Al finalizar la última sesión antes del parón de agosto, el tribunal ha deseado a las partes "feliz verano y que descansen"
SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
Adolfo García Fernández, quien fuera interventor general de la Junta entre los años 2012 y 2016, ha señalado este miércoles en su declaración como testigo en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que es "competencia" de los titulares de las consejerías "supervisar y controlar" la actuación de sus directores generales.
García fue coordinador general de la Consejería de Economía y Hacienda desde 2004 hasta 2008, siendo viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, una de los 22 ex altos cargos acusados en este juicio por crear y mantener presuntamente un procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE entre los años 2001 y 2010.
El testigo, propuesto precisamente por la defensa de Aguayo, ha enumerado los diferentes controles existentes en Andalucía para el control de gasto: El Parlamento de Andalucía, encargado de analizar, aprobar y controlar la ejecución del Presupuesto; el Tribunal de Cuentas de España; la Cámara de Cuentas de Andalucía; la Intervención General de la Junta; y, en último lugar, "el control que deben ejercer los gestores, cuya responsabilidad de acción viene recogida en la Ley, así es competencia de los titulares de las consejerías supervisar y controlar a los directores generales, y de éstos las actuaciones que dependen de ellos".
García era el responsable como coordinador general de la Consejería de leer los informes de Control Financiero Permanente de entes públicos que eran remitidos a la Viceconsejería, así como también a la Consejería de adscripción del ente auditado. Entre estos informes se encuentran los del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, cuyos fondos allegaba la propia dirección vía transferencias de financiación, todo ello en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA.
En un año podían recibir entre 100 y 200 informes de Control Financiero Permanente, no recordando "ni uno que no recogiera deficiencias". La Intervención General de haber apreciado ilegalidad en el ámbito tributario tendría que haberla puesto en conocimiento de los responsables de la Agencia Tributaria autonómica o estatal; si es penal, en conocimiento de la Fiscalía", ha manifestado.
En el caso de un informe de actuación de la intervención, la viceconsejera debe actuar "si hace referencia a un ente de la Consejería" y si no lo es, "cuando haya indicios de responsabilidad contable". Además, ha señalado que si la intervención hubiera detectado fraude o menoscabo de fondos "estaría en el informe".
García, que despachaba habitualmente con Martínez Aguayo, ha señalado que "si hubiese habido irregularidades o ilegalidades" en la actuación de IFA/IDEA respecto a las ayudas investigadas "se lo hubiera comunicado".
"INADECUADO NO ES ILEGAL"
Con respecto al informe adicional de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, conocido en 2005, sobre el ejercicio de 2003 y en el que se señalaba que se estaban concediendo ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", ha señalado que Martínez Aguayo "no tenía competencias para actuar".
"Inadecuado no es igual a ilegal, ni siquiera a irregular", ha matizado. A preguntas del abogado del PP-A, ha aclarado que un incumplimiento en el campo de la auditoría significa "vulnerar" una norma, orden o principio, pero "no algo ilegal en el ámbito penal, sino irregularidad desde el punto de vista administrativo".
Para el testigo el desfase en las cuentas de IFA/IDEA por el mayor compromiso de concesión de ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo "no es un indicio de menoscabo de fondos, sino todas las consejerías de este país estarían imputadas por ello". Con las incidencias recogidas en el informe adicional, "se pone de manifiesto que no existe riesgo de menoscabo y de haberse elevado al Tribunal de Cuentas no tendría recorrido. No se cumplen los elementos para un informe de actuación".
DEBATE "INSALVABLE" DE LA POSIBILIDAD DE DOBLE FISCALIZACIÓN
El abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha preguntado al testigo sobre el debate "insalvable" que se ha generado durante la fase testifical entre si debió existir una doble fiscalización previa, esto es, el control previo de la resolución de concesión de la ayuda dada por la Dirección General de Trabajo más el control el de las transferencias de financiación, que sí se hizo.
"Sería temerario pronunciarme sin tener acceso a los expedientes", ha afirmado García, si bien ha asegurado que "las subvenciones deben ser fiscalizadas con carácter previo". En este punto, ha manifestado que los expedientes de gastos deben ser facilitados por la Dirección General de Trabajo a la intervención, recordando que ésta en algunos informes venía "reclamando" los expedientes para su fiscalización al indicar que las ayudas no se estaban fiscalizando.
Ha expresado que, sin conocer los expedientes, no ve objeción a que las transferencias se destinen al pago de las ayudas y que las subvenciones debieron ser fiscalizadas previamente. "La única finalidad de las transferencias era pagar las ayudas en virtud del convenio marco", ha insistido.
En este sentido, ha mantenido que "todo acto generalizador de obligación para la Hacienda Pública tiene que ser fiscalizado", aclarando después que el acto que generaba esa obligación era la resolución de concesión de la ayuda. Pero, "si no hay expediente de gasto no puede fiscalizarse".
A preguntas del tribunal, el testigo ha señalado que, de la documentación conjunta que acompaña a la Ley de Presupuestos y a la que tienen acceso los parlamentarios, "se desprende que la finalidad del 31L era la concesión de ayudas y que la Dirección General de Trabajo las concedía e IFA/IDEA pagaba".
"¿PUEDO MARCHARME?"
Antes del turno de Adolfo García, han declarado Luis García Garrido, exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno andaluz, entre otros cargos, y José María Oliver, secretario general técnico de la Consejería de Presidencia entre los años 1990 y 2014 y posteriormente, hasta 2012, viceconsejero de Igualdad y Bienestar Social, ambos propuestos por la defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías.
Han coincidido en señalar que la comisión de viceconsejeros, conocida como consejillos, no se debatían las modificaciones presupuestarias que se elevaban al Consejo de Gobierno. Por su parte, García Garrido, que desde 1990 hasta 2008 fue viceconsejero en distintos ramos, ha indicado que en los consejillos no hubo debate sobre las ayudas sociolaborales investigadas ni se expuso el convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA.
Al finalizar su declaración, García Garrido ha preguntado al tribunal "si podía marcharse", en clara alusión al malentendido que este martes dio lugar a que un testigo se fuera antes de concluir su declaración, lo que ha motivado las risas de los presentes en la sesión.
Ya en la sesión de tarde han declarado Juan Carlos Martínez, quien fuera jefe de gabinete entre 2004 y 2007 del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, y Dolores Sánchez, secretaria del jefe de gabinete de Vallejo entre 2004 y 2009, quienes han apuntado que los informes de la intervención no llegaban directamente al titular de la Consejería. Para cerrar la sesión de tarde de este miércoles, el presidente de la Sala ha deseado "feliz verano y que descansen" a todas las partes. El juicio se retomará el 4 de septiembre.
