JAÉN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Jaén está intentando "poner todos los medios al alcance" para mejorar la situación de los Servicios Sociales Comunitarios y de los profesionales que los gestionan, cuya carga de trabajo "muy grande" ha reconocido, si bien ha matizado que es una cuestión que "se escapa" de su capacidad de acción debido a las restricciones legales para aumentar el personal.
Así lo ha indicado a Europa Press la vicepresidenta primera de la Administración provincial, Pilar Parra, ante la concentración convocada este martes por las cuatro secciones sindicales --ASI, UGT, CCOO y CSIF-- para denunciar el "colapso" por falta de personal y el aumento de competencias, lo que ha repercutido en "un aumento considerable de la carga de trabajo" y en una prestación de servicios "de baja calidad".
La también responsable de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios ha apuntado que la reposición de efectivos en general, a partir de 2012 fundamentalmente, "ha estado muy restringida" en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a lo que ha sumado "un límite de gasto que no se puede sobrepasar".
Por ejemplo, este año las plazas que se han podido crear "han sido solamente ocho", según ha precisado no sin añadir que "en toda la casa hay muchas necesidades" también con cuestiones vinculadas a la nueva ley de contratación, que ha llevado a que ayuntamientos deleguen tareas, o peticiones en materia de secretaría e intervención.
"Tenemos esa necesidad, nuevas funciones que se han ido legislando, pero no se ha permitido que se crezca en personal", ha abundado Parra, que este lunes se reunió con responsables de los servicios sociales comunitarios para analizar la situación.
De este modo y tras recordar que la Diputación no tiene competencia en esta materia y está delegada por la Junta de Andalucía, ha indicado que "se van generando nuevos proyectos, programas y todo eso es una sobrecarga para el personal". "Hay que reconocer que realmente los servicios sociales hoy por hoy, igual que otras áreas de Diputación, tienen un peso y una carga de trabajo muy grande", ha agregado.
Por ello, dentro del margen de maniobra que tiene, están tratando de poner los medios a su alcance. Así, ha tenido 13 personas contratadas con cargo a un programa de la Junta dirigido a la rentas mínimas de inserción social y espera una resolución con la que "se van a contratar 31 personas este año" y 37 en los siguientes.
Ello supondrá "un refuerzo" y, aunque estos profesionales (desde trabajadores sociales, educadores y monitores a personal de administración) desempeñarán unas tareas muy específicas, en "algo puede aliviar a los centros de servicios sociales".
EQUIPOS Y BAJAS
Además, se pretende incorporar "de inmediato" nuevos equipos informáticos y "todo aquello que agilice el trabajo" así como buscar un procedimiento para agilizar las sustituciones en caso de baja. "En lugar de ir por parte de Intervención a una fiscalización previa, se hará una fiscalización posterior para cubrirlas lo antes posible", ha afirmado.
También ha planteado la posibilidad de elaborar "un estudio de todas las funciones que tienen encomendadas y priorizar", puesto que "la verdad es que hacen de todo", desde las valoraciones de Dependencia a bonos sociales para la electricidad o actuaciones en materia vivienda.
"Compartimos al cien por cien la defensa que están haciendo los sindicatos y lo que esté en nuestras manos lo haremos, pero no depende de nosotros", ha subrayado Parra, quien ha aludido a la puerta en marcha de otras medidas para mejorar la situación de los trabajadores aunque sea genérico" en la Diputación.
Entre otras, la vicepresidenta primera se ha referido al "importante" proceso de funcionarización, el impulso de la promoción interna y concursos o el ascenso de nivel para los directores de los centros de servicios sociales.
