Defensa de Juan Márquez dice que muchos pudieron parar ayudas de ERE antes de su llegada a Dirección General de Trabajo

Critica a las acusaciones en su búsqueda del "Santo Grial", intentando acusar de malversación a altos cargos en este juicio y en las piezas separadas

Defensa de Juan Márquez dice que muchos pudieron parar ayudas de ERE antes de su llegada a Dirección General de Trabajo
3 de diciembre de 2018 EUROPA PRESS - ARCHIVO

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El letrado Manuel Pérez Cuajares, abogado defensor del ex director general de Trabajo Juan Márquez en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha asegurado que muchos --en la Administración autonómica-- pudieron paralizar el sistema de concesión y pago de las ayudas objeto de autos antes de la llegada de este encausado a la Dirección General de Trabajo en abril de 2008, en la que estuvo hasta abril de 2010.

Así se ha manifestado Pérez Cuajares en la primera parte de su informe final, cuya exposición continuará este martes. El abogado ha pedido una sentencia absolutoria para Márquez, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación, al tiempo que ha querido expresar su agradecimiento al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a la Fiscalía y a sus compañeros de las acusaciones y las defensas, especialmente al letrado defensor José Rebollo, ejemplo "de dignidad profesional y humana", pues teniendo causa de paralización del juicio por enfermedad continúa trabajando y luchando para no hacerlo.

El abogado se ha mostrado "enormemente crítico" con la actuación de las acusaciones y especialmente el Ministerio Fiscal, quienes "han estado con un ojo en este procedimiento y otro en la Sección Séptima --que está excluyendo a altos cargos de las piezas separadas por el principio 'non bis in ídem'-- en busca del Santo Grial, esto es, llevar a algunos de los acusados a las piezas separadas y en este juicio por malversación".

Para el letrado, la Fiscalía, "en una maniobra procesal extraña", ha eliminado de sus conclusiones definitivas el crédito destinado a las ayudas del ejercicio 2010 en relación al delito de malversación con el fin de "reservarse" esos créditos ante una posible sentencia absolutoria y con esto "intentar la persecución de los ex altos cargos en las piezas separadas".

Si bien, considera que "no haya prueba no quiere decir que no haya sido objeto de enjuiciamiento, que impide volver a serlo. Nada más lejos de la realidad".

Con esta modificación, la Fiscalía rebajó de ocho a seis años la petición de pena para dos encausados, en concreto Lourdes Medina --ex secretaria general técnica-- y Jacinto Cañete --ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)--, "sin embargo no para Juan Márquez". "No puede ser de peor condición Márquez que éstos", ha lamentado.

De otro lado, ha solicitado al tribunal que analice los hechos enjuiciados "no con la información que ahora tenemos, sino con la que se podía saber y el conocimiento que tenían los cargos, y por su cualificación técnica".

Para Pérez Cuajares, en este juicio se han debatido sobre cuestiones de "enorme dificultad técnica", recordando que cuando asumió la defensa de Márquez "hacía tiempo que no estudiaba tanto".

Márquez, que llegó a la Dirección General de Trabajo a final de abril de 2008, "no pudo participar en la ideación, creación y puesta en funcionamiento" del procedimiento específico, encontrándose entonces cuando llegó "una sistema que llevaba ocho años y que era conocido", sistema que "puede ser contrario a derecho pero no delictivo". "No sólo se limitó a continuar con el sistema, sino que intentó mejorarlo", ha añadido.

Sobre la competencia de Márquez para la concesión de las ayudas, que nace del convenio marco de julio de 2001, el abogado ha planteado que "uno puede pensar cuando llega al cargo que no es competente cuando su predecesor, Francisco Javier Guerrero, llevaba ocho años haciéndolo y era conocido por todos, consejero y viceconsejero de Empleo, parlamentarios, etc.".

"CONFORT DE LEGALIDAD"

Ha defendido el conocimiento de los convenios particulares por parte de IFA/IDEA, el Consejo Rector del ente, el viceconsejero y consejero de Empleo, lo que generaba "un confort de legalidad en Márquez". A su llegada existía "un conocimiento general de que la Dirección General de Trabajo concedía ayudas e IFA/IDEA pagaba".

Con respecto al uso de las transferencias de financiación para allegar fondos del programa presupuestario 31L desde la Dirección General de Trabajo a IFA/IDEA para pagar las ayudas, Pérez Cuajares ha asegurado que "el delito no se puede contemplar desde que se incluía en Ley de Presupuestos".

"Nos parece absolutamente insostenible con un mínimo decoro acusatorio que de ser ilegal su uso fuese Márquez quien debió percatarse de ello y ponerle fin", ha afirmado el abogado.

Lo importante es "qué se supo y qué se pudo hacer entre el año 2000 y 2008", según Pérez Cuajares, sobre todo por los órganos de control e intervención, cuando desde el año 2001 ya se venía alertando del uso inadecuado de las transferencias o en el 2005 se conoció el informe adicional de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA con las irregularidades detectadas tras analizar las ayudas concedidas, en 2004 la retención de créditos, se producían reuniones de coordinación de la Intervención General con los interventores delegados o los informes trimestrales del Control Financiero Permanente.

Según el ex interventor general "no se apreció riesgo de menoscabo sino irregularidades administrativas". Todos ellos "como órganos de control y a quienes, con más responsabilidad que Márquez, que advirtieron" de las irregularidades "pudieron hacer algo antes" de su llegada la Dirección General de Trabajo, en contraposición a los que sí, por ejemplo, recibieron el informe adicional de 2003 "y nada hicieron".

El abogado ha rechazado que "determinados cargos de consejerías distintas a Empleo" hayan señalado en el juicio que de existir responsabilidades en este asunto estarían en la Dirección General de Trabajo. "Lo poco o mucho que se ha hecho en esta etapa fue por Juan Márquez", ha asegurado Pérez Cuajares antes de concluir la sesión de este lunes.

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