GRANADA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía informará hoy de sus conclusiones definitivas sobre la supuesta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), que se enjuicia desde el pasado 20 de abril en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada y que sienta en el banquillo de los acusados a un total de once imputados, entre ellos el ex alcalde de la localidad, el socialista José Antonio Morales Cara, al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, y el promotor de la construcción, Tomás Olivo, informaron a Europa Press fuentes del caso.
El fiscal encargado del caso desvelará si mantiene su petición de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros para los dos responsables políticos, a los que ve presuntos autores de dos delitos contra la ordenación del territorio y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, y si modifica o no su solicitud inicial de dos años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial para el promotor, también imputado en el caso 'Malaya'.
Asimismo, también tendrá que concretar si ha decidido cambiar su posición acerca de la demolición "completa, íntegra y total" del Nevada, que ve necesaria para reponer "el terreno edificado o construido en todo su perímetro a su realidad física primigenia". No obstante, deja en su escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, una puerta abierta a la demolición parcial, señalando que ésta cabría "si la opción se orientara a la creación de un verdadero anillo verde entre el Centro Comercial y las viviendas colindantes".
De hecho, los peritos ya avalaron este último extremo durante el desarrollo de la vista oral, el pasado 5 de mayo, fecha en la que abogaron por un derribo parcial para restablecer la legalidad urbanística en el municipio de Armilla, que conllevaría además la creación de un "cinturón verde" que dejara "respirar" la zona.
Así, apuntaron que, aunque el edificio incurre en multitud de irregularidades, en cuanto a la evacuación de aguas, ocupación y ausencia de zonas verdes, invasión de viales y de la servidumbre de la autovía, fijación de la cota de rasante o el cómputo de la edificabilidad, la demolición de parte del mismo y no de su totalidad sería lo "más razonable", atendiendo a su interés social, económico y de generación de puestos de trabajo.
Una demolición total costaría aproximadamente unos 30 millones de euros, incidió, y además las condiciones naturales del terreno serían "difíciles" de restituir al estar ocupadas por "planchas de hormigón", por lo que debe prevalecer "un cierto sentido práctico" ante las "expectativas sociales" generadas.
La Fiscalía deberá determinar además si mantiene su petición para el resto de los imputados, concretamente para cuatro concejales de la corporación armillera, un abogado, una letrada de Diputación y dos arquitectos más. Para los cuatro ediles que formaron parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de licencia de obra se enfrentan inicialmente a ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados, y para los restantes acusados, el fiscal pide ocho años de inhabilitación por el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación.
Será al final de la sesión de hoy cuando el fiscal informe sobre sus conclusiones, después de la práctica de dos pruebas periciales informáticas propuestas por las defensas de los acusados. El día 26 se destinará a la lectura de informes de las acusaciones y el día 27 para las defensas, con lo que el juicio quedará visto para sentencia.
