Escuelas Católicas dice que la brecha digital "afectará igual" a alumnos desfavorecidos de centros públicos y privados

Imagen de recurso de alumnos en un aula
Imagen de recurso de alumnos en un aula - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: lunes, 8 junio 2020 18:14

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización mayoritaria Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), que aglutina al 70% de la educación concertada andaluza con más de 400 colegios concertados y 225.000 alumnos, advierte de que la brecha digital "afectará por igual" a alumno desfavorecidos de centros públicos y concertados. Además, ha exigido a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación y Deporte, comandada por Javier Imbroda, "igualdad de trato" para los alumnos de la educación concertada, así como el "cumplimiento de las promesas electorales con las que acudieron a las elecciones en 2018 y que, posteriormente, como Gobierno, se firmaron".

Principalmente, añade la ECA en un comunicado, esta reclamación "pone el acento en la defensa de la libertad de las familias de elección de centros y en la igualdad de derechos y oportunidades de las redes educativas sostenidas con fondos públicos". ECA señala que remarcó estas exigencias durante su Asamblea General, en la que analizó la planificación del curso escolar 20-21 en el escenario postcovid19, en la que también agradeció a la comunidad educativa de centros públicos y concertados, especialmente a docentes y familias, el esfuerzo realizado para que todos los alumnos andaluces hayan podido recibir la mejor educación posible.

Añade que una de las conclusiones de la Asamblea ha sido la solicitud al Gobierno andaluz de acabar con la "discriminación económica y el trato desigual que sufren la educación concertada y sus familias, solicitando las mismas dotaciones personales y económicas que el resto de centros educativos andaluces". Además, ECA advierte de que la brecha digital "perjudicará especialmente a los alumnos más desfavorecidos de estos centros y que esta afecta por igual a las familias de centros públicos y concertados, pues su perfil sociológico es el mismo".

"La defensa real de la libertad de elección pasa por la igualdad de derechos y oportunidades de las redes sostenidas con fondos públicos de nuestro sistema educativo andaluz", explica el secretario general de ECA Carlos Ruiz. "Por eso, esperamos que se supere el trato desigual que se da a la red concertada y a las familias andaluzas que eligen estos centros y que se dote a los mismos con los mismos recursos personales y económicos que al resto de centros educativos andaluces", asegura.

ECA, además, recuerda que solicitó al Gobierno andaluz plena confianza en la autonomía organizativa y pedagógica de los centros como la mejor fórmula de adaptar los procesos educativos a las circunstancias de su alumnado. "Pedimos que no se regateen los medios personales y materiales necesarios para dar la mejor respuesta desde el sistema educativo andaluz", explica Ruiz.

En relación a la partida de otros gastos, "congelada desde hace muchos años y que se antoja fundamental a la hora de afrontar el gasto que supone la necesidad de dotar los centros con todas las medidas y material higiénico-sanitario", precisa, ECA pide al Gobierno andaluz "una actualización de su aportación, claramente insuficiente en estos momentos".

En definitiva, y como se ha establecido en su Asamblea, el principal esfuerzo de Escuelas Católicas de Andalucía se centra en contribuir "a recuperar la normalidad cuanto antes", para que alumnos, familias y el resto de la comunidad educativa se encuentren de nuevo con el ambiente colegial y los medios más adecuados para su formación y crecimiento".

Asimismo, ECA asegura que apoyó a la organización nacional en la "necesidad de paralizar" la tramitación del Proyecto de Lomloe, actualmente en el Congreso, mientras dure el estado de alarma. "En el contexto presente de confinamiento y limitación de derechos no es posible el diálogo ordinario con los grupos parlamentarios, ni la participación de los representantes de la comunidad educativa o de expertos. Además, el proyecto restringe los derechos fundamentales de los titulares de centros, familias y alumnos, relegando a la enseñanza concertada a un papel subsidiario de la pública, rompiendo el equilibrio y complementariedad de redes establecida en la LOE de 2006", concluye Carlos Ruiz.

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