Señala que busca "procurarse una vía" para acusar a altos cargos de malversación en otros procedimientos
SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados por prevaricación y malversación por el procedimiento de concesión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reprochado que la Fiscalía Anticorrupción, con las modificaciones introducidas en sus conclusiones definitivas, pretende "procurarse una vía" para llevarse a los encausados por malversación a las piezas separadas.
Y esto frente a lo mantenido en reiteradas ocasiones por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre que estos acusados no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos, principio 'non bis in ídem' que "pretende vulnerar" la Fiscalía.
Para la defensa de Fernández, como ha expuesto en su informe final este martes, el Ministerio Público, en sus conclusiones elevadas a definitivas, "cambia el lenguaje directo de antes por uno vaporoso e impersonal en el relato de los hechos relacionados con los acusados".
"Es muy transparente el designio que busca la Fiscalía con esas modificaciones, procurarse una vía de la que no dispone, para llevarse a los acusados por malversación a otros procedimientos", ha manifestado el abogado, incorporando el riesgo de lesionar derechos fundamentales de los acusados, como el derecho de defensa y el derecho de tutela judicial efectiva.
Para el abogado, este tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, que juzga desde diciembre de 2001 a los 21 acusados, "no podrá apartarse e ignorar" los hechos relativos al pago de todas las ayudas, sino que "tendrá que pronunciarse sobre todo lo que integra el núcleo del objeto de los hechos", pues será "cosa juzgada".
"LA FISCALÍA VA PERDIENDO LA BATALLA"
"La Fiscalía va perdiendo la batalla judicial en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al pretender que los acusados sean juzgados en esta causa por la disposición total de los créditos, concesión y pago de todas las ayudas, y en otras piezas sólo por la concesión y pago de algunas ayudas concretas", pretensión a la que Sección Séptima también "le ha puesto coto", pues no cabe el doble enjuiciamiento.
Según el abogado, las modificaciones de las conclusiones de la Fiscalía supone "el último intento del Ministerio Público de llevar a la Sala a sus intereses como ya hiciera en las cuestiones previas con un pronunciamiento del tribunal sobre el objeto de enjuiciamiento. Pero "el mayor envite" al tribunal ahora es pedirle que "se abstenga" en su enjuiciamiento de los hechos que constituyen el delito de malversación, para "llevarse" a los acusados por estos hechos a otros procedimientos.
"Espero que la Sala no dé pábulo o crédito alguno porque puede vulnerar derechos fundamentales", ha advertido el abogado.
El letrado de la defensa ha insistido en que la Fiscalía "ha maquillado el relato de los hechos sin alterar lo sustancial y sigue acusando de malversación", pero ahora, en su informe final, dice que el objeto de esta causa "no abarca el pago de las ayudas".
"Esto es de aurora boreal, porque esta causa viene de la causa matriz, en cuya instrucción Antonio Fernández fue embargado y enviado a prisión provisional durante casi cuatro meses, tras pedirlo la Fiscalía, que hoy dice, con el mayor de los desahogos, que la concesión y pago de las ayudas no son objeto de juicio", ha afeado el abogado.
"Apaga y vámonos", ha afirmado Martínez del Hoyo, para quien esto "cae por su propio peso", reseñando que la Fiscalía dice ahora que el delito de malversación "tiene que ver con la formación de los créditos del 22E y 31L y no con el gasto". Entonces "cómo se explica que no todos los encausados estén acusados de malversación".
Ha pedido a la Sala que "preste atención" a estas cosas porque "los intentos de nuevo encaje de los hechos suele conducir a callejones sin salida". La "deriva" de la Fiscalía, asociando el delito de malversación a la conformación de los créditos y no al gasto, "conduce a una escena de delito imposible".
"Afirmar que aquí no se juzgan las ayudas concretas tiene el mismo valor que decir en las piezas separadas que no tiene valor el fallo de esta sala", ha concluido, alertando de que la Fiscalía "pretende quebrantar el principio de doble enjuiciamiento".
