SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, confía en que la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre la gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "en ningún momento supone la vulneración de ningún derecho" de los comparecientes, y "puede contribuir a establecer las responsabilidades políticas que se puedan derivar de hechos que, presuntamente y a la espera de lo que determinen los tribunales, pueden ser de extrema gravedad".
Así lo ha trasladado la consejera en una entrevista concedida a Europa Press en la que también ha manifestado que la celebración de esta comisión de investigación "no impide el trabajo de los partidos", así como ha opinado que lo que han hecho los comparecientes citados que se han negado a declarar desde el inicio de las comparecencias "es incumplir su obligación y faltar al respeto al Parlamento, que representa a la sociedad andaluza".
En todo caso, la consejera entiende que la comisión "puede contribuir a establecer las responsabilidades políticas que se puedan derivar de hechos que, presuntamente y a la espera de lo que determinen los tribunales, pueden ser de extrema gravedad y que han tenido un gran impacto y repercusión social", según ha añadido.
De igual modo, Rocío Blanco ha apuntado que confía "plenamente en las fuerzas de seguridad del Estado y la instrucción judicial para que llegue al fondo del asunto", y ha concluido que "nosotros, como gestores públicos, debemos respetar y acatar lo que en el procedimiento sustanciado en los tribunales se resuelva".
LAS COMPARECENCIAS SE RETOMAN EN FEBRERO
Cabe recordar que, según se acordó el pasado mes de diciembre, la comisión de investigación sobre la Faffe retomará sus sesiones de comparecencias el próximo mes de febrero, en sesiones celebradas las semanas en las que no haya previsto Pleno del Parlamento. En concreto, se celebrará una sesión por semana y con dos comparecientes por cada sesión, en horario sólo de mañana.
La comisión acordó que acudan a prestar declaración un total de 40 comparecientes, así como que los primeros en acudir fueran los exaltos cargos del Gobierno andaluz, comparecencias que fueron solicitadas por al menos tres grupos parlamentarios.
Así, la comisión echó a andar el pasado 7 de noviembre, en plena campaña electoral. El primero en comparecer fue el expresidente de la Junta Manuel Chaves, que realizó una exposición inicial y se marchó de la sala. Tras él, estaban citados los también expresidentes socialistas del Gobierno andaluz José Antonio Griñán y Susana Díaz, que no acudieron a la misma aludiendo a que no habían recibido la notificación de manera oficial.
El primer día se cerraba con la ministra de Hacienda en funciones y exconsejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, quien justificó su ausencia argumentando dictámenes del Consejo de Estado que recogen que miembros del Ejecutivo central no están obligados a comparecer en órganos autonómicos al no ser de su competencia.
El segundo día se inició con las comparecencias de los exconsejeros de Empleo Javier Carnero y José Sánchez Maldonado, que abandonaron la comisión tras haber hecho una breve intervención inicial. Esta jornada finalizó con la declaración del propietario del prostíbulo Don Angelo, José Ruiz García.
Ya en la tercera jornada, los otrora titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera comparecieron en la comisión respondiendo a las preguntas de los grupos.
En el caso de Viera, su comparecencia se produjo dos días después de conocer su condena a prisión en el caso de los ERE fraudulentos; mientras que el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, que ha sido condenado a prisión por el caso de los ERE, no compareció finalmente en la comisión de investigación de la Faffe por no contar personalmente con la notificación.
Por su parte, el exconsejero de Empleo Manuel Recio, titular del ramo entre 2010 y 2012, decidió no responder a preguntas ante la comisión de investigación por su condición de investigado en la causa de la formación, para "evitar posibles interferencias" y, aunque pidió permiso para abandonar la sala, no lo recibió y permaneció en la misma hasta que los grupos finalizaron sus intervenciones.
Finalmente, fueron cuatro extrabajadores de la Faffe quienes comparecieron el pasado 2 de diciembre en la última sesión del año ante esta comisión de investigación, si bien decidieron acogerse a su derecho a no declarar y a no contestar las preguntas de los grupos parlamentarios, aunque sí realizaron una breve exposición inicial.
La comisión de investigación tiene encomendado esclarecer la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación hasta la actualidad, todo tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.
