GRANADA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de 14 extrabajadores de las Minas de Alquife (Granada) ha presentado ante el juzgado que instruye el caso de los ERE, cuya titular es la magistrada Mercedes Alaya, una denuncia por las subvenciones públicas concedidas a las instalaciones, cerradas desde 1996, contra 39 personas, entre las que se encuentran cinco exconsejeros de la Junta de Andalucía.
Concretamente la querella, consultada por Europa Press, se dirige contra Francisco Vallejo, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Martín Soler y Antonio Ávila; y también contra el actual titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Antonio Sánchez Maldonado, a los que los exmineros atribuyen delitos de estafa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos.
Entre los denunciados, también figuran el expresidente de la Diputación de Granada Antonio India, directivos de las empresas Minas del Marquesado S.L.L. y Minas de Alquife Holding, representantes de UGT y CCOO, los responsables de la Compañía Andaluza de Minas, inspectores de Trabajo, un juez de lo Social de Granada y otros cargos de la Administración Autonómica.
Estos extrabajadores de la Mina de Alquife denuncian que la Junta de Andalucía ha inyectado dinero público a las empresas Minas del Marquesado y Minas de Alquife Holding pese a que desde su constitución "hasta nuestros días" no han desarrollado ninguna de las actividades por las que se justificaba su creación, "y no han contribuido al desarrollo de la comarca, como han venido anunciando desde hace tiempo a través de diferentes plataformas y medios de comunicación".
La denuncia tiene su origen en el proceso de liquidación y adjudicación de los bienes de todo tipo de la extinta Compañía Andaluza de Minas, quebrada en 1996, y de la que se creó la Compañía Limitada Laboral Minas del Marquesado, donde las participaciones sociales de todos los que la constituyen son de carácter laboral, y para la que estos mineros firmaron un contrato de Cesión de Derechos de Créditos de los que pudieran ser beneficiarios.
"Nos obligaron a ceder derechos irrenunciables a cambio de entrar en un proceso de prejubilaciones, acordado sin cobertura legal de ningún tipo y que, como supimos después", según los denunciantes, "se estructuraba en el marco de ayudas de la Junta de Andalucía a empresas en crisis, con ERE previos y a punto de cerrar".
Pero, en Minas del Marquesado "nunca ha habido ningún ERE porque legalmente se supone que, aún hoy día, todos los mineros estamos trabajando", indican. Éstos aseguran que se les dijo que esas ayudas de la Junta de Andalucía estaban pensadas para trabajadores de la Compañía Andaluza de Minas, que sin embargo ya había cerrado, "y además, sin ningún ERE, y los trabajadores que se acogieron a estas prejubilaciones ya no pertenecían laboralmente a esa sociedad".
Según señalan, en marzo de 2011 se constituyó la sociedad mercantil Minas de Alquife Holding, con domicilio social en Maastricht, heredera de Minas del Marquesado S.L.L, según asegura Francisco Soler, letrado de los mineros querellantes.
La Junta de Andalucía siguió "inyectando dinero público" al holding, según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de diciembre de 2012 y en el Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, aunque los exmineros se preguntan "por el destino de ese dinero", y por ese motivo, expone el abogado Soler, "se ha presentado esta querella criminal por delito de estafa, societario, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación, tanto contra la Junta de Andalucía, como las dos sociedades que han gestionado hasta ahora las Minas de Alquife".
Los mineros también denuncian las "falsas promesas" que tanto desde Minas del Marquesado S.L.L. como Minas de Alquife Holding se les ha hecho a los trabajadores y vecinos de la comarca.
Además, según afirman, la zona de las Minas del Marquesado, junto con el poblado minero, declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) han sufrido graves deterioros provocados por el abandono y el uso indebido de esos enclaves.
"Rodajes ilegales de películas, robos frecuentes de cualquier estructura que sea susceptible de venta o negocio, e incluso prácticas de tiro y maniobras militares por parte de la Legión, son algunos de los actos que están contribuyendo al deterioro de la zona, y a la sumisión de la comarca en una economía deprimida", han indicado.
