Señala que la "saturación" de los centros de protección "propician carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores"
SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con el objetivo de hacer un seguimiento de la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENA) por parte del Sistema de Protección de Menores de Andalucía, tras el "incremento" en el flujo de llegadas.
En el texto de la queja, consultada por Europa Press, Maeztu expone que tras un periodo de tiempo en el que la llegada de los MENA a Andalucía "se mantuvo más o menos estable", en el año 2017 se ha producido un punto de inflexión, "incrementándose de forma imprevisible" la llegada de menores de edad extranjeros sin referentes familiares que han debido ser acogidos y atendidos de manera inmediata por el Sistema de Protección andaluz.
Así, apunta que este fenómeno motivó el inicio por parte de la institución de una investigación de oficio --expediente de queja 17/3620--, "habiendo podido comprobar a lo largo de su tramitación, que el incremento constante de entrada de estas personas ha puesto al límite los recursos residenciales que tiene la comunidad habilitados para atender a los menores en situación de desamparo, a pesar de los esfuerzos por incrementar los mencionados recursos".
De este modo, la Defensoría añade que supo que para dar respuesta a esta vicisitud, la entidad pública estableció unos dispositivos de emergencia mientras se posibilita la derivación de los menores a los centros residenciales normalizados o se crean otros nuevos.
Sin embargo, añade, "la continua entrada de menores durante los meses siguientes al verano pronto hizo que las actuaciones de emergencia fueran insuficientes y muchos de estos chicos han sido derivados directamente a los centros residenciales ya existentes".
Ello ha supuesto, según el Defensor, la "saturación" de los centros de protección, especialmente aquellos de titularidad pública que desarrollan el programa de primera acogida, "propiciando, a pesar de los esfuerzos de la Administración y de la pericia de los profesionales que trabajan en los recursos, la existencia de carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores".
"Los centros afectados ha manteniendo como mínimo una ocupación del doble de las plazas previstas, llegando en algunos momentos incluso a cuadriplicarse", lamenta Maeztu, que indica que con estos antecedentes, y a fin de valorar la atención que se brinda a estos menores inmigrantes no acompañados, esta Defensoría "ha comprobado 'in situ' algunos de los alojamientos provisionales y centros de protección".
De este modo, asegura que ha podido advertir que "las carencias que ya tenían algunos centros se han visto acentuadas con la sobreocupación de menores, obligando a los responsables de los recursos residenciales a improvisar soluciones para los problemas más acuciantes", toda vez que dice "haber sido testigos del importante esfuerzo de los profesionales que prestan servicios en los centros, y cómo han debido incrementar su trabajo para la cobertura de las necesidades básicas de los menores".
Sobre esta cuestión, la Defensoría quiere conocer con esta queja la decisión adoptada al respecto por la Administración, y en concreto cuántos de los menores citados han sido derivados a los recursos residenciales normalizados o, en su caso, a nuevos recursos residenciales tras la ampliación de la red existente mediante los procedimientos legales habilitados al efecto.
