SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola Ana Mercedes López, experta en Derecho Internacional Privado y de la Unión Europea, ha publicado recientemente un trabajo en el que propone una reforma en el arbitraje europeo que no suponga un riesgo de reducción de inversiones en el sector de las energías renovables.
La introducción por parte de la UE de nuevos mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado ha provocado "una situación que puede alejarse del objetivo de ser un líder mundial en la lucha contra el cambio climático", según se informa desde la Universidad Loyola en una nota.
El estudio surge a raíz de una serie de antecedentes relacionados con que algunos países de la Unión Europea realizaron reformas en el sector de las energías renovables y establecido recortes en las ayudas para ello.
Dicha situación ha generado que las grandes inversiones en este ámbito se hayan visto afectadas por dichas normativas y hayan tenido que recurrir a tribunales para obtener indemnizaciones por la falta de viabilidad económica que ha producido, según explican desde la institución académica.
Para ello, tradicionalmente, el procedimiento que se ha utilizado para dar confianza a los inversores ha sido el arbitraje, un procedimiento regulado por la UE para que el inversor extranjero disponga de un mecanismo adecuado y neutral para resolver conflictos con el Estado receptor de la inversión.
El artículo titulado 'The Sun Behind the Clouds? Enforcement of Renewable Energy Awards in the EU', publicado en la revista 'Transnational Environmental Law', propone una reforma en el arbitraje de inversiones que proteja las que tengan que ver con energías limpias, por la especial protección que necesitan y por la necesidad de soporte estatal que requieren.
"Las inversiones en renovables sufren más los cambios normativos y necesitan un mecanismo adecuado de resolución de controversias. Es necesario tener un mecanismo alternativo de consenso internacional. Sin este, es posible que se invierta en sectores energéticos mucho menos arriesgados, pero también menos limpios", apunta la profesora Ana Mercedes López.
El modelo de arbitraje que se ha seguido hasta el momento ha sido el mismo que en el procedimiento del arbitraje comercial, y, al ser éste un procedimiento privado, se ha cuestionado su legitimidad en ciertas ocasiones.
Según indica la investigadora Ana Mercedes López, "las controversias que se han generado cuando se trata de un inversor y un Estado están relacionadas con que nadie vela por los intereses generales en este caso, o bien que el miedo a tener que indemnizar a los inversores, hace que los estados se piensen más el modificar la legislación. Es lo que se ha llamado 'enfriamiento normativo' o 'regulatory chill', cuestión que se ha dado en algunos países a la hora de establecer medidas antitabaco por ejemplo".
A raíz del reciente fracasado acuerdo de comercio entre la UE y Estados Unidos, y debido a varias presiones relacionadas con la gestión de conflictos, se estableció un nuevo mecanismo de resolución de controversias, el Tribunal Permanente de Inversiones, del que no son partidarios algunos grandes socios comerciales de la UE, Estados Unidos o Japón. Esta y otras situaciones "han contribuido en cierta falta de credibilidad en los mecanismos de arbitraje de la UE".
Para la lucha contra el cambio climático, y la reducción de emisiones de CO2, "es necesaria la investigación y las inversiones, sobre todo en fuentes de energía limpias", según apuntan desde la Universidad Loyola, desde donde inciden en que "una correcta gestión y protección de las inversiones facilita el camino hacia la consecución del 0% de emisiones en 2050 y así llegar al objetivo de que la Unión Europea sea líder mundial en la lucha contra el cambio climático".
