la fórmula de 'contra la corrupción, tolerancia cero', y expliquen cómo una persona como el señor Morillo García puede representar a un partido como el Partido Popular después de hechos como estos y los que saben que están por venir".
DECRETO DE FISCALÍA
Cabe señalar que en su decreto emitido en octubre al respecto del caso del cobro de dietas, el fiscal jefe de Jaén concluyó que "de la documentación aportada aparece indiciariamente acreditado que el alcalde de La Guardia y los concejales del Grupo Popular han venido reclamando y percibiendo indebidamente del Ayuntamiento y con cargo a sus presupuestos durante los años 2007 a 2013, determinadas cantidades de dinero en concepto de media dieta sin que hubiera derecho a ello al no justificarse en ningún caso que las gestiones por ellos realizadas cumplieran con los requisitos exigidos por el artículo 12 del RD 462/2002 --sobre indemnizaciones por razón del servicio-- para su percepción".
Dicho artículo establece como "criterios para el devengo y cálculo de las dietas" el que "en las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en general no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni de manutención salvo cuando, teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie entre las 14 horas y finalice después de las 16 horas, supuesto en que se percibirá el 50 por 100 del importe de la dieta por manutención".
El fiscal entendía que dichas disposiciones "son de aplicación igualmente a los miembros de las Corporaciones Locales", y constataba que en "las relaciones de viajes oficiales realizadas por los miembros del Ayuntamiento de La Guardia denunciados (...) en ningún caso está justificado el cobro de la media dieta".
Así, señalaba que aunque "no se hace constar nunca la hora de finalización de la gestión encomendada (...), las gestiones que en ellas se relacionan se han desarrollado en algunos casos en organismos públicos o en entidades crediticias, en las que su horario de atención al público es sólo por la mañana y en otros en asistencia a inauguraciones, presentaciones, encuentros, jornadas, reuniones, etc., que es fácil comprobar que se han celebrado sólo en horario de mañana o de tarde, por lo que siendo La Guardia un municipio muy próximo a Jaén no resulta acreditado el requisito para percibir el importe de media dieta de haber finalizado después de las 16,00 horas".
