La Fiscalía Anticorrupción, en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha mantenido su acusación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de prevaricación y malversación y para el que pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación; y para el también expresidente Manuel Chaves, para quien solicita diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Por su parte, ha excluido al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, al que acusaba por un presunto delito de prevaricación y se enfrentaba a una petición de condena de diez años de inhabilitación. Igualmente, los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández han modificado su petición de condena para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina de ocho a seis años de prisión y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de un delito de malversación y prevaricación. Tras casi dos horas y media de lectura del escrito de conclusiones, la Fiscalía ha mantenido sus acusaciones y sus peticiones de condena para el resto de los ex altos cargos acusados por el procedimiento específico de concesión y pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores y de ayudas a empresa en crisis entre los años 2001 y 2010 con cargo al programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo y cuya materialización del pago realizaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior IDEA. En concreto, solicita una pena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, además de para Chaves, para el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río. Pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación, como en el caso de Griñán, Lourdes Medina y Jacinto Cañete, para la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por delitos continuados de prevaricación y otro de malversación. La Fiscalía acusa de presuntos delitos continuado de malversación y prevaricación, pidiendo para ellos ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación, a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, y el también ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. La sesión de este lunes, que ha comenzado con algo de retraso al verse envuelto uno de los acusados, en concreto el ex secretario general de Trabajo Juan Márquez, en un atasco de tráfico, ha dado inicio a la fase final del juicio, en la que las partes dan lectura de sus conclusiones e informes finales, lo que supone también que los acusados hayan vuelto a la Audiencia para estar presentes hasta el final de juicio. La Fiscalía, en la lectura de sus conclusiones definitivas, ha señalado, entre otras cuestiones, que todos los acusados --excluyendo ya a Antonio Estepa-- "no sólo no hicieron nada para iniciar expedientes oportunos que permitiesen reintegrar a las arcas públicas de la Junta los fondos que salieron, sino que posibilitaron que año a año se siguiera reproduciendo el mecanismo" de concesión y pago de las subvenciones. Tras desglosar la participación de cada uno de los acusados en la elaboración y aprobación de los anteproyectos de presupuestos de la Junta, así como de las modificaciones presupuestarias del programa 31L, la Fiscalía ha enumerado los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA elaborados por la Intervención General de la Junta en el periodo investigado y que cuyos destinatarios son "el director de IFA/IDEA, el titular de la Consejería de adscripción y el titular de Hacienda "previo traslado a la titular de la Viceconsejería de Hacienda". En todos estos informes ya se recogía el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para el pago de las subvenciones; la concesión de las mismas "prescindiendo de forma absoluta del procedimiento legalmente establecido por la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía; o que IFA/IDEA "actuaba de manera improcedente como entidad colaboradora de Empleo". Sobre el informe adicional de IFA/IDEA del ejercicio 2003, en el que se recoge una serie de deficiencias detectadas por la Intervención General de la Junta tras analizar una veintena de expedientes de concesión de ayudas sociolaboales, la Fiscalía ha indicado que "con conocimiento de estas deficiencias", los acusados "Manuel Gómez, José Antonio Griñán --como consejero--, Martínez Aguayo y Vallejo "no hicieron actuación alguna en el ejercicio de sus funciones y competencias". El Ministerio Público señala que fue remitido a "Serrano Aguilar, Vallejo, Griñán, a través de su viceconsejera Martínez Aguayo, y a la Consejería de Empleo, cuyo titular era Antonio Fernández". Igualmente, apunta que en 2007 el Consejo de Gobierno aprobó el programa de control financiero permanente a realizar en ese ejercicio sobre algunas empresas públicas, entre ellas IDEA, constando entonces la memoria de la Intervención General de la Junta sobre el ejercicio 2006, en la que se recogen "irregularidades" en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para enviar fondos a estas empresas para financiar operaciones como subvenciones excepcionales. "NO PUSIERON FRENO" AL USO DE LAS TRANSFERENCIAS "Chaves, Zarrías, Griñán, Vallejo y Fernández como integrantes del Consejo de Gobierno no tomaron decisión alguna, a la vista del contenido de dicha memoria, que pusieran freno al procedimiento seguido por Empleo para la gestión presupuestaria" de las ayudas de los ERE mediante la utilización de las transferencias de financiación. "La gravedad de la situación creada como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31L mediante la utilización de las transferencias de financiación al IFA-IDEA y las actuaciones que se llevaron a cabo por los encausados de la Consejería de Empleo necesariamente debieron ser conocidas por los Griñán, Martínez Aguayo y Vallejo, entre otros, los cuales tenían conocimiento, participaron y consintieron en la gestión presupuestaria" de los créditos. El montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L que se dispuso desde los ejercicios presupuestarios del año 2000 hasta el 2009 para atender los compromisos asumidos frente a terceros por ayudas sociolaborales, ayudas a empresas y otros conceptos mediante el mecanismo de las transferencias de financiación a IFA/IDEA, según la Fiscalía, fue de 649,4 millones. "Fueron utilizados otros créditos presupuestarios, incluso ajenos a la Consejería de Empleo, que no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa", precisa la Fiscalía, que añade que este caudal de fondos públicos era el que "permitió nutrir a la Dirección General de Trabajo de las cantidades, como ya se ha expuesto no suficientes, necesarias para atender los compromisos asumidos frente a terceros y sin las cuales no se podrían haber satisfechos".
