El Defensor del Menor promueve una reunión entre Gobierno y CCAA para abordar la distribución de menores inmigrantes

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el Parlamento andaluz
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 24 julio 2018 15:52

Maeztu afirma que, si estamos saliendo de la crisis, "es el momento de incrementar la financiación en las políticas de protección social"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Menor de Andalucía en funciones, Jesús Maeztu, ha señalado este martes que ya ha remitido una carta a sus homólogos nacional y autonómicos en la que promueve una reunión entre la Administración del Estado y las distintas comunidades "que permita avanzar en el estudio de medidas que faciliten una distribución solidaria, ordenada y equitativa de menores extranjeros no acompañados", ante el "colapso" que están sufriendo los centros de menores andaluces.

Maeztu, en su primera comparecencia ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía del Parlamento andaluz, ha señalado que el "incremento constante" de entrada de estas personas "ha puesto al límite los recursos residenciales que tiene la comunidad habilitados para atenderlos, a pesar de los esfuerzos por incrementar los mencionados recursos".

"Ello ha supuesto la saturación de los centros de protección, especialmente aquellos de titularidad pública que desarrollan el programa de primera acogida, propiciando, a pesar de los esfuerzos de la Administración y de la pericia de los profesionales que trabajan en los recursos, la existencia de carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores", ha añadido Maeztu.

El Defensor del Menor ha reclamado a la Administración andaluza "un importante esfuerzo de planificación que permita dar cobertura" a la continua llegada de menores inmigrantes. El Defensor ha anotado que la llegada de menores inmigrantes desde el pasado verano es una realidad que se asemeja a la situación previa a 2005, con una "afluencia masiva" de pateras.

Entre los deberes que deben acometer las administraciones e instituciones, ha expuesto que, por su parte, celebró una jornada en Málaga junto a Save the Children sobre cómo evitar la desprotección de los llamados menas; está impulsando un nuevo protocolo que mejore la determinación de la edad de estos menores; y hace unos días se trasladó personalmente a la provincia de Cádiz (Jerez, Tarifa y Algeciras) para visitar algunos centros de menores y las instalaciones habilitadas de emergencia en las que se acogen a las personas migrantes, donde mantuvo entrevistas con representantes de la Fiscalía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de instituciones dedicadas a la ayuda humanitaria, de los Servicios de Protección de Menores de Andalucía y con algunos menores de edad.

De otro lado, el Defensor del Menor ha rendido cuenta de la gestión de la institución en 2016 y en 2017. Maeztu ha comentado que en 2016 el número de quejas (1.872) superó hasta en un 79 por ciento las recibidas en 2015, y en 2017 se volvió a números más habituales, con 1.467 quejas. Las materias que recibieron mayor número de reclamaciones fueron Educación; asuntos de Familia o relacionados con el Sistema de Protección; la necesidad de Vivienda o los Servicios Sociales.

En cuanto a las consultas, la vía telefónica siguió siendo el medio favorito de la ciudadanía para hacer llegar los cuestiones relacionadas con los menores (el 63%), con especial uso del Teléfono del Menor (900 50 61 13) que tiene a disposición esta institución. Las mujeres formularon el 58,71 por ciento de las quejas referidas a niños y el 64 por ciento de las consultas.

El Defensor ha alertado sobre "la posible irreversibilidad" de los derechos perdidos y sobre el incremento de la desigualdad, así como ha advertido de que "las restricciones presupuestarias, o la falta de coordinación o de una gestión adecuada, impiden o dificultan el acceso a algunos derechos, de los que algunos afectan a la infancia y a la adolescencia".

"Si realmente estamos saliendo de la crisis, como señalan los datos macroeconómicos, es el momento de fijar la mirada en la atención de los niños e incrementar la financiación en las políticas de protección social. Es el momento de pasar del papel donde están recogidos esos derechos a su real y efectiva implantación, mediante un compromiso presupuestario firme y duradero", ha reivindicado.

En cuanto al análisis por derechos, Maeztu ha reclamado a los poderes públicos el deber de proporcionar una educación de valores, e inclusiva, "porque la educación derriba barreras y es el principal ariete contra el muro de la desigualdad". Se ha centrado en el acoso escolar, que motivó un estudio de la institución en el que propuso 26 medidas, dirigidas principalmente a la Consejería de Educación.

En el ámbito del derecho a la salud, siguen siendo reiterativas las quejas por la "ausencia" de pediatras en centros de salud y consultorios, así como en la atención especializada también se reciben quejas por déficit de profesionales. También el Defensor ha aludido al Informe Especial sobre la dignidad de personas en el proceso de la muerte, en el que "constató el déficit de profesionales para atender a menores en este proceso terminal, más agudo en los entornos rurales".

Entre otros derechos, el Defensor ha destacado los efectos que producen en los menores la pérdida de su vivienda como consecuencia de los desahucios, "en los últimos tiempos incrementados por los impagos de las rentas de alquiler, en parte como consecuencia de un alza de los precios provocados por el auge de los apartamentos turísticos". También ha hecho hincapié en las denuncias por malos tratos, principalmente a manos de sus progenitores, así como el trabajo prioritario con víctimas de violencia de género.

Maeztu también ha dedicado un espacio al consumo de alcohol entre los jóvenes, que motivó un estudio más profundo en 2016. "Nos preocupa que cada año siga incrementándose el número de adolescentes que empiezan a ingerir alcohol y a edades cada vez más tempranas", ha dicho. Así, ha reclamado a ayuntamientos una mayor vigilancia y control sobre los espacios; alternativas de ocio para los menores y los jóvenes; y una reforma de la normativa que regula la publicidad, ya que, a su juicio, "la legislación vigente en Andalucía es una de las más permisivas en lo que se refiere a la publicidad de bebidas alcohólicas en lugares públicos".

PP Y PODEMOS LAMENTAN LA "FALTA" DE PEDIATRAS

La popular Patricia Navarro dice que estos informes "constatan que en aquello que no funciona en Andalucía, los grandes damnificados son los menores". Critica la "falta" de pediatras y sobre cuidados paliativos pediátricos, lamenta que la PNL aprobada en el pleno por "unanimidad" esté hoy "muy lejos de cumplirse". También ha puesto de relieve el "malestar" de familias y trabajadores de centros de educación infantil "por el nuevo criterio para acceder a las bonificaciones".

La diputada de Podemos Esperanza Gómez ha señalado que "no se escucha a la infancia" y que "algo no estamos haciendo bien cuando no garantizamos sus derechos", toda vez que ha lamentado la "falta" de pediatras". Además, ha subrayado la "sensibilidad" de la Defensoría con los MENA, y ha manifestado que "les preocupa las condiciones en las que son recibidos".

Desde Ciudadanos, Sergio Romero ha destacado que los informes del Defensor suponen "una llamada de atención a los que estamos legislando, ya que muchas veces nos alejamos de la realidad". Asimismo, asegura que "si no logramos crear empleo calidad y las condiciones más favorables par crear riqueza, no podemos hablar de proteger los derechos de los niños", y respecto a los MENA aplaude "la visión de concertar una reunión con todos sus homólogos para reforzar la necesidad de dar solución a esta situación".

María Nieves Ramírez, del PSOE, apunta que "se viene con falta de políticas de infancia a nivel nacional" y, por tanto, "esto es inadecuado para paliar los efectos de la crisis, que ha incrementado la pobreza y desigualdad a nivel nacional y en la comunidad". Pero, subraya, "Andalucía, pese a todo, ha hecho esfuerzos importantes".

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