SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Uno de los empresarios que han declarado este viernes ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, dentro de la pieza separada de la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que afecta a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha admitido que un familiar suyo que trabajaba en la Fundación le facilitó la homologación de su sociedad para que ésta pudiera ser contratada por la entidad pública.
Junto a este empresario --su cuñada y el marido de ésta trabajaban en la Fundación-- han declarado otro empresario y cuatro trabajadores de la Faffe, relacionados con los adjudicación de contratos menores. Precisamente, una de las trabajadoras de la Fundación ha señalado que para ser empresa homologada sólo era necesario rellenar un formulario, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.
Asimismo, esta trabajadora, miembro del departamento de organización de la Fundación, ha reconocido que dos empresas --una de ellas dedicada a la instalación de placas solares-- de su cuñado recibieron contratos menores por parte de la Faffe a cargo de fondos destinados para la formación aunque fueran para otros fines como servicios de mudanzas, transportes o recogida de residuos. No obstante, según las citadas fuentes, no existían contratos como tal sino "facturas" o "encargos de compra"
Otro de los trabajadores investigados que ha declarado este viernes ha afirmado que el gerente de la entidad llegó a decirle que no era necesario buscar "proveedores nuevos" para que concurrieran a los proyectos.
Cabe recordar que este jueves algunos de los empresarios investigados y que eran los adjudicatarios de los contratos han declarado ante la juez instructora que "facilitaban" a la Faffe el nombre de las otras dos empresas a las que llamar o invitar a concurrir en el expediente de los contratos. "Era una práctica habitual", han apuntado.
En este sentido, cabe recordar que Juan Luis Álvarez --socio y director de proyectos de Proyempleo--, que declaró la semana pasada, señaló que la Fundación le garantizaba contratos para llevar a cabos proyectos antes de invitar a otras empresas a concurrir a éstos, empresas que él mismo proponía a veces.
Una vez redactado la estructura de esos proyectos, desde la Faffe le garantizaban los contratos para llevar a cabo esos proyectos, antes incluso de invitar a otras empresas a concurrir a éstos. A veces, incluso, Álvarez proponía las empresas a invitar al procedimiento, según ha añadido en su declaración.
Por su parte, Fernando José Villén, ex director general de la Fundación, ha explicado durante su declaración ante la juez instructora que el sistema permitía la invitación a empresas homologadas para participar en los expedientes de contratación, a través del conocido como procedimiento negociado.
Este jueves, según las citadas fuentes han señalado a Europa Press, el Ministerio Fiscal ha puesto de manifiesto correos electrónicos donde se apuntan los nombres de las empresas a invitar en algunos contratos, algunos con fecha posterior a la adjudicación de los contratos, es decir, "se montaban expedientes después de adjudicar los contratos". "Bailan fechas", han añadido estas fuentes.
A PETICIÓN DE LA FISCALÍA
La juez María Núñez Bolaños, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, citó a declarar a las 23 personas investigadas. Estas peticiones del Ministerio Público se realizaron en un escrito fechado el 6 de septiembre de 2017, consultado por Europa Press, donde considera que la extinta Faffe realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.
A juicio de Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".
Según expone el Ministerio Público, estos contratos "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".
PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.
Al hilo, precisa que, para llevar a cabo el supuesto fraude, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la "influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga.
También alude a otros instrumentos como la participación de la empresa adjudicataria en la aprobación del presupuesto, o la participación en los procedimientos de contratación de empresas vinculadas.
La Fiscalía concluye igualmente que las actuaciones realizadas en esta investigación "habrían confirmado la existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la Faffe", de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las declaraciones de los empleados.
