SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La representación procesal del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, acusado junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha criticado las "contradicciones" expuestas por la Fiscalía y la acusación popular del PP-A durante su actuación procesal en la causa de los ERE.
Así lo recoge el abogado defensor Alfonso Martínez del Hoyo en un escrito de impugnación, con fecha de 13 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por el que excluía a Antonio Fernández de la pieza separada que investiga las ayudas dadas a Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa)-Primayor.
El abogado, como primera alegación, señala "la reiterativa exposición de argumentos
y contumaz insistencia en plantear ante la Sala un debate estéril: alegaciones ya ponderadas y cuestión de fondo resuelta por el tribunal de apelaciones", la Sección Séptima de la Audiencia, encargada de resolver los recursos de las piezas separadas.
"Insiste la Fiscalía en someter a la Sala una cuestión ya ventilada y resuelta, pues se pretende combatir la exclusión de Antonio Fernández reconociendo de entrada que el Juzgado basa su decisión en 'las resoluciones estimatorias de la Sección
Séptima de la Audiencia'", expone Martínez del Hoyo.
En este punto, indica que "choca la incongruencia del planteamiento: el Ministerio
Público recurre en apelación una y otra vez ante la Sala buscando que ésta corrija al órgano instructor y revoque las resoluciones que aquel ha dictado en aplicación del criterio marcado por la propia Sala".
"El Ministerio Público persiste en ignorar todos los pronunciamientos de la Sección Séptima, referentes a Fernández y a otros investigados en la pieza política y piezas separadas, los cuales vienen a conformar un auténtico 'cuerpo de doctrina' que el órgano instructor sigue", añade el abogado en su escrito de impugnación.
A juicio del abogado de Fernández, resulta "particularmente insidioso que por parte del fiscal se insista en imputar a esta Sección Séptima un no justificado 'cambio de criterio'". Los pronunciamientos de esta Sala "han sido perfectamente coherentes y en el mismo sentido, sin fisuras y alzaprimando la protección de los derechos invocados por los justiciables indebidamente llevados a aquellas piezas tras su sometimiento al juicio por la pieza política".
"Si fuese cierto como se alega en el recurso del Ministerio Público, que el fiscal acusa en el juicio en curso a los 22 ex altos cargos de la Junta sólo por la procura del crédito presupuestario --procedimiento específico de concesión-- y no por su consiguiente aplicación al gasto --concesión y pago de ayudas--, ¿cómo es posible entonces que en ese juicio acuse a algunos por prevaricación-malversación y les exija
responsabilidad civil, y a otros les acuse sólo por prevaricación (como Manuel Chaves) pero sin deducción de responsabilidades civiles?".
El argumento de la parte recurrente no se sostiene, y el Fiscal "sabe muy bien que la realidad es que en su momento llevó a sus últimos términos la delimitación objetiva del proceso que a través de un clarísimo relato de hechos indiciarios y no hay duda sobre que el Ministerio Público acusó a Fernández por su participación en los actos tendentes no sólo a la procura del crédito (diseño, implantación y mantenimiento del
'procedimiento específico'), sino también a su gasto y ejecución (concesión y pago de ayudas)".
"Como en el fondo el Ministerio Fiscal conoce y asume en el juicio por la pieza política es donde se les van a exigir a los acusados todas sus eventuales responsabilidades relativas tanto al procedimiento como a la concesión de
ayudas, no en vano, y junto a la de prevaricación, se sostiene una acusación de malversación por el importe total de los fondos públicos gastados en ayudas", indica Martínez del Hoyo.
Y tal situación es "el resultado directo e inmediato de previas decisiones procesales libérrimamente adoptadas por dicha acusación", señala en su escrito, en el que apunta que "la radical contradicción a que se llega por parte del Ministerio Fiscal" se refleja cuando en sus recursos afirma que en el juicio de la Sección Primera no se enjuicia a Fernández por sus acciones relativas a la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas, pero en las sesiones de la vista oral introduce,
como material probatorio de cargo, aspectos que materialmente conciernen a tales conductas, exponiendo Martínez del Hoyo ejemplos de preguntas a acusados y testigos sobre ayudas concretas.
ACUSACIÓN DEL PP-A
"Especial" mención merece para la defensa de Fernández la posición adoptada por la acusación popular que ejerce el Partido Popular, pues a su instancia la extensísima declaración sumarial del exconsejero fue objeto de íntegra y pública lectura en juicio, aún cuando declaró en el acto del juicio durante cinco largas sesiones, y ello con el "evidente propósito de que el contenido de aquélla quedara válidamente introducido a debate: decenas de preguntas y respuestas relativas a la concesión y pago de múltiples ayudas sociolaborales y a empresas".
Pero además recientemente, durante la fase testifical, el PP-A "está tratando de
introducir al plenario aspectos clarísima e indudablemente atinentes a la concesión y pago de las ayudas sociolaborales y a empresas", interrogando a doce testigos propuestos por esta acusación, cuyo denominador común no es otro que haber recibido en 2011 encargo de revisar los expedientes de ayudas sociolaborales y a empresas otorgadas por la Dirección General de Trabajo entre 2000 y 2010 y volcar las
conclusiones de esa revisión en informes de carácter interno, preguntándoles, entre otras cuestiones, por si durante las labores de revisión se detectó a personas
ajenas a la empresa en cuestión (intrusos), cuáles de los expedientes revisados se referían a ayudas concedidas a empresas o si por la Junta de Andalucía se paralizó o no el pago de la póliza de una ayuda concreta.
"Esta acusación popular no tiene ningún empacho en sostener que en la pieza política no se enjuician hechos relativos a las ayudas sociolaborales y a empresas", ha reprochado la defensa de Fernández.
"¿Cómo pueden, pues, las acusaciones sostener una cosa y su contraria? ¿Cómo es que se pide a este tribunal de apelación que ordene al juzgado incluir a Fernández en la pieza separada de concesión y pago de esta ayuda de referencia (Hamsa-Primayor) porque en la pieza política no se le juzga por ello y, al tiempo, al objeto de justificar la acusación por la malversación continuada de todas las ayudas que sostiene, el fiscal trata de procurarse en el juicio una prueba válida de que los acusados intervinieron precisamente en esa concesión y pago de múltiples ayudas, y naturalmente que
incluida la otorgada a la empresa de referencia?", expone el abogado defensor.
Por todo ello y otros motivos alegados, el abogado de Fernández, por imperio y con expresa invocación del principio de legalidad penal, el principio de seguridad jurídica y la regla non bis in ídem, proclama que "ninguna de las personas hoy
sometidas a juicio en el procedimiento específico pueden ser investigadas, ni acusadas, ni enjuiciadas más que una sola vez por hechos que presentan una obvia identidad de objeto y fundamento". Ante esto, pide a la Audiencia desestimar el referido recurso de la Fiscalía y la confirmación del auto recurrido.
