SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
Luis Sobrino, quien fuera director de Recursos Humanos de Primayor, que anteriormente adquirió la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ha admitido este jueves que se incluyó en un expediente de regulación de empleo (ERE) pero siguió trabajando en la empresa.
Así lo ha manifestado durante su declaración como investigado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en la pieza separada que investigas las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta para los distintos ERE tramitados en Hamsa y Primayor.
Sobrino, según han señalado a Europa Press fuentes del caso, ha declarado que en las negociaciones para el ERE de Primayor participaron tanto el sindicalista y 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y el abogado Carlos Leal, administrador único de Estudios Jurídicos Villasís, quienes también estaban citados este jueves como investigados, aunque Lanzas no ha comparecido.
Además, ha indicado que, por orden del ex consejero delegado de Hijos de Andrés Molina y ex gobernardor civil de Cádiz, César Braña --ya fallecido--, envió al abogado Carlos Leal el listado de trabajadores con la antigüedad en la empresa y la edad prevista para incluirlos en un ERE.
Igualmente, Sobrino ha declarado en el año 2005 tuvo lugar una reunión en Sevilla en la que participaron el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, la empresa Primayor y el comité de empresa, donde el ex alto cargo de Empleo dijo que se iba a hacer un ERE financiado por la Junta y en la citada reunión se llegó a firmar un protocolo recogiendo dicho compromiso.
Para la jornada de este jueves la juez instructora había citado además a Lanzas, Leal y Sobrino al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien se encuentra excluido de esta pieza, y a Guerrero, quien se ha acogido a su derecho a no declarar.
Leal ha declarado que intervino en la tramitación del ERE de Hamsa, donde el Ministerio de Empleo se comprometió a pagar las ayudas para la mayoría de las prejubilaciones, salvo para cinco trabajadores, que fueron asumidas por la Junta de Andalucía y fueron las que supusieron que la Intervención General de Administración autonómica presentara reparos en la concesión de estas subvenciones. En este sentido, Leal ha añadido que intervino para que la Consejería de Empleo asumiera estos compromisos.
Años más tarde, medió, según ha declarado Leal, para que los trabajadores de Primayor recibieran las ayudas estatales de reposición de desempleo, que regula la Orden Ministerial de 1995, y que supone una ayuda para una vez finalizado el desempleo. Estas ayudas, según ha precisado, las pagó el Ministerio.
Leal ha asegurado que cobró sus trabajos a través de la Asociación de Trabajadores afectados por los expedientes de regulación de Empleo, "no de la Junta", asociación que recibía subvenciones públicas.
La juez instructora también ha tomado declaración a varios prejubilados en los ERE de Hamsa y Primayor. Éstos han indicado que Lanzas llevaba todas las negociaciones de los ERE, algo que han confirmado otros comparecientes este jueves, así como que los sindicatos y un abogado de Sevilla, al que no recordaban, "les obligaron a meter el dinero que les correspondía del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en una cuenta de la mediadora Vitalia o del sindicato para poder cobrar las pólizas de prejubilación tramitadas por la misma mediadora".
