23 de enero de 2020
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  • 27 de febrero de 2018

    Ex director general de IDEA asegura en el juicio de los ERE que no se podía negar a firmar los convenios de ayudas

    Ex director general de IDEA asegura en el juicio de los ERE que no se podía negar a firmar los convenios de ayudas
    EUROPA PRESS

    SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El que fuera director general de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) --antigua IFA-- entre junio de 2004 y junio de 2008, Miguel Ángel Serrano, ha asegurado este miércoles que "de ninguna de las maneras" se podía negar a firmar un convenio particular de ayuda sociolaboral o a empresa en virtud del convenio marco firmado entre el Instituto de Fomento de Andalucía y la Consejería de Empleo en 2001 para la concesión de éstas. "IDEA era una agencia subordinada de la Junta", ha añadido al respecto.

       Así se ha pronunciado Serrano, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, durante su declaración en la sesión de tarde de este martes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

    Serrano, nombrado por el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo director general de IDEA siendo ya un ente adscrito a esta Consejería, ha reiterado en varias ocasiones que la agencia era "un mero pagador" de las ayudas sociolaborales a trabajadores o a empresas comprometidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta, al frente de la que se encontraba Francisco Javier Guerrero.

    A este respecto, Serrano ha explicado que las ayudas sociolaborales y a empresas cuya cuantía era inferior a 450.000 euros eran competencia del presidente de la agencia, delegada en el director general, las de más de 450.000 euros se elevaban al Consejo Rector de IDEA para su aprobación y las que ascendían a más de 1.200.000 euros se elevaban al Consejo de Gobierno de la Junta con la aprobación previa del Consejo Rector de la agencia.

    Al hilo de esto, ha indicado que las ayudas sociolaborales eran consideradas ayudas individuales y no superaban los 450.000 euros. "En dos años el Consejo Rector aprobó 200 propuestas de ayudas a empresas superiores a 450.000 euros, de las que 88 se elevaron al Consejo de Gobierno", ha añadido.

    En este sentido, ha indicado que el Consejo Rector era el máximo órgano de dirección de la agencia, equivalente a un consejo de administración de una empresa. "Las sesiones estaban preparadas a conciencia y las actas de éstas eran densas", ha afirmado, añadiendo que "los temas se debatían con profundidad y se trasladaba información previa a los consejeros de los temas a tratar". No obstante, ha reconocido que al Consejo Rector no se elevaban las ayudas a trabajadores porque "no eran gestiones propias de la agencia, sólo mediadora de pago".

    Serrano ha reconocido que tuvo conocimiento del convenio marco firmado entre IFA y Empleo a través de sus antecesores en el cargo, que posteriormente leyó como algunos convenios particulares. Al respecto de estos últimos, ha asegurado que la agencia "no aportaba nada, sino una toma de razón a una orden de pago, dándose por enterado de que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social daba una ayuda y se pagaría en arreglo a un partida presupuestaria" --31L-- a través de transferencias financieras.

    "AGENCIA SUBORDINADA DE LA JUNTA"

    "IDEA era una agencia subordinada de la Junta", ha insistido Serrano, que ha precisado que todo lo relativo a las ayudas "no era transparente", pues "no teníamos acceso a la información, todo obraba en la Dirección General de Trabajo", como venía recogido en una cláusula de los convenios particulares.

    Durante su etapa firmó 42 convenios de ayudas, que se pagaban con cargo a la partida 31L, de la que ha dicho que "no conocía nada" sobre su finalidad y objetivos, pues la gestionaba Empleo. "Éramos un vehículo de pago", ha vuelto a señalar, para apuntar que la finalidad de la ayuda venía recogido en el convenio particular, como el dinero a pagar, el destino, el destinatario, etc.

    Ha explicado que "sólo teníamos que firmar los convenios, no comprobar los requisitos", ha indicado Serrano, que plasmaba su firma "a un pequeño papel" que le trasladaban tras el visto bueno de la asesoría jurídica de IDEA y de la Secretaría General de la misma. Posteriormente se enviaba a la dirección de finanzas de IDEA para su contabilidad correcta.

    Cuestionado por los calendarios de abonos de las ayudas, ha señalado que algunas veces la Dirección General de Trabajo sí los concretaba en el convenio, y otras veces se dirigía a él o al director de finanzas de la agencia para indicar que de una transferencia de financiación se pagara a una u otra empresa, aunque los pagos eran "acompasados con la disponibilidad presupuestaria".

    De otro lado, Serrano ha manifestado que en 2004 le trasladó a Vallejo la posibilidad de renunciar al convenio marco y que Empleo asumiera el pago de las ayudas sociolaborales, aunque el consejero un tiempo después le respondió que seguirían "igual, como ente instrumental".

    "NUNCA EXISTIÓ DÉFICIT"

    Serrano ha reconocido su "ignorancia" en materia presupuestaria al llegar a la agencia, afirmando que le costó "trabajo" entender las transferencias financieras, pues "sólo me importaba el dinero que disponía para gastar y no me llamaba la atención la forma de allegar recursos a la agencia", ha manifestado.

    Ha asegurado que en IDEA "nunca" existió un déficit, sino que se detectó por el auditor "una salvedad por incertidumbre" en 2003 porque la Consejería de Empleo decía que se debía a la agencia una cantidad y la agencia tenía recogida otra. "El desfase era en Empleo no en IDEA", ha insistido.

    El interventor retuvo en 2004 crédito por ese desequilibrio. En este sentido, ha reconocido que ese año firmó el primer convenio de ayuda en octubre para la Faja Pirítica de Huelva, al tiempo que, a preguntas del fiscal, ha respondido que el consejero de Empleo por entonces, Antonio Fernández, le llamó porque tuvo conocimiento de los reparos del director general de IDEA a firmar ese convenio. "No era frecuente que llamara", ha añadido.

    Serrano ha explicado que sólo conoció el informe adicional de cumplimiento emitido en el control financiero permanente de IDEA del ejercicio 2003 por la Intervención y presentado en 2005. "No tenía elementos que evidenciaran riesgos o peligros", ha resaltado.

    El ex director general de la agencia pública ha indicado que no constituyó la comisión de seguimiento de los convenios porque la Dirección General de Trabajo no demandó asistencia técnica a IDEA y la comisión estaba vinculada a esta asistencia.

    "BRINDIS AL SOL"

    En abril de 2007 Serrano trasladó un escrito de 'motu proprio' a Francisco Javier Guerrero, después de que se detectara por el auditor otra "salvedad por incertidumbre" en las cuentas de agencia, algo que le "irritó" porque no beneficiaba a la imagen de IDEA, en el que indicaba que no firmaría más convenios hasta no subsanar ese "déficit" entre las obligaciones de pago la agencia y la transferencia de fondos de Empleo. Aunque sobre esto Serrano ha señalado que era "un brindis al sol" porque "tenía que seguir firmando convenios".

    "Tuvo efectos a medio plazo porque se terminó con el desfase en Empleo en 2009", ha añadido. Por último ha explicado que en su cargo tenía la "autonomía" que se le supone a un director gerente y ha indicado que el consejero y viceconsejero de Innovación estaban al tanto del día a día de su gestión.

    El juicio continuará el próximo lunes, 5 de marzo, con el interrogatorio por parte de la defensa de Serrano y, según el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, le correspondería al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, cuya defensa presentará un nuevo informe médico sobre su disfonía que le impediría declarar aún, por lo que de ser aceptada la petición sería el turno del exjefe de Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.